*La Presidenta dijo que habrá respuestas el lunes en la mañanera.
25.04.2026.- Ciudad de México.-El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México expresó su pesar por la muerte de cuatro personas, dos elementos estatales de Chihuahua y dos agentes estadounidenses, ocurrida el pasado 19 de abril durante un accidente aéreo en territorio chihuahuense, al tiempo que abrió un nuevo frente de crispación política y legal con el gobierno estatal encabezado por la gobernadora María Eugenia Maru Campos, al señalar que las autoridades federales no fueron notificadas sobre la participación operativa de personal extranjero en territorio nacional.
En un comunicado oficial, el Gabinete de Seguridad sostuvo que, según registros migratorios, uno de los ciudadanos estadounidenses fallecidos había ingresado a México como visitante sin autorización para realizar actividades remuneradas, mientras que el segundo contaba con pasaporte diplomático, pero ninguno poseía acreditación formal para participar en operaciones de seguridad dentro del país. Foto Redes.
El gobierno federal precisó que ni la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni la Secretaría de Seguridad, ni las instituciones integrantes del gabinete tenían conocimiento previo de que agentes extranjeros participaran físicamente en acciones operativas en Chihuahua.
La postura del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum se produce en medio de crecientes cuestionamientos hacia la administración estatal de Maru Campos, militante del Partido Acción Nacional (PAN), quien ha defendido la cooperación bilateral en materia de seguridad como parte de la estrategia contra el crimen organizado en una de las entidades más golpeadas por el narcotráfico, el tráfico de personas y el contrabando fronterizo. Chihuahua comparte más de 800 kilómetros de frontera con Estados Unidos y ha sido una región clave para operativos coordinados entre agencias de ambos países.
El comunicado federal recordó que la legislación mexicana prohíbe la participación directa de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional, limitando la cooperación internacional a intercambio de inteligencia, asistencia técnica y coordinación institucional, bajo principios de soberanía y reciprocidad.
Esta posición retoma restricciones reforzadas desde la reforma de seguridad aprobada en 2020 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que endureció controles sobre la actuación de agencias como la DEA, FBI y otras corporaciones extranjeras en México que históricamente han colaborado con México.
Por su parte, el gobierno de Chihuahua ha defendido que la colaboración con autoridades estadounidenses busca enfrentar amenazas transfronterizas comunes, aunque hasta ahora no ha aclarado públicamente bajo qué marco legal específico se desarrolló la presencia de los agentes fallecidos.
El incidente ha generado un intenso debate político entre el gobierno federal y sectores de oposición sobre soberanía, coordinación en seguridad y la relación bilateral con Washington.
Mientras continúan las investigaciones en coordinación con autoridades locales y la Embajada de Estados Unidos, el caso se perfila con un trasfondo electoral que no obstante tendrá impacto como un nuevo punto de fricción en la política de seguridad mexicana, particularmente en un contexto donde el combate al crimen organizado y la cooperación con Estados Unidos siguen siendo temas centrales para la estabilidad regional y la agenda bilateral.
