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01.10.2026.- El Gobierno de México respondió al pronunciamiento emitido por cuatro expertos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la violencia letal que enfrentan las personas buscadoras, particularmente mujeres y madres que participan en la localización de familiares desaparecidos, ante la omisión del Gobierno.
En su posicionamiento, la secretaria de Gobernación afirmó que condena cualquier acto de violencia contra integrantes de colectivos de búsqueda y sostuvo que mantiene su compromiso con las familias de personas desaparecidas y no localizadas, sin detallar como lo hace y pese a los asesinatos y desaparición de madres y padres buscadores .
Minimizo el comunicado de la ONU alegando que los expertos de los Procedimientos Especiales actúan de manera independiente y a título personal, por lo que sus pronunciamientos no representan formalmente la posición de la Organización de las Naciones Unidas.
La respuesta oficial reconoce que México mantiene problemas en materia de búsqueda, investigación, identificación humana y acceso a la justicia. Sin embargo, el Gobierno rechazó que la información disponible permita establecer la existencia de un patrón estatal o recurrente de desaparición forzada de personas buscadoras.
La postura ocurre después de que expertos de la ONU expresaran públicamente su preocupación por los riesgos que enfrentan quienes buscan a personas desaparecidas. En una comunicación relacionada con Chiapas, tres mandatos de Naciones Unidas documentaron que las personas buscadoras, especialmente mujeres, han denunciado estigmatización, vigilancia, intimidación, campañas de difamación y agresiones físicas relacionadas con su labor. De acuerdo con información de organizaciones de la sociedad civil citada por los expertos, 19 personas buscadoras habían sido asesinadas en México desde 2020 y otras 20 habían sobrevivido a intentos de asesinato.
Los expertos también señalaron que las agresiones deben analizarse dentro de la crisis de desapariciones que atraviesa el país. En una comunicación fechada el 31 de marzo de 2026, señalaron que, con base en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta el 12 de marzo de ese año había 132 mil 61 personas desaparecidas y no localizadas en México: 123 mil 46 clasificadas como desaparecidas y 9 mil 15 como no localizadas.
En el caso particular de Chiapas, el documento de los expertos registraba mil 918 personas desaparecidas o no localizadas, de las cuales mil 492 eran hombres y 426 mujeres. Entre el 1 de enero de 2019 y el 12 de marzo de 2026, 242 personas habían sido localizadas sin vida después de haber sido reportadas como desaparecidas.
El documento internacional también abordó el asesinato de Yerli Yaritza, una joven de 18 años que comenzó a buscar a su padre desaparecido, Richard Hamilton Pérez Coutiño. Los expertos señalaron que la joven fue localizada sin vida el 23 de noviembre de 2025 en su domicilio en Ocosingo, Chiapas, y que las autoridades habían confirmado que se trató de un asesinato.
Los expertos también hicieron referencia a las denuncias de integrantes de la Colectiva Madres en Resistencia de Chiapas, quienes habrían sido víctimas de amenazas de muerte y campañas de difamación. En octubre de 2025, según la información recibida por los mecanismos de la ONU, una protesta frente a la Fiscalía General del Estado de Chiapas fue dispersada violentamente y al menos una mujer buscadora resultó herida.
Frente a este contexto, el Gobierno mexicano sostuvo que cada reporte de desaparición debe ser atendido de manera individual y con la debida diligencia, además de señalar que autoridades federales han recorrido distintas entidades para reunirse con familias buscadoras y organizaciones que las acompañan.
La administración federal también defendió el marco institucional construido para atender las desapariciones y señaló que la búsqueda constituye una obligación de las instituciones públicas. Entre las medidas mencionadas se encuentra la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la obligación de iniciar una carpeta de investigación desde el primer reporte, la Base Nacional de Carpetas de Investigación y la Plataforma Única de Identidad.
