*A Juicio de Amparo.
/ María Amparo Casar /
Refiriéndome al Informe de Gobierno del 1° de septiembre, la semana pasada escribí que uno de los cambios respecto al libreto que había dejado López Obrador era el de la estrategia de seguridad. Lo ocurrido la semana pasada con la Secretaría de Marina- aduanas-huachicol, lo confirma.
Nadie sabe el tamaño del negocio del huachicol ni la enorme red de corrupción público-privada que hay detrás. Aunque apenas sea la punta del iceberg -El Universal reporta que la Agencia Nacional de Aduanas pide que se concreten más de 200 solicitudes de órdenes de aprehensión por el delito de huachicol fiscal- la detención de 14 personas vinculadas al negocio, ya es una muestra de que hay voluntad por parte del gobierno de Sheinbaum y de que sí se puede. Las aprehensiones llegaron a altos niveles de la Marina y de la Agencia de Aduanas controlada por esa secretaría.
Da igual si esto coincide con la visita del Secretario de Estado Marco Rubio, si fue una exigencia de EU que tenía ya sus propias investigaciones o de si ya era un asunto insostenible dada la publicación de investigaciones independientes de medios y organizaciones de la sociedad civil.
El caso es que se dio un paso impensable en el sexenio de López Obrador quien una y otra vez sostuvo que ya no había corrupción y que había acabado con el huachicol. Nadie creyó en las palabras de López Obrador, pero ahora puede hacerse un cuestionamiento grave con base en declaraciones de la Fiscalía y de Omar García Harfuch. Según sus declaraciones, el ex-secretario de Marina -Almirante Ojeda Durán- había acudido hace más de dos años a la FGR a “presentar una serie de denuncias” sobre problemas de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero haciéndole saber de las “irregularidades” en la Armada de México respecto al huachicol.
¿Por qué, en lugar de actuar, siguió mintiendo y simulando que el problema del huachicol era un problema resuelto? ¿Por qué no frenó esa y otras redes de corrupción? Por qué no actuó si, en palabras suyas que lo perseguirán toda la vida, “el presidente está informado de todo lo que sucede … todas esas tranzas llevan el visto bueno del presidente, aunque no firme, él autoriza, él tolera, él permite”.
Las declaraciones del Fiscal y del Secretario de Seguridad reconocen la labor y el valor del Almirante Ojeda junto con la institucionalidad de la Marina, pero nada dicen de López Obrador, Comandante Supremo de la Fuerzas Armadas.
Suponemos que la lucha por el huachicol y el huachicol fiscal, seguirán adelante una vez destapada la cloaca. La acusación en contra de la red comandada por los hermanos Farías -uno detenido y el otro prófugo- seguramente es una de muchas dispersas en el territorio nacional. No puede verse como un hecho aislado.
Ahora se impone una reflexión desde el gobierno federal. La trama de corrupción en la que se encuentra inmerso parte del establishment no indica que la Secretaría de la Marina es un nido de corrupción, pero sí obliga a repensar en las tareas que se le han asignado a ella y a la Secretaría de la Defensa.
La presidenta Sheinbaum no sólo ha manifestado su acuerdo con la militarización de la seguridad pública, sino que ha “perfeccionado” su marco jurídico. Tampoco hay indicación alguna de su intención de retirar a los militares y marinos de los cientos de tareas que les traspasó López Obrador a sabiendas de que en una democracia son tareas de las instituciones civiles.
En un contexto de alta corrupción y presencia del crimen organizado como los que privan en México, exponer a los integrantes de las Fuerzas Armadas a tareas que no les corresponden y otorgarles atribuciones que van desde la construcción de ferrocarriles hasta el control de las aduanas, no resultó ni eficaz, ni productivo, ni sensato.
Esta es una buena oportunidad para que la presidenta reconsidere el papel de las Fuerzas Armadas en el entramado institucional. Lo he dicho antes. Quizá el mayor error de López Obrador haya sido el de mover esa pieza central del sistema político mexicano que es la institución militar y que jugó durante casi un siglo un papel de la mayor importancia en la estabilidad política mexicana. Ahora, con acceso a nuevas facultades, dinero, contratos, contactos y poder y sin estar sujeta a la transparencia y el escrutinio, las áreas de oportunidad para ser parte de la corrupción y del crimen organizado se ensancha. Ahí está como ejemplo el control del aeropuerto, otra puerta a la corrupción para la Marina.
También es oportunidad para considerar las ventajas y desventajas de la propuesta de “aduanas mixtas” que ya operan en la frontera EU-Canadá.
