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18.05.2026 Ciudad de México.- La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó este lunes una iniciativa de reforma constitucional para aplazar la segunda elección judicial prevista originalmente para 2027 y moverla al 4 de junio de 2028, además de introducir cambios de fondo al mecanismo de selección y votación de jueces, magistrados y ministros.
La propuesta, respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca modificar diversos aspectos de la reforma judicial aprobada en 2024, tras las complicaciones operativas detectadas durante la organización del primer proceso de elección popular del Poder Judicial. ([SinEmbargo MX][1])
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que la decisión surgió a partir de un diagnóstico realizado por Alcalde desde su llegada a la Consejería Jurídica. La mandataria sostuvo que realizar la elección judicial en 2027 coincidiría con las elecciones intermedias federales y locales, lo que provocaría una “megajornada electoral” difícil de organizar. ([Eje Central][2])
“Hicimos una evaluación que le encargué a Luisa María desde que entró y ella me sugirió que era importante mover la elección al 28 dada la cantidad de puestos que se van a elegir en el 27”, señaló la presidenta. ([Municipios de Veracruz][3])
La iniciativa plantea que la elección judicial federal y local se celebre el domingo 4 de junio de 2028. Ese año se renovarán cuatro magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 463 magistraturas de circuito y alrededor de 386 juzgados de distrito. A nivel estatal, también se elegirían más de 400 magistraturas y cerca de 2 mil 800 jueces locales en 25 entidades del país. ([Serpientes y Escaleras -][4])
Uno de los principales cambios propuestos es la simplificación de las boletas electorales. El gobierno federal pretende reducir el número de candidaturas por cada Poder de la Unión para cada cargo judicial, pasando de tres aspirantes por Poder a únicamente dos, con el objetivo de hacer más sencilla la votación y evitar boletas excesivamente extensas y complejas. ([La Silla Rota][5])
“Queremos mostrar cómo estamos estableciendo en la Constitución reglas más claras respecto a la boleta”, declaró Luisa María Alcalde al presentar los ajustes planteados por el Ejecutivo. ([Municipios de Veracruz][3])
La reforma también propone crear una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Este nuevo órgano tendría la facultad de homologar criterios de selección, establecer metodologías comunes y aplicar exámenes de conocimiento a los aspirantes a cargos judiciales. ([El País][6])
Según Alcalde, la intención es evitar disparidades en los procesos de evaluación y garantizar perfiles con mayores capacidades técnicas. “Que establezca también criterios y metodologías unificadas de evaluación y selección donde se incluya examen de conocimiento”, explicó la funcionaria. ([Municipios de Veracruz][3])
El proyecto contempla además adelantar los plazos del Senado para emitir convocatorias, realizar el conteo de votos directamente en las casillas y permitir que las elecciones judiciales puedan coincidir con otros ejercicios democráticos, incluida una eventual consulta de revocación de mandato presidencial. ([Serpientes y Escaleras -][4])
La iniciativa surge también en medio de advertencias del Instituto Nacional Electoral sobre los riesgos logísticos y presupuestales de organizar simultáneamente elecciones federales, locales y judiciales en 2027. El INE alertó recientemente que el esquema original podría provocar saturación operativa, duplicación de casillas y costos superiores a los previstos. ([El País][7])
Diversos legisladores de Morena ya habían impulsado semanas atrás propuestas similares para aplazar la elección judicial y revisar los mecanismos de selección de candidatos. Entre quienes promovieron modificaciones previas destacan Alfonso Ramírez Cuéllar, Olga Sánchez Cordero y Javier Corral. ([El Financiero][8])
Aunque el gobierno federal sostiene que la reforma busca mejorar la organización del proceso y facilitar la participación ciudadana, especialistas y sectores de oposición han señalado que el aplazamiento representa un reconocimiento implícito de las dificultades técnicas y políticas que enfrenta el nuevo modelo de elección popular del Poder Judicial impulsado por la llamada Cuarta Transformación. ([El País][6])
