*Escrito por Rita Magaña Torres .
27.06.2024 /Cimac Noticias.com/ Ciudad de México.- Luego del aviso de la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, donde confirmó que consolidará a la Guardia Nacional (GN) en labores de seguridad, diversos organismos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) nos vuelve a advertir del peligro que esto suscitará, por ejemplo, ya enfrenta un acumulado de 211 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves de 2006 a la fecha.
En la segunda edición del informe Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense, elaborado por el Centro Prodh, se señala que las recomendaciones emitidas por la CNDH de 2006 a la fecha son a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar) por desaparición forzada de personas, tortura, ejecución extrajudicial y violencia sexual, incluyendo tortura sexual.
Las recomendaciones de la CNDH también incluyen casos de uso ilegítimo de la fuerza con arma de fuego causando lesiones permanentes.
El documento del Centro dejó fuera las recomendaciones que se refieren a otras conductas violatorias atribuidas a las Fuerzas Armadas (por ejemplo, las relacionadas con negligencias médicas cometidas en las instituciones de salud y seguridad social castrense).
En este informe, se ha intentado demostrar que en efecto se ha profundizado la militarización del país, llevando a un nuevo estadio un proceso que viene de larga data.
En el actual sexenio, esta profundización se expresa sobre todo en la construcción de un nuevo cuerpo de seguridad −la Guardia Nacional− de claro origen castrense; en un nuevo marco legal que entrega a las Fuerzas Armadas atribuciones que por años buscaron y en una expansión de la participación de los castrenses en los más diversos ámbitos de la vida pública.
Y si bien hasta el día de hoy las instrucciones dadas por el Comandante Supremo, han contenido un aumento en algunas de las violaciones a derechos humanos asociadas a esta creciente militarización, la propia dinámica del proceso en curso genera las condiciones para que en cualquier momento se repitan los patrones de violaciones a derechos humanos que hemos conocido en los recientes lustros.
La pasividad de las instituciones que pueden fungir como controles externos ante los casos que se están presentando –y que inevitablemente seguirán presentándose por la impunidad y las inercias institucionales– contribuye a ello.
Más aún, el calado de los cambios legales y del renovado protagonismo militar es de una profundidad lo suficientemente grande como para que sea justificado expresar una fundada preocupación sobre lo que este proceso puede significar a futuro.
En este contexto es legítimo preguntarnos si en efecto estamos ante un régimen transitorio o si, en realidad, el renovado protagonismo militar ha llegado para quedarse. Aquí vale la pena recordar una obviedad: mientras los gobiernos pasan, el andamiaje legal e institucional que generan permanece.
Por eso, es necesario insistir en que tienen que diseñarse más y mejores controles civiles externos sobre la actuación de las Fuerzas Armadas, asumiendo que su actual empoderamiento no se revertirá de manera sencilla o inmediata.
En este mismo sentido, es indispensable también señalar desde ahora los riesgos de que una mayoría calificada logre, en 2024 o más adelante, modificar la Constitución para suprimir los límites que hoy impone ésta al papel de las Fuerzas Armadas, incluyendo desde luego el límite relativo a la naturaleza civil que debe seguir preservando la Guardia Nacional.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) advirtió que de concretarse la entrega de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional se ampliará el fuero militar y aumentará la intervención militar en la vida pública, además afirmó que esta medida «es regresiva y profundiza el poder militar».
Desde la perspectiva de un centro de derechos humanos que acompaña víctimas, es esencial abrir la discusión de esta realidad y recordar que en México urge un proceso gradual de desmilitarización de la vida pública para tornar más eficientes las políticas de seguridad, para reducir las violaciones a derechos humanos y para reconducir la relación cívico-militar en la lógica propia de una democracia que apuesta por la vía civil.
Como se recordará la propuesta del presidente López Obrador, que presentó el pasado 5 de febrero, también incluye ampliar la intervención militar en vida pública modificando el artículo 129 de la Constitución.
El Centro Pro DH recordó que la creación de esta corporación tenía como origen el mando civil y desempeño policial.
Indicó que en los últimos años, México ha experimentado una transformación significativa en su enfoque hacia la seguridad pública, marcada por una serie de decisiones políticas y jurídicas que han consolidado la presencia militar en diversos aspectos de la vida pública.
Señaló que la esperanza inicial de un cambio en este ámbito se desvaneció a través de una expansión sin precedentes de la presencia militar, respaldada por cambios legales profundos.
