* Miles acuden a marcha de Uruapan por paz y justicia.
01.11.2026 Uruapan, Michoacán.- A un año del asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, la exigencia de justicia volvió a ocupar las calles de Uruapan por miles. Su viuda, Grecia Quiroz, encabezó este domingo la Marcha por la Justicia y la Paz, una movilización que reunió a habitantes de Michoacán y personas procedentes de otros estados, para recordar al exalcalde y reclamar que el homicidio no quede reducido a la detención de los integrantes de la estructura criminal que ejecutó el ataque, sino que se conozcan todas las responsabilidades, sin omitir los intereses politicos o económicos, detrás de su muerte.
Vestidos de blanco, con sombreros, fotografías, pancartas y mensajes de solidaridad, los participantes recorrieron las principales calles de la ciudad hasta llegar a la plaza Mártires de Uruapan. La movilización se realizó bajo un dispositivo de seguridad y tuvo como punto central el reclamo de que la violencia contra quienes ejercen cargos públicos, las desapariciones, los feminicidios y las extorsiones no se conviertan en hechos cotidianos frente a los cuales la sociedad termine por resignarse.
Al cumplirse doce meses del homicidio, Grecia Quiroz convirtió su intervención pública en un llamado directo a las autoridades federales y, particularmente, a la presidenta Claudia Sheinbaum, para que se garantice una investigación exhaustiva, independiente y transparente.
“Le pido justicia para Carlos Manzo. No una justicia a medias, no una justicia de discursos”, expresó al dirigir un mensaje a la jefa del ejecutivo federal.
La alcaldesa de Uruapan advirtió que el esclarecimiento del crimen no puede detenerse mientras existan responsabilidades por determinar y personas que todavía no hayan sido llevadas ante la justicia.
“Que se investigue a todos, absolutamente todo”, expuso al solicitar que las indagatorias se desarrollen sin restricciones hasta dar con los responsables, materiales e intelectuales.
Desde el lugar donde fue atacado su esposo, Quiroz lanzó un mensaje dirigido a quienes participaron en la decisión de asesinarlo: “A los que mandaron matar a Carlos, la justicia tarde o temprano les llegará. No tengo duda”.
Su reclamo no se limitó a las personas que dispararon aquella noche ni a quienes presuntamente facilitaron la operación. La exigencia apuntó también a que se conozca quién tomó la decisión de eliminar al entonces presidente municipal, qué intereses estuvieron involucrados y si todavía existen participantes que no han sido identificados o detenidos.
En uno de los momentos más significativos de su discurso, la alcaldesa se dirigió a la mandataria federal con una petición que buscó colocar el caso más allá de la disputa política y de las cifras presentadas por las autoridades.
“Como mujer, como madre, como ciudadana y con mucho respeto se lo pido: ¡escúchenos!”, expresó al reclamar que las víctimas de la violencia sean atendidas y que la búsqueda de justicia no dependa de la relevancia pública de la persona asesinada.
Quiroz sostuvo que la movilización no pertenece a una organización partidista ni a un proyecto de gobierno, sino a quienes han perdido familiares, buscan a personas desaparecidas o padecen las consecuencias de la delincuencia. En ese sentido, insistió en que la vida de todas las víctimas tiene el mismo valor y que el acceso a la justicia no debe establecer diferencias entre ellas.
La presidenta municipal también dedicó parte de su intervención a las madres buscadoras, quienes participaron en la marcha para visibilizar la desaparición de sus familiares. Recordó que detrás de cada expediente existen familias que llevan años esperando respuestas y mujeres que han tenido que salir a buscar por su cuenta a sus hijos.
También hizo referencia a las víctimas de feminicidio, a los comerciantes que enfrentan extorsiones, a los productores del campo y transportistas sometidos a amenazas, así como a niñas, niños y jóvenes afectados por la violencia.
“¡La justicia no debe depender de qué tan conocida sea una víctima!”, fue uno de los planteamientos centrales de su mensaje.
La alcaldesa afirmó que México no puede acostumbrarse a contabilizar homicidios ni aceptar que los asesinatos de autoridades municipales formen parte de la normalidad política y social del país. En particular, cuestionó que un funcionario que había denunciado la presencia de grupos criminales y enfrentado públicamente la inseguridad terminara asesinado en un espacio público, durante una celebración familiar y comunitaria.
Un año sin Carlos Manzo: el recuerdo de su familia y de Uruapan
La jornada tuvo también una dimensión personal para Grecia Quiroz y sus hijos. A doce meses de la muerte del exalcalde, la presidenta municipal reconoció que la ausencia continúa marcando la vida familiar y que sus hijos han tenido que crecer sin la presencia de su padre.
