*El Gobierno federal proyecta 18 mil 480 nuevos espacios penitenciarios en seis estados.
*Las instalaciones contarán con tecnología de vigilancia, bloqueo de señales y áreas para educación, salud y capacitación laboral.
Harfuch también reportó la detención de un presunto operador delictivo en Veracruz.
13.10.2026 Ciudad de México,- El Gobierno de México construirá seis nuevos centros penitenciarios en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Estado de México, Chiapas y Veracruz, con una capacidad conjunta de 18 mil 480 personas privadas de la libertad, como parte de una estrategia para atender la sobrepoblación en las cárceles y reforzar el control de las instalaciones.
El anuncio fue realizado este martes por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, durante la Conferencia del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que presentó el informe de seguridad y las acciones previstas para fortalecer el sistema penitenciario nacional.
La incorporación de Veracruz al proyecto confirma la construcción de un nuevo penal en la entidad. Sin embargo, hasta el momento del anuncio no se dieron a conocer el municipio donde estará ubicado, el presupuesto destinado a la obra ni el número de espacios que tendrá asignados dentro de la capacidad total proyectada.
De acuerdo con la información presentada por el funcionario, los seis complejos se desarrollarán mediante la coordinación del Gobierno federal con las administraciones estatales. Sinaloa será la primera entidad en iniciar la construcción de uno de estos establecimientos, con capacidad prevista para alrededor de 2 mil 640 personas.
Las nuevas instalaciones tendrán infraestructura de alta seguridad, sistemas de vigilancia y monitoreo, mecanismos de inspección y tecnología para bloquear señales de comunicación. También dispondrán de módulos diferenciados para clasificar a las personas internas de acuerdo con sus perfiles y niveles de riesgo.
El plan contempla, además, espacios educativos, servicios médicos, instalaciones deportivas y áreas para la capacitación laboral, con la intención de que los centros no se limiten a la custodia, sino que también cuenten con condiciones para la reinserción social.
La presidenta Sheinbaum explicó que la ampliación de la infraestructura responde al crecimiento de la población penitenciaria. Según lo expuesto durante la conferencia, desde el inicio de su administración se han realizado más de 70 mil detenciones, situación que ha contribuido a incrementar la presión sobre algunos centros de reclusión.
La mandataria sostuvo que evitar la saturación es importante tanto para proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad como para mantener condiciones adecuadas de seguridad. La concentración de internos en instalaciones con capacidad insuficiente puede complicar la vigilancia, la convivencia y la operación cotidiana de los penales.
El financiamiento del proyecto se encuentra en proceso de análisis, mientras que la operación de los nuevos centros estará a cargo de las autoridades de seguridad federales o estatales, según el esquema que se establezca.
La decisión se conoce después de los episodios de violencia registrados en el centro penitenciario El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, donde dos hechos ocurridos en octubre dejaron un saldo acumulado de 12 personas fallecidas. La situación puso nuevamente en el centro del debate la capacidad de las autoridades para mantener el control de las cárceles e impedir que las disputas entre grupos criminales se trasladen al interior de estos espacios.
En paralelo a la ampliación de la infraestructura, el Gobierno federal busca fortalecer los mecanismos de vigilancia, la clasificación de las personas internas y la capacidad de respuesta ante incidentes penitenciarios.
En Veracruz, el informe de seguridad también incluyó la detención de un presunto integrante de una célula delictiva generadora de violencia. García Harfuch reportó la captura de un supuesto operador de esa estructura, aunque los datos difundidos durante la presentación no precisaron la ubicación exacta del operativo ni los detalles de los delitos que se le atribuyen.
La construcción del nuevo penal veracruzano se incorpora así a una estrategia nacional que busca responder a dos desafíos: el crecimiento de la población penitenciaria y la necesidad de mantener el control institucional de los centros de reclusión. Su alcance concreto en la entidad dependerá de que las autoridades definan la ubicación, los recursos y la capacidad específica de la futura instalación.
La información oficial disponible hasta este 13 de octubre no establece una fecha precisa para el inicio de las obras en Veracruz ni un calendario detallado para su conclusión.