* #NosotrasTenemosOtrosDatos rechazan el ataque a Patricia Olamendi que han emprendido en medios al servicio de la 4T.
/Redacción/
México, 25 febrero 2021.- La colectica “Nosotras tenemos otros Datos” externó su apoyo a la Abogada Patricia Olamendi y su representada, una de las victimas del Senador con licencia Félix Salgado Macedonio acusado por varias mujeres de acoso, abuso y violación sexual, y rechazó la estrategia mediática de descalificación que han emprendido desde la cúpula de la 4t, en el caso que defiende el jefe del ejecutivo.
Ante la campaña de desprestigio orquestada por @GobiernoMX contra las defensoras de ddhh y las víctimas por el caso @FelixSalMac #NosotrasTenemosOtrosDatos nos pronunciamos por la defensa de DDHH, contra la violencia sexual y en respaldo a @PatyOlamendi”, dieron a conocer en sus redes sociales.
‼️Ante la campaña de desprestigio orquestada por @GobiernoMX contra las defensoras de ddhh y las víctimas por el caso @FelixSalMac #NosotrasTenemosOtrosDatos nos pronunciamos por la defensa de DDHH, contra la violencia sexual y en respaldo a @PatyOlamendi https://t.co/AuJQURlOzr
— Nosotras Tenemos Otros Datos (@TenemosDatos) February 21, 2021
“Los señalamientos hechos, contra la Dra. Patricia Olamendi son una forma de distraer la atención del verdadero problema: la situación de las víctimas en México es un tema no resuelto; el clima de violencia feminicida e impunidad”, refirieron en una carta con su posicionamiento público.
La agrupación detalla los delitos sexuales cometidos en los dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con 33,873 delitos de violación, 350 de los cuales tuvieron lugar en el estado de Guerrero; 10,350 llamadas recibidas por los servicios de emergencia, relacionadas con abuso sexual durante 2019 y 2020, 15,846 llamadas relacionadas con incidentes de acoso u hostigamiento sexual, 180 correspondientes a Guerrero durante el mismo periodo.
Añaden que entre las cifras que arroja la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018, coordinada por el INEGI, se estima que la cifra negra con relación a los delitos sexuales es de 98.3%. Sin dejar de mencionar que el Estado de Guerrero se encuentra bajo el emplazamiento de dos Alertas de Violencia de Género de 2017 por delitos de feminicidio y a partir de 2019 por el delito de violencia sexual.
#NosotrasTenemosOtrosDatos explica que la táctica gubernamental que el pretende desprestigiar a una respetada defensora de los derechos humanos por su legítima labor de acompañamiento a la víctima, “es un acto de acoso e intimidación reprobable, que no puede ser tolerado, provenga de donde provenga”.
“Recordemos que Estado mexicano ha adquirido ante la comunidad internacional, el compromiso de proteger y reconocer a quienes, individual o colectivamente, emprenden acciones para salvaguardar nuestros derechos humanos, su obligación es garantizar un ambiente seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos y redoblar esfuerzos para la protección efectiva de las defensoras, proteger los derechos humanos de las mujeres y no criminalizar a quienes hablan públicamente en su defensa”.
En el caso Guerrero refieren su comunicado que hay mujeres que presentaron su denuncia ante diferentes instancias y no han obtenido justicia. Las instituciones encargadas de administrar y procurar justicia les han negado su derecho a una investigación pronta y eficaz, a la atención, a ser efectivamente escuchadas por la autoridad, a la asistencia, a la protección, a la debida diligencia, a la reparación del daño y hoy irresponsablemente pretenden obstaculizar su derecho a recibir asesoría para la defensa de sus derechos, todo lo cual constituye violaciones de sus derechos humanos.
“Es lamentable que ante las denuncias presentadas, tanto el titular del Gobierno Federal, la Secretaria de Gobernación, como los dirigentes partidarios hayan hecho llamados a que se garantice la presunción de inocencia del señalado como responsable, sin reparar en el derecho de las víctimas. Estamos claras que todo presunto responsable de violación merece un debido proceso. Lo que no merece es inmunidad, lo que no merece es que se le otorgue una candidatura para ser gobernador como salvoconducto”.
