*El caso desata debate por el trato a exgobernador panista frente a señalamientos contra morenistas.
17.07.2026 Ciudad de México.- La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, aseguró que la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, obedece exclusivamente al avance de una investigación penal por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, y rechazó que la acción judicial responda a motivaciones políticas.
Durante un mensaje ofrecido tras la captura del exmandatario panista, Godoy explicó que la orden de aprehensión fue autorizada por un juez federal como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con una presunta red de “huachicol fiscal” que, según la Fiscalía General de la República (FGR), habría ocasionado un daño al erario superior a los cuatro mil millones de pesos.
“La Fiscalía actúa con base en investigaciones, datos de prueba y resoluciones judiciales; no actuamos por filiaciones políticas ni por presiones de ningún tipo”, sostuvo la fiscal al responder a los cuestionamientos surgidos tras la captura del primer gobernador de oposición en la historia contemporánea de México.
Godoy señaló que la investigación se deriva de operaciones presuntamente realizadas por una empresa vinculada con Ruffo Appel y forma parte de una indagatoria más amplia sobre redes dedicadas al contrabando de combustibles mediante esquemas de importación fraudulenta.
La titular de la FGR subrayó que la orden de captura fue emitida por un órgano jurisdiccional después de que el Ministerio Público presentara elementos suficientes para sustentar la probable responsabilidad del exgobernador en los delitos investigados.
“La actuación de la Fiscalía está sustentada en la ley. Todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia y será un juez quien determine su responsabilidad”, afirmó.
La explicación de Godoy ocurre en medio de un intenso debate político, debido a que Ruffo Appel es el primer exgobernador de oposición detenido por la FGR desde que Estados Unidos intensificó sus señalamientos contra diversos funcionarios y exfuncionarios mexicanos presuntamente relacionados con organizaciones criminales.
La captura contrasta con la postura que el gobierno mexicano ha mantenido frente a las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses contra varios gobernadores y exgobernadores emanados de Morena.
En los últimos meses, la administración de Claudia Sheinbaum ha sostenido que las imputaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros exfuncionarios sinaloenses carecen de pruebas suficientes para justificar acciones penales en México. La propia FGR ha insistido en que no puede actuar únicamente con base en acusaciones extranjeras sin contar con evidencia que cumpla los requisitos del sistema jurídico mexicano.
Ese contraste fue retomado de inmediato por dirigentes y legisladores del Partido Acción Nacional, quienes cuestionaron que la primera detención de alto perfil recaiga sobre una figura histórica del panismo mientras los expedientes relacionados con funcionarios vinculados a Morena permanecen en etapa de investigación.
El PAN sostuvo que la aplicación de la justicia debe ser pareja y pidió que las investigaciones abiertas contra cualquier servidor público, sin importar su militancia, avancen con el mismo rigor y celeridad.
Ruffo Appel fue detenido en Ensenada, Baja California, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en cumplimiento de una orden judicial solicitada por la FGR.
De acuerdo con la institución, el exgobernador es investigado por su presunta participación en operaciones relacionadas con el denominado “huachicol fiscal”, un esquema mediante el cual combustibles son importados mediante declaraciones falsas para evadir impuestos y controles aduaneros.
Las investigaciones federales vinculan el caso con la empresa Ingemar, en la que Ruffo reconoce haber tenido participación accionaria. La indagatoria también se relaciona con el aseguramiento récord de aproximadamente 15.5 millones de litros de combustible y decenas de autotanques realizado por autoridades federales en Coahuila durante una operación contra redes de contrabando de hidrocarburos.
El propio Ernesto Ruffo ha negado haber participado en actividades ilícitas y sostiene que su intervención en la empresa fue exclusivamente como inversionista.
La audiencia inicial permitirá conocer los datos de prueba que la Fiscalía presentará para sustentar la imputación por delincuencia organizada y contrabando, mientras la defensa tendrá oportunidad de controvertir los elementos aportados por el Ministerio Público.
Más allá del proceso penal, la captura del exgobernador ha adquirido una dimensión política por producirse en un momento de fuerte tensión entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, narcotráfico y combate al crimen organizado, así como por el debate sobre la actuación diferenciada de las autoridades mexicanas frente a investigaciones que involucran a personajes de distintas fuerzas políticas.
La FGR insiste en que el caso de Ruffo responde únicamente a una investigación sustentada en pruebas y autorizada por un juez, mientras la oposición sostiene que la institución deberá demostrar con hechos que el combate a la corrupción y a la delincuencia organizada se aplica sin distinción de colores partidistas.