Además, estas atribuciones ganadas en este sexenio, le han permitido al Ejército incidir en todas las esferas políticas como la salud, el bienestar, realización de obras y otras, además de la función de seguridad pública, entre otras.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez mencionó en su informe Poder Militar la Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense, por el contrario a lo dispuesto por la virtual presidenta de México, la necesidad de un proceso de desmilitarización gradual para fortalecer las políticas de seguridad, reducir las violaciones a derechos humanos y restablecer una relación civil-militar acorde con los principios democráticos.
El Centro Prodh precisó que hasta el 2028 la Fuerza Armada podrá realizar tareas de seguridad pública en el país, y las consecuencias ya se sienten: aumento en la violación a los derechos humanos de personas y comunidades, impunidad, corrupción, opacidad en la rendición de cuentas y la violencia continúa.
También focaliza el análisis sobre el proceso jurídico y político por el que se ha profundizado la militarización de la seguridad en este sexenio, que según el organismo de Derechos Humanos, ha despertado tres grandes preocupaciones:
- El despliegue del Ejército y de la Marina en tareas de seguridad no ha probado ser una política pública efectiva para la disminución de la violencia
- La vinculada con que este despliegue castrense suele ocasionar un aumento cuantitativo y cualitativo de violaciones a derechos humanos
- El fortalecimiento del sector militar puede trastocar la relación cívico-militar, lo que es riesgoso para una democracia incipiente y frágil como la mexicana.
Estas tres preocupaciones subsisten en la actualidad y se proyectan hacia el futuro, pues la preeminencia castrense que ya se ha plasmado este sexenio en reformas legales trasciende a esta administración.
“El proceso que ha proporcionado mayores facultades y más amplias en una diversidad de campos a las Fuerzas Armadas, no tienen un contrapeso mínimo en mecanismos de control civil y de rendición de cuentas, exponiéndose a mayores riesgos de corrupción y politización”.
El informe analiza detalladamente más de una decena de reformas y actos jurídicos que han aumentado el poder castrense y retoma la preocupación del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre “las numerosas denuncias de uso excesivo de la fuerza y de las armas de fuego por parte de las fuerzas del orden”, anunciada en el 2019.
“La violencia en México no ha disminuido en los primeros tres años de la administración de Andrés Manuel López Obrador, si bien es cierto que se contuvo el crecimiento exponencial con que cerró la administración anterior –específicamente respecto de los homicidios y sin que pueda soslayarse que por la pandemia del Covid-19, se trata de años con características especiales. Así, los años 2019 y 2020 volvieron a concluir con más de 35 mil homicidios”.
Impunidad militar
Los controles civiles internos y externos sobre las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional se han seguido debilitando.
Hasta el 4 de julio del 2023, el número de expedientes de investigación de la Guardia Nacional ascendían a 11 mil 186, en 449 expedientes se dio vista a los Consejos de Disciplina competentes para determinar la responsabilidad disciplinaria, en 320 se dio vista al Órgano Interno de Control para deslindar la responsabilidad administrativa de los elementos involucrados y en 261 se dio vista a las fiscalías competentes en casos penales.
Sin embargo, en ningún caso se acreditaron sanciones suficientes e idóneas para los perpetradores.
Además se identificaron casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuibles a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, que confirman cómo las graves violaciones a derechos humanos no se han erradicado.
Y peor aún, las instituciones externas de control, que deberían activarse, no han estado presentes: ni la Fiscalía General de la República (FGR), ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han anunciado investigaciones exhaustivas y, por consiguiente, menos aún los resultados de éstas, en seguimiento a los casos y denuncias.
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¿Qué es la militarización y por qué muchos se oponen?
Actualmente, en México hay diversas reformas que están integrando a las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública del país. Esta tarea le corresponde (o le correspondía) exclusivamente a las policías estatales y municipales; de ahí que la entrada de las fuerzas castrenses en dichas labores nos permita hablar de militarización.
De acuerdo con la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Fuerza Armada tiene la obligación de preservar la seguridad interior y la defensa exterior de México.
Nancy Carmona Arellano —coordinadora del área de políticas públicas de la organización Equis Justicia— explicó a Cimacnoticias que esto tiene que ver con la defensa de la soberanía y con ofrecer auxilio en casos donde la población mexicana se vea vulnerada.
Al respecto, Carmona Arellano recordó que en aquellas ocasiones en las que los miembros del Ejército han intervenido para atender y reparar los daños causados por desastres naturales. Desde la perspectiva de la especialista en políticas públicas, en este ámbito, el actuar de las fuerzas armadas ha sido bien visto por la mayoría de la población. Pero, ¿Qué pasa cuando los militares intervienen en otras labores?
