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18.05.2026.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó medidas preventivas de inmovilización de cuentas relacionadas con Personas Políticamente Expuestas (PEP) de Sinaloa, en una acción que, aseguró, deriva de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano tras señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos.
El comunicado oficial ratifica lo expresado horas antes por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina del 18 de mayo, cuando sostuvo que los bloqueos financieros no obedecen a una orden directa del gobierno estadounidense, sino a procedimientos preventivos derivados de mecanismos de monitoreo bancario internacional.
De acuerdo con la dependencia federal, la UIF incorporó diversos nombres a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) “con carácter estrictamente preventivo”, luego de recibir reportes generados por instituciones financieras mexicanas que mantienen relaciones de corresponsalía con bancos estadounidenses.
La Secretaría explicó que dichas alertas surgieron a raíz de señalamientos públicos realizados por autoridades de Estados Unidos contra actores políticos y funcionarios vinculados con Sinaloa, lo que activó protocolos internos de cumplimiento financiero en bancos mexicanos.
“Los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo”, señaló Hacienda en el comunicado.
La dependencia precisó que estas medidas corresponden a los llamados “LPB 24 Horas”, mecanismos de reacción inmediata mediante los cuales la UIF puede ordenar inmovilizaciones preventivas mientras se analiza información financiera y documental relacionada con posibles riesgos para el sistema financiero nacional.
Según la autoridad hacendaria, el objetivo central de la medida es “proteger la integridad del sistema financiero nacional”, aunque aclaró que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas no representa una sentencia ni implica responsabilidad penal o administrativa definitiva.
“La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo”, puntualizó el organismo.
El pronunciamiento ocurre luego de varios días de especulaciones y versiones difundidas en redes sociales sobre presuntas investigaciones internacionales contra políticos sinaloenses, así como rumores sobre posibles órdenes de captura o procesos judiciales en Estados Unidos.
Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum rechazó que existiera información oficial sobre acusaciones formales contra funcionarios mexicanos y afirmó que el gobierno federal actuaría únicamente con base en elementos jurídicos concretos y cooperación institucional.
La UIF también subrayó que las personas sujetas a inmovilización cuentan con garantías legales y mecanismos de defensa previstos en la legislación mexicana, incluida la Garantía de Audiencia y la posibilidad de impugnar administrativamente o por la vía judicial las medidas cautelares.
“Asimismo, las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable”, indicó Hacienda.
El organismo financiero añadió que actualmente continúa revisando diversa información y documentación relacionada con las Personas Políticamente Expuestas involucradas, utilizando “criterios técnicos, analíticos e institucionales” similares a los que se aplican en cualquier otro reporte emitido por el sistema financiero mexicano.
La Lista de Personas Bloqueadas es uno de los principales instrumentos utilizados por la UIF para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita y combatir riesgos asociados al lavado de dinero y financiamiento ilícito. Las inmovilizaciones preventivas suelen realizarse cuando existen alertas nacionales o internacionales que podrían comprometer la estabilidad o reputación del sistema financiero.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado públicamente los nombres de las personas incluidas en estas medidas preventivas ni el número exacto de cuentas inmovilizadas.
