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Uruapan, Mich., 18 de septiembre de 2026.— La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, pidió que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación por el asesinato de su esposo, Carlos Manzo Rodríguez, luego de que un juez vinculó a proceso a Alexis “N”, identificado por las autoridades como “El Brilloso”, por su probable participación en el homicidio.
Quiroz reaccionó públicamente a la resolución judicial y centró sus señalamientos en la relación que, según su versión, existía entre el detenido y la familia Manzo. La alcaldesa sostuvo que personas que anteriormente estuvieron cerca de sus hijos y recibieron apoyo de Carlos Manzo ahora aparecen señaladas dentro de la investigación por el crimen.
“Hay traiciones que no se pagan con dinero. Se pagan con sangre”, expresó Quiroz al referirse a la vinculación de Alexis “N”. La presidenta municipal agregó que, si la responsabilidad del acusado y de los demás involucrados queda acreditada judicialmente, deberán enfrentar las consecuencias previstas por la ley.
Alexis “N” fue detenido el 9 de septiembre en Zapopan, Jalisco. El Gobierno de Michoacán informó entonces que era considerado presunto líder u operador regional de un grupo delictivo con presencia en Uruapan y que estaba relacionado con las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo. Con esa captura, las autoridades estatales reportaron que sumaban 32 personas detenidas por su presunta relación con el homicidio.
Posteriormente, un juez de control determinó vincularlo a proceso por su probable participación en los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas. También le fue impuesta la prisión preventiva oficiosa mientras continúa el proceso penal.
La situación jurídica de Alexis “N” implica que un juez consideró que existen elementos suficientes para iniciar formalmente un proceso en su contra, pero no constituye una sentencia ni determina por sí misma su culpabilidad. La responsabilidad penal deberá establecerse durante las siguientes etapas del procedimiento.
El caso forma parte de una investigación que ha involucrado a decenas de personas. En noviembre de 2025, el Poder Judicial de Michoacán informó que ocho personas habían sido vinculadas a proceso por hechos relacionados con el asesinato del entonces presidente municipal de Uruapan. Entre ellas había un hombre señalado por su probable participación directa en el homicidio y siete policías municipales procesados por homicidio calificado por comisión por omisión, debido a su calidad de garantes de la seguridad del edil.
Meses después, en julio de 2026, fue detenido Ramón Ángel “N”, alias “R1”, a quien las autoridades federales y estatales identificaron como presunto autor intelectual del homicidio. El Gabinete de Seguridad informó que el detenido era señalado como líder de una célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación y que, con esa captura, sumaban 31 personas detenidas y vinculadas a proceso por hechos relacionados con la planeación, ejecución y encubrimiento del crimen.
El asesinato ocurrió el 1 de noviembre de 2025, durante una celebración pública del Día de Muertos en Uruapan. Carlos Manzo fue atacado a tiros mientras participaba en el evento y murió posteriormente. El agresor material identificado por las autoridades era un adolescente de 17 años, quien murió durante la respuesta de los elementos de seguridad. Investigaciones posteriores señalaron la posible participación de otras personas en la preparación y ejecución del ataque.
Antes de su asesinato, Manzo había construido una imagen pública asociada a sus denuncias contra la delincuencia organizada y sus exigencias de mayor seguridad para Uruapan. El municipio es uno de los principales centros de producción y comercialización de aguacate en Michoacán y enfrenta problemas relacionados con extorsión, homicidios y presencia de organizaciones criminales.
Las investigaciones oficiales también han relacionado con el expediente a personas detenidas por actividades delictivas en la región. En marzo de 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre la detención de Gerardo “N”, a quien identificó como operador regional de un grupo criminal y relacionó con una célula señalada por las autoridades como responsable del atentado contra Manzo.
En julio, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que la detención de “R1” elevaba a 31 el número de personas aseguradas por su presunta vinculación con el homicidio. Tras la captura de Alexis “N”, el gobierno estatal informó de 32 detenidos relacionados con la investigación.
En su pronunciamiento de este viernes, Grecia Quiroz también cuestionó que personas a las que Carlos Manzo había brindado apoyo terminaran, según las investigaciones, vinculadas con quienes habrían participado en su asesinato. La alcaldesa sostuvo que su esposo buscaba ofrecer oportunidades a jóvenes para alejarlos de las organizaciones criminales.
“Carlos quiso quitarle jóvenes a la delincuencia organizada; la delincuencia organizada terminó quitándonos a Carlos”, afirmó.
Quiroz reiteró además su solicitud para que la Fiscalía General de la República atraiga la carpeta de investigación. Dijo que considera necesaria la intervención de la institución federal para esclarecer completamente el homicidio y determinar la responsabilidad de cada una de las personas relacionadas con el caso.
La petición se produce mientras la investigación continúa tanto en Michoacán como a nivel federal. Hasta ahora, las autoridades han reportado detenciones y vinculaciones a proceso de personas a las que atribuyen distintos grados de participación, pero los procedimientos penales continúan abiertos y la responsabilidad individual de cada acusado deberá resolverse mediante las resoluciones correspondientes.
La alcaldesa cerró su pronunciamiento con una exigencia dirigida a las autoridades federales: “Le pido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de la manera más respetuosa, que atraigan este caso”. También afirmó que continuará solicitando justicia para Carlos Manzo y que exigirá que sean procesadas las personas cuya participación en el crimen sea acreditada ante los tribunales.