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/ Escrito por Lucía Melgar Palacios*/.
La ignorancia sirve a los tiranos, no a la democracia. Si esta, como planteaba Hannah Arendt, se basa en el diálogo, en un intercambio de ideas y argumentos; sí, para no caer en la obediencia ciega de órdenes superiores o normas excluyentes, es preciso mantener la capacidad de juzgar, de distinguir entre bien y mal, un sistema democrático exige una educación, formal e informal, que enseñe a pensar, que permita desarrollar un criterio propio desde una perspectiva amplia y diversa.
De ahí que, entre otras estrategias, los grupos y gobiernos autoritarios difundan falacias, restrinjan la libertad de expresión y censuren libros, periódicos y medios, para imponer su visión del mundo.
La actual eliminación de políticas públicas a partir de la criba de palabras como “género”, “mujer”, “diversidad”, “activismo” en los portales de internet oficiales y en las descripciones de proyectos apoyados con financiamiento federal en Estados Unidos es, en efecto, la culminación de una reacción conservadora (racista, misógina y enemiga del cambio) contra los avances hacia la igualdad y la inclusión de mujeres, grupos étnicos y personas diversas.
El camino hacia este estadio tecnificado del autoritarismo fue pavimentado, entre otros, por grupos locales empeñados en la misión de “defender la libertad” suprimiendo libros de las bibliotecas escolares y públicas.
Comités de madres/padres y asociaciones como Moms for Liberty lograron así coartar la libertad de leer y aprender de fuentes diversas, fuera del ámbito familiar.
Han proscrito tanto historias juveniles con personajes gays o trans (Gender Queer) como novelas que incluyan alusiones al sexo o a la violencia sexual (así sea para denunciarla, como en las novelas de Toni Morrison), y hasta abolido imágenes de obras artísticas, como el David de Miguel Ángel, o representaciones de prisioneros en campos de concentración (Maus), sólo por tratarse de cuerpos desnudos.
Con la llegada al poder de Trump y los creadores del Proyecto 2025, la censura se ha vuelto oficial y la abolición de las políticas de igualdad e inclusión explícita. So pretexto de defender la “libertad educativa” o los “derechos de los padres”, el Departamento de Educación ha abierto la puerta a quienes pretenden que estos, y no expertos, definan los planes educativos.
Las familias podrán también denunciar en un portal oficial actos de “discriminación” de docentes o estudiantes, es decir, denunciar una supuesta “discriminación inversa”. El desmantelamiento de la educación pública también persistirá mediante la promoción de “vouchers” para escuelas privadas.
La supresión del espíritu crítico, del disenso y del cuestionamiento al sistema mediante la censura institucionalizada incluye además la descalificación de políticas públicas igualitarias e incluyentes, dentro y fuera del país. Estigmatizar ciertos términos y redefinir otros permite reconfigurar el sentido del “bien común” en beneficio de la autocracia.
Si bien se ha prestado más atención al rechazo de la diversidad sexogenérica, la base del repudio de las acciones afirmativas tiene que ver con el resentimiento de estudiantes blancos contra las cuotas étnicas en las universidades. El racismo, en el fondo, sigue inspirando las políticas públicas y aspiraciones sociales conservadoras.
Hacia el exterior, se ha impuesto la misma visión retrógrada y excluyente. Ya hay convocatorias a becas (que antes de eran de cooperación) donde se pregunta si los proyectos contribuirán a “hacer más grande, más seguro, más próspero” a Estados Unidos, nuevo requisito para que se considere la solicitud.
La suspensión de financiamiento a USAID en el mundo y a comedores de escuelas públicas en el país se está justificando como medida contra el despilfarro de dinero público en políticas “liberales”, contrarias al proyecto del Ejecutivo. No importa si se dejan en el aire programas para prevenir el VIH/SIDA o atender la violencia sexual en zonas de conflicto o en campos de refugiados, ni si millones de personas se quedan sin agua o miles de estudiantes padecen hambre.
Tampoco importa si suprimir archivos con décadas de estudios y millones de datos o eliminar financiamiento a centros de investigación con base en una purga de palabras lleva a absurdos como impedir la previsión del clima o dejar de investigar la bio-diversidad o suspender nuevas técnicas para evitar el sangrado en diversos casos… y otras perlas dignas de la ficción más delirante. A fin de cuentas, triturar libros (como se hizo antes en Florida), borrar archivos digitales (como sucede ahora) o resignificar palabras “peligrosas” favorece la confusión y la incertidumbre, y facilita la transformación de mentiras en verdades.
Si nadie sabe leer un mapa ni buscar datos confiables, ni tiene experiencia ni memoria histórica, será más fácil imponer versiones oficiales como la patraña de que Putin busca la paz, Zelenski es un dictador y Ucrania tiene la culpa de la invasión rusa. O fascinar a los ya embrujados con la fantasía de que el sueño americano los llevará al paraíso.
CimacNoticias.com
*Ensayista y crítica cultural, feminista.