En su homenaje recordó que el asesinato no solamente privó de la vida a un servidor público, sino que destruyó una familia y dejó a una comunidad sin el gobernante que había elegido.
“Ha habido días en los que tu ausencia pesa más de lo que las palabras pueden explicar”, expresó en el mensaje dedicado a Manzo, al recordar las preguntas de sus hijos y la imposibilidad de recuperar los momentos que les fueron arrebatados.
Antes de la concentración principal, Quiroz encabezó la develación de una estatua de Carlos Manzo en la Plaza Morelos de Uruapan. La escultura representa al exalcalde con sombrero y el puño derecho levantado, una imagen vinculada con el movimiento político y ciudadano que encabezó.
La figura fue colocada como parte de los actos conmemorativos del primer aniversario de su muerte, mientras habitantes acudieron a dejar flores y recordar al exedil.
La movilización congregó, de acuerdo con el reporte de las autoridades estatales de seguridad y Protección Civil, a aproximadamente dos mil 500 personas. También participaron integrantes del Movimiento del Sombrero, familiares, ciudadanos de distintas regiones de Michoacán y madres buscadoras.
La investigación: 34 detenidos y un esclarecimiento que la Fiscalía calcula en 90 por ciento
Mientras la familia y los habitantes de Uruapan mantienen la exigencia de justicia, la Fiscalía General del Estado de Michoacán presentó un balance de las investigaciones realizadas durante los últimos doce meses.
El organismo reportó 34 personas detenidas por su presunta participación en distintas etapas del asesinato, desde la vigilancia de los movimientos del entonces alcalde y la filtración de información, hasta el reclutamiento de los ejecutores y la coordinación del atentado.
La Fiscalía sostiene que el expediente tiene un avance aproximado de 90 por ciento. Sin embargo, ese porcentaje corresponde a la valoración institucional sobre el desarrollo de las indagatorias y no significa que todas las responsabilidades hayan quedado resueltas mediante sentencias judiciales.
El caso comenzó el 1 de noviembre de 2025, cuando Carlos Manzo fue atacado a balazos durante el Festival de las Velas, en el centro de Uruapan, en medio de las celebraciones por el Día de Muertos.
El entonces presidente municipal se encontraba en la plaza pública cuando un adolescente de 17 años se aproximó y le disparó. Uno de sus escoltas repelió la agresión y abatió al atacante, quien murió en el lugar. Manzo fue trasladado para recibir atención médica, pero falleció a consecuencia de las heridas.
La investigación estableció que el ataque no fue una acción improvisada. Las autoridades reconstruyeron una cadena de vigilancia, comunicación, coordinación y apoyo logístico que permitió a los responsables conocer los desplazamientos del alcalde y preparar la agresión.
Durante los primeros días posteriores al homicidio también fueron asesinados dos jóvenes relacionados con la operación criminal, cuyos cuerpos fueron localizados en una carretera de la región.
Con el paso de los meses, las indagatorias permitieron identificar a presuntos integrantes de la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que habría organizado el crimen.
Entre las detenciones más relevantes se encuentra la de Jorge Armando, alias El Licenciado, señalado como uno de los principales coordinadores del atentado. Posteriormente fue capturado Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como El R1, identificado por las autoridades como el presunto autor intelectual y mando criminal al que reportaba parte de la estructura involucrada.
También fueron detenidos Alexis Jesús, alias El Brilloso, y otros presuntos colaboradores relacionados con la vigilancia, la comunicación y la obtención de información sobre los movimientos de Manzo.
La investigación alcanzó igualmente a personas que tenían vínculos con el entorno municipal y con el equipo de seguridad del exalcalde, ante las sospechas de que información interna fue utilizada para facilitar el ataque.
Entre las diligencias que permitieron reconstruir la operación estuvieron el análisis de comunicaciones telefónicas, conversaciones en aplicaciones cifradas, registros de videovigilancia y dispositivos electrónicos.
La Fiscalía informó que ha realizado aproximadamente tres mil 500 actos de investigación y tres mil actuaciones periciales. También reportó el análisis de mil 200 horas de grabaciones, 15 cateos, el aseguramiento de ocho armas de fuego y 335 cartuchos y municiones.
A estas acciones se suman alrededor de 120 audiencias, 72 extracciones de información con autorización judicial, 199 requerimientos relacionados con datos conservados de telecomunicaciones y la instalación de 200 mesas de inteligencia.
