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09.02.2026 Sinaloa, – La Fiscalía General de la República informó que fueron localizados diez cuerpos en el municipio de Concordia, Sinaloa, como parte de la investigación por la desaparición de diez trabajadores de una empresa minera.
Cinco de ellos ya fueron identificados y corresponden a personas originarias de Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Guerrero. Los otros cinco permanecen en proceso de identificación.
El hallazgo se realizó en un predio de la localidad El Verde, donde personal de la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades estatales desplegaron un operativo conjunto.
En los últimos tres días, la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, ha sido escenario de actividades forenses y de seguridad tras el hallazgo de una fosa clandestina el pasado 6 de febrero.
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El informe es el de la recuperación varios cuerpos y, hasta el momento, cinco trabajadores mineros han sido identificados por sus familiares: José Ángel Hernández Vélez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Manuel Castañeda Hernández, José Antonio Jiménez Nevarez y Jesús Antonio de la O Valdez.
La coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México permitió avanzar en la localización de las víctimas y en el contacto con sus familiares, quienes recibirán los cuerpos en sus estados de origen.
La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada mantiene abierta la carpeta de investigación y continúa con la búsqueda de indicios que permitan esclarecer los hechos. El Ministerio Público ha señalado que se realizarán todas las diligencias necesarias para evitar que el caso quede impune.
La desaparición de los trabajadores se reportó en días recientes, generando preocupación en las comunidades mineras y en los estados de donde eran originarios.
El caso se convirtió en un asunto prioritario para las autoridades federales, que desplegaron fuerzas de seguridad y equipos de investigación en la zona serrana de Sinaloa.
La intervención de la FGR y el Gabinete de Seguridad responde a la gravedad del hecho y a la necesidad de garantizar justicia para las víctimas y sus familias.
