- El Ágora
/ Octavio Campos Ortiz /
El nuevo régimen tendrá que redefinir la política exterior mexicana. En un mundo más globalizado es necesaria una mayor participación del país en el concierto internacional, debe mostrar más apertura comercial y un compromiso real en sus posicionamientos sobre conflictos multinacionales que afectan a la región o problemas políticos que atentan contra las democracias. Esa nueva estrategia de relaciones exteriores debe comenzar con resolver los affaires provocados por el gobierno y que deja pendientes como las pausas con España o el rompimiento diplomático con Perú, además del reciente enfriamiento con Estados Unidos y Canadá.
La nueva política exterior mexicana no puede basarse en un falso nacionalismo ni necesita envolverse en el lábaro patrio para defender una etérea soberanía. El orbe se ha globalizado y quedan atrás las economías cerradas, las sociedades autárquicas, el intercambio comercial basado en el trueque. Hoy los tratados como el T-MEC rigen la economía mundial y establecen reglas mercantiles observables por todos los países participantes e inciden en la política interior, es decir, buscan que las autoridades den la certeza jurídica que garantice la protección a las inversiones y ello demanda respeto al Estado de Derecho y gobiernos cada vez más democráticos que se preocupen por mantener la gobernanza en un ámbito de seguridad interior y respeto a los derechos humanos, más que aferrarse a la idea de una soberanía decimonónica.
Es un despropósito que un sexenio por concluir herede a la nueva administración problemas económicos, diplomáticos y de incumplimiento de acuerdos comerciales. Desde el inicio del presente régimen la Casa Blanca advirtió al gobierno mexicano que no permitiría se pusiera en riesgo la inversión de empresas americanas en temas energéticos, minero, de importación de maíz transgénico, automotrices y otros issues que afectan el funcionamiento del T-MEC como el coqueteo con los asiáticos. La espada de Damocles mantiene permanentemente la amenaza de aranceles y paneles internacionales por incumplimiento de las cláusulas del tratado.
A eso se suma la advertencia de militares norteamericanos de que el Estado mexicano ha perdido la gobernabilidad en buena parte del territorio nacional a manos del crimen organizado y que no se garantiza el trabajo de sus supervisores; por ello la cancelación de las importaciones a la Unión Americana del aguacate, el limón y el mango. Una aparente ingobernabilidad y el acercarse a un Estado fallido ha hecho que la Embajada norteamericana advierta a sus ciudadanos de abstenerse de visitar o transitar por varias entidades de la República.
Desde la llegada del embajador Kent Salazar se percibió un entendimiento entre Palacio Nacional y la Casa Blanca, a pesar de que México fue de los últimos países en reconocer al demócrata Joe Biden como el presidente 46 de EUA e incluso retardó un encuentro bilateral o su presencia en reuniones multilaterales, aunque es sabido que AMLO nunca quiso salir del país.
Otros frentes que han afectado negativamente la relación binacional es la crisis migratoria, lo que ha hecho que tanto republicanos como demócratas nos hayan convertido virtualmente en tercer país seguro, lo que implica una carga financiera que no puede solventar el gobierno, y el otro ítem es el narcotráfico, sobre todo con la exportación del fentanilo, problema de salud pública y de seguridad nacional para los gringos, tema donde el gobierno mexicano pareció omiso, lo que provocó la intervención de las agencias norteamericanas para detener al emblemático barón de la droga Ismael “El Mayo” Zambada, con lo que se demuestra que el combate al crimen organizado no es una cuestión de soberanías.
El agónico gobierno deja muy maltrechas las relaciones con el vecino del norte, a quien nunca comprendió y enarboló un trasnochado nacionalismo para justificar los embates contra empresas gringas -Vulcan Materials o las que se dedican a las energías limpias-, o los reclamos por violaciones al T-MEC, así como la incertidumbre que provoca la posible aprobación de la reforma judicial, lo que a consideración de los estadounidenses crearía un retroceso democrático, la pérdida de la independencia y autonomía del Poder Judicial e incertidumbre jurídica. Esos arrebatos de un poder autoritario provocaron que se perdiera el “momento mexicano” con las ventajas que representaba para México el nearshoring y se cayera la inversión extranjera directa a pesar de la narrativa oficial que no reconoce que ese monto es reinversión de utilidades, no inversión nueva.
La nueva política internacional debe recomponer la relación con la Unión Americana y tomar en serio el señalamiento sobre gobernabilidad, hacer un combate serio al crimen organizado, respetar las cláusulas del T-MEC y no buscar la renegociación, evitar los paneles y arbitrajes y abrirse a un mundo globalizado, donde ya no caben los nacionalismos ni la defensa de la soberanía decimonónica, aprovechar el nearshoring y garantizar la certeza jurídica de los inversores. De paso arreglar las relaciones con España, Canadá y varias naciones latinas; necesitamos una estadista con proyección internacional.