El 29 de octubre, apenas tres días antes del aniversario, se produjo otra detención relacionada con el expediente: la de Rosa Alejandra Vargas, quien se desempeñaba como secretaria del Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan. La Fiscalía la señaló por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento.
La funcionaria tiene vínculos familiares con personas investigadas por el asesinato, entre ellas un escolta de Manzo y Alexis Jesús, El Brilloso. Su detención amplió el alcance de las indagatorias hacia el círculo de personas que mantenían relaciones con el exalcalde y con los presuntos integrantes de la organización criminal.
Las preguntas que siguen abiertas
Pese a las detenciones y al porcentaje de avance anunciado por la Fiscalía, existen asuntos que mantienen vigente el reclamo de Grecia Quiroz y del Movimiento del Sombrero.
Uno de ellos es la localización y detención del exjefe de escoltas de Carlos Manzo, contra quien existe una orden de aprehensión. Su situación resulta relevante porque las investigaciones apuntaron a posibles filtraciones de información desde el entorno de seguridad del entonces presidente municipal.
Otro aspecto pendiente es determinar si todas las personas que participaron en la planeación, financiamiento y ejecución del homicidio han sido identificadas. La reconstrucción de las comunicaciones entre los presuntos responsables permitió descubrir una estructura más amplia que la integrada por quienes estuvieron directamente en el lugar del ataque.
La Fiscalía estatal ha sostenido que el homicidio fue una represalia del grupo criminal por las acciones emprendidas por Manzo contra las organizaciones delictivas que operaban en Uruapan y sus alrededores. También ha señalado que, con los elementos reunidos hasta ahora, no encontró indicios de que el asesinato obedeciera a un móvil político.
Esa conclusión no ha disipado todas las exigencias de la alcaldesa. Grecia Quiroz ha solicitado que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación, con el argumento de que se requiere garantizar independencia, transparencia y el esclarecimiento integral de los hechos.
Sin embargo, hasta septiembre pasado la Fiscalía michoacana mantenía la conducción del expediente y el vicefiscal Israel Vega Rodríguez había señalado que no existía un cambio de competencia ni un procedimiento federal que hubiera trasladado formalmente la investigación.
La discusión sobre la atracción del caso se convirtió así en otro de los puntos de desacuerdo entre las exigencias de la familia y la conducción institucional de las indagatorias.
La violencia contra autoridades y la deuda de justicia en Michoacán
El asesinato de Carlos Manzo también se inscribe en un contexto de violencia contra representantes de gobiernos municipales, particularmente en regiones donde las organizaciones criminales disputan territorios, controlan actividades económicas y buscan influir en las administraciones locales.
La muerte del alcalde de Uruapan tuvo repercusiones nacionales porque ocurrió durante un acto público, frente a ciudadanos y en una de las celebraciones más concurridas de la ciudad. Su asesinato evidenció los riesgos que enfrentan autoridades locales en municipios donde la presencia del crimen organizado condiciona la vida pública.
Un año después, la exigencia de justicia se mantiene vinculada con una pregunta fundamental: si las autoridades lograron reconstruir la estructura criminal que organizó el atentado, ¿han conseguido identificar y llevar ante los tribunales a todas las personas responsables?
Para Grecia Quiroz, la respuesta todavía está pendiente.
Al cerrar su intervención, reiteró que la memoria de Carlos Manzo no debe utilizarse para promover enfrentamientos ni alimentar el odio, sino para mantener vigente el reclamo de verdad y justicia.
La movilización concluyó con un mensaje que buscó trascender el caso particular del exalcalde y alcanzar a las familias que enfrentan desapariciones, homicidios y amenazas en el país.
A doce meses del crimen, las cifras oficiales muestran decenas de detenciones, miles de diligencias y una investigación que la Fiscalía considera prácticamente esclarecida. Pero para la familia de Carlos Manzo y los ciudadanos que salieron a marchar, el resultado definitivo no se medirá únicamente por el número de personas capturadas, sino por el conocimiento completo de lo ocurrido, la identificación de quienes ordenaron el asesinato y las sentencias que establezcan responsabilidades penales.
La exigencia expresada en las calles de Uruapan sigue siendo la misma: que defender la vida pública y enfrentar a la delincuencia no vuelva a costarle la vida a otra autoridad ni a ningún ciudadano.
Fuentes de información: declaraciones de Grecia Quiroz durante la Marcha por la Justicia y la Paz, reportes de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y cobertura de los acontecimientos del primer aniversario.