*A la fecha sólo hemos recibido pagos 24 empresas de 110 y con un monto que no llega al 40% de lo comprometido, denuncian.
Redacción
Xalapa, Ver.- La asociación Empresas SOS, integrada por proveedores a los que adeuda el gobierno de Veracruz se quejan de que complican los dictámenes positivos para evadir el pago y los “abonitos” no son parte de lo acordado.
Recuerdan que el pasado 24 de abril firmaron una Minuta de Trabajo con la Subsecretaría de Gobierno y la Sefiplan, en la que se suscribieron varios acuerdos, como la asignación de doce millones al 30 de abril y tres más al 6 de mayo, para sumar 15 millones de pesos para efectuar pagos o abonos a las empresas que tuvieran dictamen positivo.
Sin embargo reportan que solo 25 empresas han recibido “un abonito, lo que representa la cuarta parte del total del listado de Empresas SOS, pero el monto pagado no llega a los 7 millones de pesos de los 15 millones comprometidos.
“Tenemos algunos casos emblemáticos que representan la mayor vergüenza para el gobierno por no haber dado respuesta a un pago de 33 mil pesos, a pesar de que varios funcionarios han asumido su compromiso de que se pagará”.
Al respecto de la elaboración de los dictámenes denuncian que es un proceso lento y detectan un exagerado temor de los funcionarios de las Unidades Administrativas y de los Órganos Internos de Control respecto a la responsabilidad que sobre ellos recae en caso de un dictamen mal determinado.
“En nuestra opinión se está exagerando el criterio de aplicación de lo dispuesto en el Código Financiero”, afirman.
al citar el “Artículo 182.
A decir de Jesús Castañeda el criterio de “verificación de procedencia” está llevando a los Órganos Internos a realizar toda una Auditoría checando puntos, comas y acentos. Incluso verifican si el proceso de contratación se ajustó a todos los lineamientos normativos, lo que, en caso de tener alguna observación, ésta sería en contra de los servidores públicos que lo realizaron y no debiera ser causa de un dictamen negativo que perjudique todavía más a la empresa. Pero, además, la revisión no la están haciendo con carácter de prioridad, porque les representa una carga adicional a su normal carga de trabajo”.
Advierten que de seguir las cosas así, los dictámenes podrían llevarse muchos meses y las empresas ya no aguantan más.
Denuncian que la revisión es excesiva “con un argumento aparentemente legal por estar en el Código Financiero (Art. 182)” pero que en las indicaciones que dieron, tanto a las Unidades Administrativas como a los Órganos de Control Interno.
“Porque les han presionado para que realicen una auditoría total que les está obligando a juntar toda la información relativa y en caso de no tenerla, entonces no pueden dictaminar y lo más fácil es hacerlo en sentido negativo”.
En algunos casos, ante la falta de información, están realizando auditorías o contabilidad “forense” para poder concluir el dictamen, lo que les está llevando demasiado tiempo.
Acusan manoseo de sus casos originados en el gobierno de Duarte con su desorden, que pasaron al de Yunes y que posiblemente la información haya sido eliminada con toda intención, y ante ello proponen que se considere el verdadero sentido de lo establecido en el Artículo 182 del Código Financiero y Se establezcan criterios que hagan flexible el proceso de Verificación considerando la posible falta de documentos que por el desorden de la administración Duarte – Yunes pudiera obstaculizar en perjuicio de las empresas.
Además que en los casos en que no se tenga la documentación completa se permita al empresario que pueda aportarla y se emita un documento oficial con los puntos base de la verificación que dé certidumbre a los funcionarios públicos que intervengan.
Que establezca un plazo máximo para que dichos dictámenes queden entregados a la Sefiplan; Se establezca un compromiso de pago bajo calendario, con pagos totales a los montos pequeños y con pagos parciales, pero bajo calendario para los montos mayores. entre otros puntos.
