Rúbrica.
Por Aurelio Contreras Moreno.
El teatro del terror en el que se ha convertido el estado de Veracruz ante la brutalidad sin control alguno con que actúan las fuerzas de seguridad, recuerda bastante la época en la que Javier Duarte y Arturo Bermúdez tenían en sus manos la responsabilidad de la seguridad pública.
Como entonces, este fin de semana se llegó nuevamente a un estado de tragedia, que en cualquier país medianamente civilizado ya le habrían costado por lo menos el cargo a los funcionarios involucrados. Pero como sabemos, en México y Veracruz lo que campea es la impunidad, que con la autoproclamada “cuarta transformación” luce con más fuerza.
El viernes 2 de julio, policías estatales y elementos de la Fuerza Civil de Veracruz irrumpieron en la comunidad de Guadalupe La Patrona, del municipio de Amatlán de los Reyes, persiguiendo -según la versión oficial- a unos sujetos armados que los habrían agredido. Lo que siempre se dice en estos casos.
Sin embargo, quienes terminaron pagando con sus vidas la incursión policiaca fueron dos menores de edad, prácticamente niños, que se encontraban lavando una camioneta para apoyar el ingreso familiar.
Los habitantes de Guadalupe La Patrona acusaron que la Fuerza Civil rompió las puertas y candados de una vivienda, irrumpió sin orden judicial y disparó contra los menores, Eduardo Jiménez de 15 años de edad y Jonathan Herrera de 13, quienes murieron al instante.
La imagen de sus cuerpos tendidos en el patio de una vivienda es sobrecogedora. La representación más cruel de lo que está sucediendo en Veracruz desde que sus autoridades decidieron optar por la violencia como manera de gobernar y que, como era inevitable, provocó ya una ejecución extrajudicial de la que, por si no bastase, pretenden evadir su responsabilidad directa.
Y es que la versión difundida inicialmente en los medios fue que los menores habían sido alcanzados por las balas de un fuego cruzado entre policías y delincuentes. Pero lo que dicen los habitantes de La Patrona es completamente diferente.
En una carta pública dirigida a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, al gobernador Cuitláhuac García, al secretario de Seguridad Pública Hugo Gutiérrez Maldonado y al presidente municipal de Amatlán Eduardo Rojas, los pobladores de la comunidad de Guadalupe La Patrona, aseguraron que los dos menores de edad fueron asesinados directamente por elementos de la Fuerza Civil de Veracruz.
Incluso, en la misiva señalan que “varios testigos afirman que no hubo tal persecución ni enfrentamiento con ningún grupo delictivo” y que “lo que constatamos fue la entrada de la Fuerza Civil a la comunidad, sin ninguna orden judicial, disparando, ocultando información y negando el reconocimiento de los cuerpos de los adolescentes a sus familiares”.
Por esa razón “también nos manifestamos ante la omisión y ausencia de todos los niveles de gobierno”, en función de lo cual al otro día de los hechos sangrientos, el sábado, cerraron la carretera federal y se desplazaron hasta la autopista Córdoba-Veracruz, solicitando la presencia de las autoridades.
La respuesta del gobierno de Cuitláhuac García fue enviar a la policía antimotines, que se dedicó a agredir automovilistas, camiones de pasaje y manifestantes “con golpes, gases lacrimógenos y disparos, tanto en la autopista como en la entrada a Amatlán de Los Reyes”, refieren en su carta los afectados. Lo cual también pudo apreciarse en varios videos que las personas agredidas por los policías subieron a las redes sociales desde el mismo sábado.
“Exigimos una respuesta seria y congruente de parte de las autoridades y principalmente justicia para Jonathan y Eduardo. No queremos más inseguridad, queremos que nos regresen la paz a nuestras comunidades y una investigación pronta y expedita”, demandaron los habitantes de Guadalupe La Patrona.
Sobre el asesinato a mansalva de los jóvenes ni el gobernador ni el secretario de Seguridad Pública han dicho una palabra, ni existe un pronunciamiento oficial del gobierno. Seguro andaban muy ocupados “celebrando” que ganaron una elección hace tres años.
Que se preocupen por lo que pasará dentro de algunos otros pocos años, cuando se les llame a cuentas por restaurar en el estado un “gorilato” sangriento.
También contra la prensa
Casi al mismo tiempo que en el centro del estado reprimían a las familias de los menores asesinados por ellos mismos, en el sur del estado los policías atacaban reporteros que cubrían otro operativo para desalojar otra protesta, ésta en la autopista Coatzacoalcos-Villahermosa.
A ver cuándo los vemos enfrentando de a de veras a la delincuencia organizada. ¿O a ésa sí la “respetan”?
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