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/ Eduardo Sadot /
Durante muchos años el mundo creyó que el terrorismo y el crimen organizado operaban al margen de los gobiernos y de las estructuras políticas formales. Hoy ocurre exactamente lo contrario: las organizaciones criminales modernas han comprendido que el verdadero poder no está solamente en las armas, sino en el control político del Estado. El caso de Hamas y Hezbollah demuestra cómo estructuras armadas pueden coexistir con partidos políticos, representación parlamentaria y control territorial. Las diferencias históricas, ideológicas y jurídicas con México son evidentes, pero existe un elemento común que preocupa internacionalmente: la utilización del poder político como mecanismo de protección territorial y expansión.
Ese fenómeno, que durante décadas parecía exclusivo de Oriente Medio, comienza a reflejarse peligrosamente en América Latina bajo otra modalidad: la penetración del narcotráfico en gobiernos, campañas electorales, policías, fuerzas armadas y partidos políticos.
México vive una situación cada vez más delicada. El crecimiento territorial de los cárteles, los asesinatos políticos, las amenazas a candidatos, el control criminal de municipios completos y las constantes acusaciones sobre protección política al crimen organizado ya no pueden verse como hechos aislados.
En ese contexto, Morena enfrenta un problema que comienza a trascender el debate nacional: la percepción internacional de que el partido en el poder ha tolerado, minimizado o permitido la expansión del narcotráfico. Los señalamientos ya no provienen únicamente de adversarios políticos. Existen investigaciones periodísticas, reportes de agencias de seguridad, testimonios judiciales y denuncias públicas que apuntan reiteradamente hacia vínculos sospechosos entre personajes del oficialismo y grupos criminales.
La gravedad del problema aumenta cuando, frente a cada acusación, la respuesta oficial no es investigar con transparencia, sino desacreditar críticos, atacar periodistas y repetir mecánicamente que “no hay pruebas”, mientras regiones enteras del país permanecen bajo control criminal.
Nadie puede afirmar jurídicamente, hasta este momento, que Morena haya sido declarado “narcopartido” o “organización terrorista”. Eso sería falso. Pero también sería irresponsable ignorar que el deterioro institucional y la expansión del crimen organizado están alimentando un escenario que hace algunos años parecía impensable: que sectores políticos extranjeros comiencen a discutir la posibilidad de considerar al narcotráfico mexicano como terrorismo y analizar responsabilidades políticas vinculadas al poder gobernante.
La historia demuestra que los movimientos políticos no son señalados internacionalmente de un día para otro. Primero aparecen las denuncias. Después los indicios. Luego las investigaciones, las sanciones y finalmente las clasificaciones internacionales.
México corre hoy el riesgo de normalizar la relación entre poder político y crimen organizado. Porque el verdadero peligro no es solamente que el narcotráfico infiltre al poder, sino que el poder termine dependiendo políticamente de él. Y fuera de México hace tiempo que comenzaron a tomar nota.
@eduardosadot
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