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17.04.2026 Ciudad de México.- La desaparición y posterior hallazgo sin vida de la joven Edith Guadalupe Valdés Saldívar, de 21 años, ha generado indignación no sólo por la violencia del crimen, sino por las acusaciones de corrupción que su familia ha hecho contra funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a quienes señalan de haber solicitado dinero para avanzar en la investigación.
Edith Guadalupe fue vista por última vez el 15 de abril de 2026, cuando salió de su domicilio en la alcaldía Iztapalapa para acudir a una supuesta entrevista de trabajo en la zona de Benito Juárez. Fue denunciada su desaparición, mo obstante la Fiscalía de la Ciudad de México fue omisa.
De acuerdo con registros de videovigilancia, la joven ingresó a un inmueble ubicado sobre Avenida Revolución, sin que existan imágenes de su salida. Desde el miércoles familiares reportaron a la fiscalía que la joven permanecía en ese edificio y fue hasta la madrugada del viernes que los funcionarios actuaron durante la madrugada, esgrimiendo excusas.
Ante la falta de resultados inmediatos por parte de las autoridades a partir de la denuncia, la familia inició una búsqueda por cuenta propia. Fueron ellos quienes lograron ubicar el edificio donde Edith había sido vista por última vez, apoyándose en cámaras privadas y testimonios de vecinos.
Desde las primeras horas posteriores a su desaparición, la familia denunció lentitud en la respuesta de las autoridades. Ante la falta de avances, emprendieron por cuenta propia la búsqueda: revisaron cámaras particulares, tocaron puertas, reconstruyeron trayectos y lograron ubicar el edificio donde la joven había sido vista por última vez.
Esta reconstrucción de hechos permitió establecer una línea clara de investigación antes de que la Fiscalía realizara diligencias contundentes en el lugar, que retrasaron por los cobros ilegales.
Durante este proceso, la madre de la víctima denunció públicamente que servidores públicos de la Fiscalía CDMX le solicitaron dinero a cambio de agilizar acciones como la revisión de cámaras de seguridad y otras diligencias. Según su testimonio, los pagos eran planteados de manera informal, “por debajo del agua”, como condición para que el caso avanzara.
Las acusaciones se dan en un contexto de desesperación familiar y retrasos en la respuesta institucional. Colectivos y ciudadanos acompañaron a los familiares en protestas y bloqueos para exigir la intervención inmediata de las autoridades, lo que finalmente derivó en la inspección del inmueble señalado.
El mismo día en que se intensificaron las protestas, elementos de la Fiscalía realizaron un operativo en el edificio, donde fue localizado el cuerpo sin vida de Edith Guadalupe, envuelto en bolsas dentro del área de estacionamiento. El caso fue clasificado como feminicidio.
La Fiscalía capitalina informó que se abrió una carpeta de investigación y que se siguen diversas líneas para dar con los responsables. Sin embargo, las denuncias por posibles actos de corrupción interna han colocado a la institución bajo escrutinio público.
Autoridades señalaron que, en caso de comprobarse irregularidades, se iniciarán procedimientos administrativos y penales contra los funcionarios involucrados.
El caso ha evidenciado fallas en los mecanismos de búsqueda y atención a víctimas, así como la persistente desconfianza hacia las instituciones encargadas de procurar justicia. Para la familia de Edith, la exigencia no se limita al castigo de los responsables del crimen, sino también a esclarecer la actuación de quienes, desde el aparato institucional, habrían condicionado su labor a pagos ilegales.
La muerte de Edith Guadalupe Valdés Saldívar se suma a una serie de casos que han puesto en entredicho la capacidad de respuesta de las autoridades frente a desapariciones de mujeres, así como la integridad de los procesos de investigación en la capital del país.