Además de participar en la seguridad local, el Ejército en México también se ha hecho cargo de la construcción de un aeropuerto y del Tren Maya, así como de la distribución de vacunas de Covid-19 y de dinero destinado a diversos programas sociales; de igual forma, participa en las operaciones de aduanas y puertos.
Nancy Carmona asevera que cuando el Ejército comienza a tomar atribuciones que no le corresponden estamos hablando de un proceso de militarización.
¿Cómo es la militarización en México?
El periodo de militarización actual en México tiene relación con la creación de la Guardia Nacional (GN) en 2019. Pese a su carácter militar, esta institución estaba ligada a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y nació con la tarea de intervenir en la de seguridad pública de México.
Ahora, la Guardia Nacional pasará a formar parte de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), un organismo del que también dependen el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. Es decir: la GN oficialmente estará incluida en el paquete militar, por lo que sus labores deberían adscribirse solo a este ámbito y no a la seguridad pública.
La inclusión de la GN a SEDENA reforzará un periodo que ya venía desarrollándose desde hace décadas. Y, al parecer, es un periodo que no está cerca de terminar. Recordemos que el 4 de octubre del 2022, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional gracias a la cual la GN seguirá encargándose de la seguridad pública hasta 2028.
Pero más allá de las reformas institucionales, Nancy Carmona explicó que la militarización también es un proceso que se ha dado dentro de las instituciones policiales y en la sociedad en general.
Lo primero tiene que ver con el hecho de que los organismos policiales adopten jerarquías y modos de actuar más militares.
Además, de acuerdo con Carmona Arellano, «cada vez son más los funcionarios con trayectoria militar quienes están ocupando altos mandos en las instituciones de seguridad». https://cimacnoticias.com.mx/2022/10/18/que-es-la-militarizacion-y-por-que-muchos-se-oponen-a-ella-el-abc-sobre-lo-que-pasa-en-mexico/#gsc.tab=0
Tortura del Ejército contra Martha Rivero y Mario Cartagena
Desde antes de la aprobación, la sociedad civil había expresado su rechazo hacia esta medida. Una de estas voces de oposición es la de Martha Rivero Ramírez, integrante del Comité 68 Pro Libertades Democráticas y del Comité ¡Eureka! Ella, como cientos de mujeres, sigue exigiendo justicia frente a los actos de tortura cometidos dentro del Campo Militar 1.
Martha Rivero es esposa de Mario Álvaro Cartagena López, mejor conocido como «El Guaymas», quien formó parte de la Liga Comunista 23 de septiembre, el Frente Estudiantil Revolucionario y el Comité 68.
A Cartagena lo detuvieron por primera vez en 1974; sin embargo, en 1976 pudo darse a la fuga del penal de Oblatos, en Jalisco, donde estuvo preso.
Su suerte no fue la misma cuando lo detuvieron por segunda ocasión el 5 de abril de de 1978. De acuerdo con Rivero Ramírez, ese día, su esposo fue herido por arma de fuego en la Ciudad de México.
Cuando lo trasladaban al hospital en una ambulancia de la Cruz Roja en Polanco, la Brigada Blanca —un grupo paramilitar de la Dirección Federal de Seguridad (DFS)— lo arrebató de los paramédicos y lo trasladó al Campo Militar 1.
Una vez en el campo militar, Cartagena López pudo identificar a varios compañeros suyos, entre ellos Alicia de los Ríos Merino, quien hasta el día de hoy continúa desaparecida.
De acuerdo con Martha Rivero, en cuanto se enteró de la retención ilegal de su esposo, ella y sus familiares acudieron al Comité fundado por Rosario Ibarra de Piedra y por decenas de madres que buscaban a sus hijas e hijos desaparecidos por el Estado mexicano.
En coordinación con Amnistía Internacional, ¡Eureka! logró que el gobierno del entonces presidente José López Portillo presentara a «El Guaymas» con vida.
“Fueron Rosario Ibarra y las madres del Comité Eureka las que salvaron a mi marido, o lo que quedaba de él”, declaró Martha Rivero a Cimacnoticias. La integrante del Comité ¡Eureka! también explicó que, aun así, su esposo tuvo que pasar cuatro años preso en el Reclusorio Norte, de donde salió libre en 1982 gracias a la Ley de Amnistía de 1978.
La salud de «El Guaymas» quedó sumamente deteriorada por la tortura ejercida física y psicológicamente contra él, por lo que perdió la vida en julio de 2021.
Sin embargo, la búsqueda de justicia por los crímenes cometidos en su contra no ha terminado.https://cimacnoticias.com.mx/2022/10/07/la-tortura-del-ejercito-mexicano-contra-martha-rivero-y-mario-cartagena-casos-contra-la-militarizacion/#gsc.tab=0