POSICIONAMIENTO DE LA RED NOSOTRAS TENEMOS OTROS DATOS
POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONTRA LA
VIOLENCIA SEXUAL
A quienes integramos la Red Nosotras Tenemos Otros Datos, nos une la
convicción de que la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres es una
condición fundamental de la democracia, estamos comprometidas con el ejercicio
de nuestra ciudadanía, nos mueve el derecho a estar informadas, a participar y a
exigir que nuestros representantes y gobernantes nos rindan cuentas; emitimos
nuestra opinión sobre asuntos que consideramos son de interés público.
Es en ese sentido, que al igual que muchas otras mujeres y organizaciones hemos
expresado nuestro apoyo y credibilidad a las víctimas y el rechazo a que el
senador con licencia Salgado Macedonio sea postulado como candidato a la
gubernatura del estado de Guerrero, toda vez que existen varias denuncias de
violencia sexual en su contra que no han sido debidamente investigadas,
consignadas y resueltas. Una candidatura bajo la sombra de tan graves
acusaciones, nos interpela a todos y todas, no pueden pedirnos y mucho menos
forzarnos a permanecer impasibles frente hechos inaceptables e innegables que
suceden. La violencia contra las mujeres es una emergencia nacional y eliminar la
violencia contra las mujeres es una responsabilidad social.
En días pasados los medios de comunicación dieron cuenta de que la Dra. Patricia
Olamendi y un grupo de abogadas, habían asumido la defensa legal de una de las
víctimas de violencia sexual, que presentó su denuncia ante la Comisión de
Honor y Justica de Morena, en contra del C. Salgado Macedonio, decisión que
acompañamos y respaldamos, porque consideramos que toda agresión sexual
debe ser denunciada y ponerse en manos de quienes tienen la responsabilidad de
procurar e impartir justicia.
Hace unos días se fueron publicadas una serie de notas, en diferentes medios
periodísticos que replican el mismo contenido, en las que se hace referencia a la
Dra. Patricia Olamendi, a sus lazos filiales, citando datos erróneos sobre cargos
que ha ocupado en su larga trayectoria, haciendo falsas y maliciosas conjeturas
con la intención de desprestigiar su participación como representante legal de una
de las mujeres que denuncian ser víctimas de violación por parte del C. Salgado
Macedonio.
Nuestro posicionamiento al respecto es muy claro: Patricia Olamendi y todas las
abogadas acreditadas, en el ejercicio de su profesión, como defensa de la C.
Basilia “N”, tienen una larga trayectoria como defensoras de los derechos
humanos de las mujeres, ya sea a título individual o a través de diversas
instituciones oficiales y organizaciones de la sociedad civil, nacionales e
internacionales, en forma remunerada o voluntaria, han trabajado durante muchos
años para promover, proteger y hacer que se respeten los derechos humanos de
las mujeres y las niñas, denunciando una y otra vez su incumplimiento en la
práctica, así como situaciones de injusticia y combatiendo la impunidad en nuestro
país.
La Dra. Olamendi es una reconocida experta en temas de prevención, atención y
erradicación de la violencia hacia las mujeres y de feminicidios, ha contribuido en
la elaboración de varios procedimientos y protocolos que hoy contamos en nuestro
país, congruente siempre de su actuar frente a las víctimas, por lo que
rechazamos rotundamente cualquier acción en su contra.
Tratar de desprestigiar a una respetada defensora de los derechos humanos por
su legítima labor de acompañamiento a la víctima, es un acto de acoso e
intimidación reprobable, que no puede ser tolerado, provenga de donde provenga.
Recordemos que Estado mexicano ha adquirido ante la comunidad internacional,
el compromiso de proteger y reconocer a quienes, individual o colectivamente,
emprenden acciones para salvaguardar nuestros derechos humanos, su
obligación es garantizar un ambiente seguro y propicio para la defensa de los
derechos humanos y redoblar esfuerzos para la protección efectiva de las
defensoras, proteger los derechos humanos de las mujeres y no criminalizar a
quienes hablan públicamente en su defensa. Y en materia de justiciabilidad, el
Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer,
en su Recomendación General sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia, pide a
los Estados Partes garantizar que las mujeres defensoras de los derechos
humanos puedan acceder a la justicia, y recibir protección contra el acoso,
amenaza, represalia y violencia.
