Retrovisor
Ivonne Melgar
onfiado en sus amplios márgenes de credibilidad y en la etiqueta de corruptos y corruptores que portan los partidos y políticos de la oposición, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió cargarle al Partido Acción Nacional la responsabilidad del bonillazo.
Lo hizo cuando había crecido la presión de legisladores, intelectuales, consejeros electorales, personalidades y organizaciones civiles para que hubiera una condena presidencial a la ampliación de dos a cinco años del mandato del próximo gobernador de Baja California.
“Se me hace en el extremo de la hipocresía el ahora estar haciendo cuestionamientos de este asunto, cuando nuestros opositores fueron los que aprobaron esta decisión”, soltó López Obrador en la mañanera del pasado miércoles 24.
El Presidente tenía razón. Y la última prueba de su dicho había sucedido la noche anterior, cuando en una de las más descaradas manifestaciones del cinismo político, el
Congreso de Baja California, de mayoría panista, mandó a volar el exhorto a la rectificación que le hicieron todas las fuerzas políticas representadas en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Fue ante ese ratificado pacto de impunidad entre el gobernador saliente, Francisco Kiko Vega de Lamadrid, del PAN, y su relevo Jaime Bonilla, de Morena, que López Obrador pudo lavarse las manos acusando a los panistas de hipócritas.
Al darse por aludido, el dirigente del PAN, Marko Cortés, reviró que la hipocresía era presidencial y balconeó que el intento gubernamental de ampliar el mandato estatal venía de meses atrás, por conducto de la Secretaría de Gobernación, desde donde el subsecretario Ricardo Peralta defiende abiertamente la cuestionada reforma.
Pero la confesión del cabildeo de la Secretaría de Gobernación no exime a la dirigencia panista de la responsabilidad del bonillazo.
Porque aun cuando Marko Cortés alega que él, personalmente, no se prestó a operar el pacto de impunidad, está obligado a hacerse cargo de su deliberada omisión y a ejecutar una limpia en esa estructura partidista.
El PAN debe asumir el costo del bonillazo que le corresponde y eso implica una investigación del gobernador saliente y la puesta en marcha del juicio político contra todos los que diseñaron y concretaron en Baja California esa disfrazada reelección a espaldas del voto ciudadano.
Sólo aplicando esa purga en el PAN estatal, los panistas tendrán la posibilidad de seguir peleando mediática, legal y políticamente la batalla de ponerle un freno al efecto de contagio que, a nivel nacional y federal, podría tener el bonillazo, entendido como el uso descarado del Poder Legislativo a conveniencia del gobernante.
De ahí la importancia de la batalla parlamentaria que ese mismo miércoles ganó la oposición en la Comisión Permanente, donde el senador panista Damián Zepeda consiguió el acuerdo de palabra del diputado Mario Delgado, coordinador de Morena en San Lázaro, de ir en bloque a la Suprema Corte para presentar, como Congreso de la Unión, una controversia constitucional contra el bonillazo.
Porque en medio del debate sobre quién es más hipócrita, los diputados y senadores morenistas terminaron por sumarse a la condena que el presidente López Obrador se había negado a realizar.
Resulta significativo que el acuerdo de palabra contra el bonillazo –que incluye el compromiso de emprender el juicio político– haya recaído en Mario Delgado, principal prospecto para relevar en la dirigencia de Morena a Yeidckol Polevnsky, defensora pública número uno del bonillazo.
Y es que independientemente de si el mandato queda en dos o en cinco años, el grotesco alegato de la presidenta morenista a favor de la ampliación la colocó en el ala dinosáurica del partido en el poder.
Así que aún cuando los ministros de la Suprema Corte traicionaran su misión y, por quedar bien con el segmento voluntarista del gobierno, le dieran la bendición al bonillazo, Yeidckol y sus aliados están tocados y representan el peligro de las pulsiones autócratas.
Y es que, a un mes de que termine el primer año de la legislatura de la 4T, atestiguamos el fin de un ciclo, el de la ilusión de que todo era posible para la mayoría parlamentaria del Presidente.
Pero no es así. Ni la inédita credibilidad de López Obrador alcanza para purificar la hipocresía política.
Y el bonillazo los ha manchado a todos.
