Gemelos son vinculados a proceso por ataque en secundaria de Torreón; podrían enfrentar hasta 60 años de prisión
Carlos “N” y David “N”, ambos de 18 años y exalumnos de la Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el ataque ocurrido el pasado 1 de octubre, en el que murió la subdirectora Nery Edith Nevárez González y otras cuatro personas resultaron lesionadas.
La resolución fue dictada este domingo 4 de octubre por un juez de control, durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal de Torreón, dentro de la causa penal 1632/2026. Los dos imputados permanecerán en prisión preventiva justificada mientras continúa la investigación.
De acuerdo con la información proporcionada por el Poder Judicial de Coahuila, la Fiscalía atribuye a los hermanos el delito de homicidio calificado por la muerte de la subdirectora, además de tentativa de homicidio calificado por las agresiones contra cuatro personas que sobrevivieron al ataque.
En el caso de la víctima mortal, la acusación contempla las agravantes de ventaja, alevosía, brutal ferocidad y saña. Las mismas circunstancias fueron consideradas por el Ministerio Público al formular la imputación por tentativa de homicidio respecto de Ricardo, Gerardo y los dos menores identificados con las iniciales J.A.G. y R.L.S.
La audiencia se realizó a puerta cerrada debido a la naturaleza del caso y a la presencia de víctimas menores de edad. Al concluir, el magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, informó que el juez consideró que existían elementos suficientes para que el proceso penal continuara.
La medida cautelar implica que Carlos “N” y David “N” permanecerán privados de la libertad durante el desarrollo de la investigación complementaria. El plazo concedido para esta etapa es de seis meses y concluirá el 4 de abril de 2027.
La eventual pena que podrían recibir alcanza hasta 60 años de prisión, debido a que ambos tienen 18 años y, por tanto, son juzgados bajo el sistema penal para adultos. El Poder Judicial estatal precisó que esa posibilidad dependerá de lo que se acredite durante el proceso y de una eventual sentencia condenatoria; la vinculación a proceso no significa que hayan sido declarados culpables.
El caso se remonta a la mañana del jueves 1 de octubre, cuando los dos jóvenes ingresaron a la Secundaria General Número 13, localizada en el ejido La Unión, al norte de Torreón. Ambos habían estudiado anteriormente en ese plantel y eran conocidos en la comunidad como “Los Cuates”.
Según los primeros reportes de la investigación, los hermanos ingresaron portando armas blancas, entre ellas machetes y otras armas, además de artefactos pirotécnicos o petardos que detonaron dentro de la escuela. El ataque ocurrió alrededor de las 8:40 de la mañana, durante un cambio de clase.
La agresión provocó momentos de terror entre estudiantes y trabajadores del plantel. Al escuchar las detonaciones y observar el ataque, alumnos buscaron refugio en los salones y colocaron mobiliario contra las puertas para impedir que los agresores ingresaran.
Los atacantes avanzaron por las instalaciones y agredieron a personas que encontraron en su recorrido. Entre las víctimas estuvo la subdirectora Nery Edith Nevárez González, de 56 años, quien murió como consecuencia de las lesiones sufridas. También fueron atacados integrantes del personal docente, un adulto que se encontraba en el lugar y un estudiante de 13 años.
En las primeras horas posteriores al ataque, el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que cuatro personas habían resultado heridas. Dos de ellas, entre ellas un maestro y el menor de edad, se encontraban en condición delicada, mientras que las otras dos permanecían estables.
La detención de los hermanos ocurrió poco después del ataque y tuvo una participación inusual de habitantes del propio ejido. Vecinos que escucharon las explosiones acudieron al plantel y persiguieron a los jóvenes cuando intentaban escapar. Finalmente, fueron retenidos por habitantes de la comunidad y entregados a las autoridades.
Desde el inicio de las investigaciones, una de las preguntas centrales ha sido qué motivó a los dos jóvenes a ingresar al plantel y atacar de manera indiscriminada a integrantes de la comunidad escolar.