Por su parte, Hina Jilani, la primera Representante Especial del Secretario General
de las Naciones Unidas para las personas defensoras de los Derechos Humanos,
en su informe E/CN.4/2002/106 / presentado a la Comisión de Derechos humanos, en
su 58 periodo de sesiones enfatizó:
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83. (…) es importante subrayar el hecho de que en todo el mundo las defensoras de
los derechos humanos están pagando muy cara su labor de protección y promoción de
los derechos humanos de los demás. Desgraciadamente, también se podría establecer
una lista imposiblemente larga de los abusos a que tienen que hacer frente las
defensoras de los derechos humanos o que tiene que soportar efectivamente por el
mero hecho de defender los derechos humanos. Para las defensoras de los derechos
humanos, la defensa de esos derechos y de las víctimas de violaciones de los
derechos humanos (…) puede traducirse en intimidación, hostigamiento, despido
injusto, (…).
87. En ocasiones las autoridades han recurrido a procedimientos insidiosos para
obligar a las defensoras de los derechos humanos a renunciar a su labor de defensa
de los derechos humanos. Se han formulado contra ellas acusaciones de
irregularidades financieras o incluso de fraude, o bien la policía las ha mantenido bajo
vigilancia constante en un intento de intimidarlas.
90. Las defensoras de los derechos humanos figuran, al igual que sus colegas
masculinos, en la vanguardia de la promoción y protección de los derechos humanos.
Sin embargo, en cuanto mujeres, corren los riesgos propios de su género, amén de los
riesgos a los que se enfrentan los hombres.
91. En primer lugar, en cuanto mujeres, su presencia es más perceptible. Es decir, las
defensoras de los derechos humanos pueden suscitar mayor hostilidad que sus
colegas masculinos porque, en cuanto defensoras de los derechos humanos,
pueden desafiar las normas culturales, religiosas o sociales acerca de la
feminidad y el papel que desempeña la mujer en un determinado país o una
determinada sociedad. A este respecto, no sólo están expuestas a violaciones de los
derechos humanos por la labor que realizan como defensoras de tales derechos sino
que lo están en mayor medida debido a su género y al hecho de que su labor
puede hacer tambalear a los estereotipos sociales de la sumisión de la mujer o
cuestionar las ideas que la sociedad tiene sobre la condición de la mujer. (…).
92. A este respecto, la integridad profesional y la posición de la mujer en la
sociedad pueden verse amenazadas y desacreditadas de maneras muy
particulares como el trillado cuestionamiento pretextual de su probidad cuando, por
ejemplo, las mujeres reivindican su derecho a la salud sexual y reproductiva, o a la
igualdad con el hombre, incluido el derecho a una vida libre de discriminación y
violencia. En este contexto, por ejemplo, se ha juzgado a defensoras de los derechos
humanos usando leyes por las que se penalizan conductas que corresponden al goce
y ejercicio legítimos de derechos amparados por el derecho internacional mediante
acusaciones infundadas debido sencillamente a sus opiniones y a su labor de
promoción en defensa de los derechos de la mujer.
94. Ciertos derechos propios de la mujer son casi exclusivamente promovidos y
protegidos por defensoras de los derechos humanos. La promoción y defensa de los
derechos de la mujer puede ser un factor de riesgo adicional, puesto que la
afirmación de algunos de esos derechos puede interpretarse como una amenaza
al patriarcado y una alteración de los usos y costumbres culturales, religiosos y
sociales. (…).
De acuerdo a estos señalamientos, las defensoras de los derechos humanos
resultan incómodas al poder porque son críticas e indispensables para el
desarrollo de la democracia y la vigencia del Estado de derecho. Los intentos de
amedrentarlas o estigmatizarlas políticamente, de afectar su trabajo y su
tranquilidad, resultan equivocados y vergonzosos.
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Estamos convencidas de que para que nuestra democracia funcione debemos
seguir participando, ejerciendo nuestros derechos de ciudadanía, opinando sobre
las cuestiones de interés público, como es el caso de los partidos políticos lo y sus
candidatos o propuestas, exigiendo el respeto a las leyes que nos hemos dado y
aceptamos todos y todas.
Hacemos un llamado a todas las colectivas y a las organizaciones de la sociedad
civil, a las personas defensoras, a las activistas, para que se pronuncien con
firmeza a favor del legítimo derecho de las mujeres a defender los derechos
humanos de otras mujeres, tomando en cuenta que la Asamblea General de
Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre el derecho y el deber de los
individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos
humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (Declaración
sobre los defensores de los derechos humanos).
