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/Leonor Quiroz Carrillo /
Estamos viviendo un grave riesgo en el equilibrio institucional del Estado y será aún mayor si se tolera o normaliza la violencia política y el hostigamiento contra los órganos colegiados encargados de defendernos frente al poder público, como está sucediendo contra la mayoría del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en especial la ministra presidenta, que ha sido violentada de manera deleznable, y el Instituto Nacional
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que lleva acumuladas a la fecha más de siete mil resoluciones sin votar por la deliberada ausencia de nombramientos provocada por la mayoría legislativa del Senado para paralizarlo.
Que no se nos olvide que esos más de siete mil recursos de revisión que el INAI no ha podido resolver tienen rostro de ciudadanas y ciudadanos que están siendo afectados en la protección de sus derechos humanos.
Resaltan los señalamientos continuos que ha padecido la Corte por las resoluciones que han declarado la inconstitucionalidad de decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