La Fiscalía estatal señaló inicialmente que no se trataba, con los elementos disponibles hasta ese momento, de una agresión dirigida específicamente contra una persona. La hipótesis preliminar apuntaba a que los hermanos eligieron la escuela por su cercanía con el lugar donde vivían y porque conocían sus instalaciones al haber estudiado allí.
Ese punto tendrá que ser esclarecido durante la investigación complementaria. La Fiscalía deberá determinar si existió una planeación previa, cuál fue el origen de las armas utilizadas, cómo fueron elaborados o adquiridos los artefactos que detonaron y si existen antecedentes que permitan explicar la conducta de los imputados.
También deberá reconstruirse la secuencia exacta de los hechos para establecer la responsabilidad individual de cada uno de los hermanos. Aunque ambos enfrentan cargos en la misma causa penal, el proceso deberá determinar con pruebas cuál fue la participación concreta de cada imputado en las agresiones.
La investigación deberá considerar además las declaraciones de estudiantes, docentes, familiares, vecinos y demás personas que presenciaron o tuvieron contacto con los jóvenes antes y durante el ataque. Los peritajes médicos, criminalísticos y de mecánica de hechos serán igualmente determinantes para sostener las acusaciones ante un juez.
El caso ha generado preocupación en la comunidad educativa de Torreón porque ocurrió dentro de un plantel de educación secundaria y tuvo como víctimas tanto a trabajadores de la escuela como a estudiantes.
A diferencia de otros episodios de violencia registrados en México, el ataque no estuvo relacionado, de acuerdo con la información disponible hasta ahora, con una disputa entre organizaciones criminales. Se trató de una incursión protagonizada presuntamente por dos hermanos exalumnos que conocían el plantel y que atacaron a integrantes de la comunidad escolar.
La muerte de Nery Edith Nevárez González también dejó una profunda afectación entre quienes formaban parte de la secundaria. La subdirectora se convirtió en la víctima mortal de un ataque que, además de cobrar una vida, dejó heridas físicas y emocionales entre estudiantes, docentes y familias.
Mientras tanto, la situación jurídica de los dos hermanos comienza una nueva etapa. Con la vinculación a proceso, la Fiscalía cuenta con seis meses para ampliar y fortalecer los elementos de prueba antes de que concluya la investigación complementaria.
Posteriormente deberán desarrollarse las siguientes etapas del procedimiento penal, en las que la autoridad ministerial tendrá que acreditar ante el órgano jurisdiccional la responsabilidad que atribuye a cada uno de los imputados.
La prisión preventiva justificada permanecerá vigente mientras se desarrolla el proceso, de acuerdo con la resolución emitida este domingo.
El caso representa además un nuevo desafío para las autoridades educativas y de seguridad de Coahuila, pues obliga a revisar las condiciones de protección en los planteles y las estrategias de prevención ante posibles episodios de violencia protagonizados por personas que tienen algún vínculo previo con las escuelas.
Sin embargo, cualquier medida preventiva deberá acompañarse de una investigación seria sobre las circunstancias que llevaron a los jóvenes a cometer el ataque, evitando adelantar conclusiones sobre sus motivaciones hasta que existan elementos suficientes.
Por ahora, lo que judicialmente está establecido es que Carlos “N” y David “N” enfrentarán el proceso penal privados de la libertad, acusados de homicidio calificado por la muerte de la subdirectora y de tentativa de homicidio calificado por las lesiones provocadas a cuatro personas.
La pena de hasta 60 años de prisión es una posibilidad contemplada por las autoridades debido a la gravedad de los delitos imputados y a que ambos son mayores de edad, pero solamente podría imponerse después de un juicio y una eventual sentencia que determine su responsabilidad penal
La investigación continuará hasta abril de 2027, cuando concluya el plazo fijado para la etapa complementaria. Para entonces, la Fiscalía deberá haber esclarecido con mayor precisión cómo se planeó el ataque, qué ocurrió dentro de la Secundaria 13 y cuál fue la participación de cada uno de los hermanos en la muerte de Nery Edith y en las agresiones contra las otras cuatro víctimas.