*Liberan a ex edil de Nochixtlán, ligada a desaparición forzada de Claudia Uruchurtu.
*Sinónimo de impunidad del Gobierno de Salomón Jara Cruz, acusan.
14.12.2024 México.- Tras 4 años de lucha, la familia de la activista Claudia Uruchurtu Cruz denunció que la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca dejó en libertad el ayer a Lizbeth Huerta, ex presidenta municipal de Asunción Nochixtlán, quién está relacionada con la desaparición forzada de la defensora de los derechos humanos, el 29 de marzo del 2021.
“En otras palabras, privilegiaron favores al Gobernador del Estado, Salomón Jara, y a la 4T, antes que favorecer la justicia” y señalan que el comportamiento de la y los magistrados no pudo ser más entreguista debido al tráfico de influencias y cuestionaron la parcialidad de la justicia Oaxaqueña.
Las hermanas de la desaparecida activista Claudia Uruchurtu condenaron la liberación de la exalcaldesa, presa en el Penal de Tanivet, desde el 7 de mayo de 2021 y advirtieron que no las va a detener de la exigencia de verdad, justicia y reparación, pues seguirán luchando para acceder a la justicia para su hermana, ahora desde el ámbito internacional.
En comunicado difundido en redes sociales las familiares de la desaparecida activista dejaron claro que el 13 de diciembre del 2024, será una fecha simbólica de cómo en Oaxaca la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca modificaron a modo la sentencia.
“Decidieron modificar a modo la sentencia dictada en contra de Lizbeth Victoria Huerta, Nelci Yanet o Nelci Yanex Vásquez Jiménez y Juan Antonio Hernández Martínez, para facilitar su libertad y tender un manto de impunidad por la desaparición forzada de nuestra hermana Claudia Uruchurtu Cruz”.
Las hermanas Sara y Elizabeth Uruchurtu destacaron que esta decisión pesará sobre la conciencia de Margarita Leonor Gopar Pérez, Luis Enrique Cordero Aguilar y Abraham Isaac Soriano Reyes, la magistrada y los magistrados que modificaron la sentencia.
Ademas expusieron que con esto se mostrará cómo se privilegia en Oaxaca la injusticia sobre la verdad, la opacidad sobre el dolor de las víctimas y la omisión de aplicar los estándares internacionales de derechos humanos sobre una interpretación limitada.
“Pesará esta decisión que marca la historia de Oaxaca y muestra cómo se privilegia la injusticia sobre la verdad, la opacidad sobre el dolor de las víctimas”.
Acusaron que la magistrada Margarita Leonor Gopar Pérez ocupó dicho puesto después de ser parte de la Consejería Jurídica de Salomón Jara, lo mismo de un Magistrado Luis Enrique Cordero Aguilar, quién dice contar con una perspectiva pluralista y al no contar con la legitimidad de los pueblos originarios, busca ser premiado con el cargo de ministro después de la reforma al sistema Judicial, y finalmente de Abraham Isaac Soriano quién llegó a este cargo después de un escándalo por desempeñar dos funciones de manera inconstitucional y vulnerar la paridad de género en el poder judicial.
Lamentaron que la administración de justicia esté en manos de estas personas, y de Berenice Ramírez Jiménez, una Presidenta que dice defender los derechos de las mujeres, promover las órdenes de protección las 24 horas, los 365 días del año en Oaxaca, cuando no es capaz de garantizar que en el poder judicial se administre justicia correctamente a las mujeres que son víctimas de desaparición forzada.
“Nuestra voz es de enojo e impotencia, porque sabemos que tenemos la razón, también de dolor, porque queríamos un cambio en nuestro Estado, pero a pesar de ello, queremos también decirles al Gobernador del Estado, a la Presidenta del Tribunal, a la Magistrada y Magistrados, inclusive a la Presidenta de la República, que esto no nos va a detener en nuestra exigencia de verdad, justicia y reparación”, advirtieron.
Reiteraron que continuarán su lucha para acceder a la justicia hasta encontrar a su hermana Claudia y sentenciaron que la “libertad de Lizbeth Victoria Huerta es sinónimo de impunidad del gobierno de Salomón Jara”.
La defensora de derechos humanos acusó en múltiples ocasiones durante los últimos años actos de extorsión, abuso de poder y malos manejos de recursos públicos por parte de las autoridades municipales de Nochixtlán y presentó las denuncias correspondientes al órgano fiscalizador encabezado por la morenista Victoria Huerta, quien presuntamente dio la orden de la ejecución de Claudia Uruchurtu.
Claudia Uruchurtu fue víctima de desaparición Forzada tras participar en una protesta en el parque de esa localidad contra Lizbeth Victoria Huerta, la alcaldesa de Morena de la localidad, y contra la policía municipal después de que ésta golpeó a una persona. Testigos aseguraron que la activista fue subida a una camioneta de color rojo, después de lo cual no se supo nada de ella.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó la desaparición forzada de Uruchurtu Cruz, aunada a la de la defensora Grisell Pérez Rivera ocurrida en el Estado de México.
En diciembre del 2022, la jueza de control María Teresa Quevedo Sánchez reclasificó el delito de desaparición forzada del que se acusaba a la presidenta municipal, para reducirle la sentencia a cuatro años y dos meses de prisión por obstrucción de búsqueda, cuando procedía una sanción de entre 40 y 60 años de cárcel.