El Gobierno incluyó además el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y de la Comisión Nacional de Búsqueda, mediante la incorporación de especialistas y la adquisición de equipo especializado. También señaló como parte de la estrategia la obligación de que los registros oficiales contengan información mínima para identificar a las personas desaparecidas.
Otro componente señalado por las autoridades es la coordinación entre las comisiones de búsqueda, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, así como la incorporación de las comisiones nacional y estatales de víctimas y otras instituciones al Sistema Nacional de Búsqueda.
La respuesta gubernamental también destaca la cooperación con organismos internacionales. Según el posicionamiento, México trabaja con agencias de Naciones Unidas, entre ellas la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, además de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en tareas de asistencia técnica y capacitación.
El tema de las desapariciones también había sido abordado por la presidenta Claudia Sheinbaum en septiembre, cuando señaló que el Gobierno mexicano había mantenido conversaciones con Naciones Unidas y defendió las modificaciones legales realizadas durante su administración, así como la Alerta Nacional y el incremento presupuestal destinado a la Comisión Nacional de Búsqueda. En esa ocasión sostuvo que la desaparición forzada implica la participación u orden de una autoridad estatal y afirmó que esa situación no corresponde, según el Gobierno, a lo que ocurre actualmente en México.
Los mecanismos de Naciones Unidas, por su parte, han mantenido comunicaciones con el Estado mexicano sobre desapariciones y la situación de las personas buscadoras. El registro oficial de Procedimientos Especiales muestra comunicaciones relacionadas con México durante 2026 sobre desapariciones, ejecuciones, libertad de reunión y asociación y protección de personas defensoras de derechos humanos.
En su respuesta, el Gobierno mexicano aseguró que continuará trabajando con la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales para investigar las agresiones contra personas buscadoras y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.
La administración federal también reiteró que mantendrá abiertos los canales de cooperación con los organismos internacionales de derechos humanos y que proporcionará información que permita evaluar las acciones emprendidas en materia de búsqueda, protección, investigación, identificación y acceso a la justicia.
En México se contabilizan más de 130,000 personas desaparecidas, lo que ha obligado a las familias a tomar la labor de rastreo y excavación ante la omisión institucional.
El Centro Prodh calcula que existen alrededor de 500 colectivos de familias buscadoras en la república, agrupando a miles de integrantes (en su mayoría mujeres, aunque también participan padres, hermanos e hijos.
Con corte al año 2026, la cifra acumulada de agresiones letales documentada por organizaciones civiles e internacionales indica que al menos 39 personas buscadoras han sido asesinadas y 8 permanecen desaparecidas en México desde 2010.
La violencia contra los colectivos se ha recrudecido significativamente en los últimos años. Tan solo en lo que va del año 2026, cinco mujeres buscadoras han sido asesinadas, sin reportes de las que han sobrevivido de ataques armados o de las amenazas que a diario reciben sin que se investiguen, escenario que ha provocado alertas internacionales de organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Cinco feminicidios de buscadoras en 2026:
Organizaciones como la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) registran los asesinatos este año de Rubí Patricia Gómez-Tagle (en Sinaloa), junto con Cecilia García Ramblas, Patricia Acosta Rangel, Katia Citlali Jáuregui Acosta y Patricia Negrete Tafoya (las cuatro en el estado de Guanajuato).
Impacto total por género:
Del acumulado histórico, la Iniciativa de Artículo 19 y la Fundación para la Justicia detallan que al menos 25 mujeres buscadoras (entre madres, hermanas e hijas) han sido asesinadas o desaparecidas. El resto de las víctimas mortales corresponde a padres y hombres buscadores.
El año más letal: De acuerdo con los monitoreos de agresiones, el año 2025 se consolidó como el año con más violencia extrema y letal hacia las brigadas de rastreo.
Zonas de mayor peligro:
El estado de Guanajuato se mantiene como la entidad con el mayor número de agresiones letales registradas contra familias rastreadoras (acumulando 13 casos), seguido por Sinaloa y Jalisco.