*Escrito por Citlalli López Velázquez .
06.12.2024/cimacNoticias.com. Oaxaca.- Ante el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que valida una gubernatura en Oaxaca con una duración de dos años, el Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer) denunció que esta acción constituye un acto de violencia política en razón de género frente a la posibilidad real de que, por primera vez, una mujer gobierne la entidad.
De acuerdo con Rosario Martinez Miguel, presidenta de GESMujeres, en el estado de Oaxaca existe una negativa para que las mujeres rompan el techo de cristal y alcancen el cargo de gobernadora, negando así los derechos políticos que les corresponden. Esta simulación refleja un tema de violencia política en razón de género para aquellas que aspiran a esta meta.
Para la activista feminista la participación política de las mujeres en los puestos de gobernanza no se está manifestando de manera clara y verídica en el estado. “Nos están robando los espacios nuevamente, los hombres quieren seguir en el poder argumentando alinearse a las elecciones federales”, destacó.
Desde siempre, las mujeres han tenido que luchar por sus derechos políticos. Fue hasta 1953 que por primera vez se les otorgó el derecho a votar y ser votadas, el cual fue ejercido hasta 1955 durante las elecciones de diputados federales para la XLIII Legislatura y tres años después participaron en la elección presidencial. Sin embargo, México fue de los últimos países en integrarlas al ámbito electoral, según el artículo ‘Paridad de género en el ámbito político-electoral’ de Irene Spigno.
En los años noventa, se comenzaron a instaurar una serie de medidas de paridad para que las mujeres fueran ocupando espacios políticos llegando a estar en el 30% de cargos hasta llegar al 50% en 2019 con la reforma constitucional ‘Paridad en Todo’, en la cual se asentó la paridad en los tres poderes del Estado y entes constitucionales autónomos. Sin embargo, la doctora Dulce María Sauri Riancho ya ha apuntado que los derechos políticos de las mexicanas se encuentran amenazados con su retroceso y uno de los más claros ejemplos es el estado de Oaxaca.
La aprobación del decreto en Oaxaca
El pasado 2 de diciembre, el pleno de la SCJN validó el decreto 1624, por el que se reformó el artículo 25, base A, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Oaxaca. En este se establece que las elecciones locales hacia los cargos de gobernación, diputaciones locales y ayuntamientos, se celebrarán de manera concurrente en los comicios federales.
De esta manera, por única ocasión, las próximas personas que ocupen estos cargos el próximo 1 de diciembre, concluirán su mandato hasta el 30 de noviembre de 2030, acortando la duración a dos años. Y aunque la Corte resolvió que el decreto no viola el principio constitucional de paridad de género, ni los derechos de participación política de las mujeres; esta decisión toma relevancia al coincidir con la alternancia de género en el 2028, donde una mujer debe quedar como titular del Poder Ejecutivo Estatal, hoy ocupado por Salomón Jara Cruz.
De acuerdo con el informe ‘Violencia política contra las mujeres en razón de género. Características y sanciones en casos acreditados en Oaxaca durante los años 2021, 2022 y 2023’ realizado por el Centro de Estudios de las Mujeres y de la Paridad de Género (CEMPAG), la mayor violencia política ejercidas contra las mujeres oaxaqueñas es el de no ser votadas, seguida por: la obstrucción en el cargo, falta de pago de dietas, falta de información para la toma de decisiones, reclamo de vigilancia sobre la definición y aplicación de los recursos financieros, falta de convocatorias a sesiones de Cabildo y de manera fundamental, violencia política en razón de género.
Además, durante 2021, 2022 y 2023 el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) documentó 131 denuncias y 253 demandas por violencia política en razón de género, en el que solo se acreditaron 65 juicios en la última.
Martínez Miguel resaltó que empatar las elecciones locales con las federales no tendría que estar por encima de impulsar el avance de las mujeres en materia política. “Es una deuda histórica que se tiene con las mujeres. Sería la primera vez que gobierne una mujer ¿por qué limitarla acortando el tiempo? Es un derecho que nos corresponde y tiene que ser visible y ejercido. Nosotras merecemos estar ahí, es urgente que una mujer llegue porque el Estado ha sido omiso a las problemáticas de la violencia que vivimos las mujeres. No han hecho lo que les corresponde. Que nos dejen trabajar a las mujeres”, señaló.
Fue con seis votos a favor que la SCJN rechazó el proyecto presentado por la ministra Margarita Ríos Farjat. Su propuesta buscaba exhortar al Congreso estatal a establecer un período de seis años para la gubernatura o garantizar que, en las elecciones de 2030, solo participaran mujeres.
En su intervención la presidenta Norma Piña Hernández señaló que el decreto cuestionado no vulnera el principio de paridad de género. «La reducción del período de la gubernatura de seis a dos años, aplicable por única ocasión en 2028, no contraviene en sí mismo el principio constitucional de paridad. La invalidez de la norma no debe basarse en escenarios hipotéticos, inciertos o contingentes. Además, este análisis no se centra en la regulación de la normativa sobre paridad, como ha ocurrido en otros casos”, argumentó.