A nuestro juicio, la serie de conjeturas filiales, políticas partidarias sobre la
trayectoria y actuación de la Dra. Patricia Olamendi, pretenden oficiosamente dar
sustento a la narrativa presidencial de que las denuncias presentadas en contra
del C. Salgado Macedonio son producto de la temporada electoral y que alguien
está atrás. Lamentamos mucho que las falsedades publicadas, puedan ser
utilizadas para cuestionar la legitimidad y la veracidad de las denuncias
presentadas.
Quisiéramos dejar bien claro que la Red nacional Nosotras tenemos otros Datos,
no forma parte de ningún movimiento político, ni perseguimos interés partidario ni
empresarial alguno, las organizaciones y quienes manera individual formamos
parte de la Red, no acostumbramos hablar a la ligera, no hacemos política
superficial, no participamos de intrigas, hemos hablado una y otra vez de frente,
damos la cara, no estamos atrás, sino al lado de las víctimas y exigimos se
garantice su derecho de acceso a la justicia.
Los señalamientos hechos, contra la Dra. Patricia Olamendi son una forma de
distraer la atención del verdadero problema: la situación de las víctimas en México
es un tema no resuelto; el clima de violencia feminicida e impunidad, 33,873
delitos de violación durante 2019 y 2020, 350 de los cuales tuvieron lugar en el
estado de Guerrero; 10,350 llamadas recibidas por los servicios de emergencia,
relacionadas con abuso sexual durante 2019 y 2020, 15,846 llamadas
relacionadas con incidentes de acoso u hostigamiento sexual, 180
correspondientes a Guerrero durante el mismo periodo y los datos que arroja la
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018,
coordinada por el INEGI, se estima que la cifra negra con relación a los delitos
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sexuales es de 98.3%. Sin dejar de mencionar que el Estado de Guerrero se
encuentra bajo el emplazamiento de dos Alertas de Violencia de Género de 2017
por delitos de feminicidio y a partir de 2019 por el delito de violencia sexual.
En el caso que nos ocupa, hay mujeres que presentaron su denuncia ante
diferentes instancias y no han obtenido justicia. Las instituciones encargadas de
administrar y procurar justicia les han negado su derecho a una investigación
pronta y eficaz, a la atención, a ser efectivamente escuchadas por la autoridad, a
la asistencia, a la protección, a la debida diligencia, a la reparación del daño y hoy
irresponsablemente pretenden obstaculizar su derecho a recibir asesoría para la
defensa de sus derechos, todo lo cual constituye violaciones de sus derechos
humanos.
Es lamentable que ante las denuncias presentadas, tanto el titular del Gobierno
Federal, la Secretaria de Gobernación, como los dirigentes partidarios hayan
hecho llamados a que se garantice la presunción de inocencia del señalado como
responsable, sin reparar en el derecho de las víctimas. Estamos claras que todo
presunto responsable de violación merece un debido proceso. Lo que no merece
es inmunidad, lo que no merece es que se le otorgue una candidatura para ser
gobernador como salvoconducto.
Durante semanas hemos escuchado a funcionarios públicos, dirigentes políticos y
representantes populares tomar partido a favor del presunto responsable. No
hemos visto ni por asomo, que prueben por un solo momento colocarse en el lugar
de las víctimas, ni que intenten comprender por lo que han pasado: el machismo,
el abuso del poder que han enfrentado y su impotencia para iniciar acciones
contra un poderoso político. No han apurado a la Fiscalía General de Guerrero
para que desempolve las denuncias presentadas y sancione a quienes han
retardado el caso. No han reparado en que el horror, el sufrimiento y el trauma de
una violación sexual no prescriben.
El derecho de acceso de las mujeres a una justicia de calidad, competente, eficaz,
independiente, imparcial y sin trabas, es esencial para la realización de todos los
derechos protegidos por todos los instrumentos internacionales en la materia y un
elemento fundamental del Estado de Derecho y de los buenos gobiernos.
Seguiremos pugnando por contar con instituciones democráticas, imparciales y
accesibles, por fortalecer el Estado de Derecho, por el reconocimiento, respeto
garantía y ejercicio pleno de los derechos humanos y las libertades fundamentales
de todas.
¡POR LA VIDA Y LA LIBERTAD DE LAS MUJERES!
