Rúbrica.
Por Aurelio Contreras Moreno.
El autoritarismo rampante que caracteriza al régimen de la mal llamada “cuarta transformación”, a sus corifeos vociferantes y a sus textoservidores a sueldo, tanto a nivel estatal como nacional, apunta sus armas contra la libertad de expresión afectando incluso el derecho al trabajo y las garantías laborales.
Frente a casos muy mediatizados como el de la sentencia millonaria contra el académico y periodista Sergio Aguayo –si bien no acreditable al actual gobierno como tal, sospechosamente dictada en el momento del resurgimiento, con la venia de la “4T”, de la influencia política de Elba Esther Gordillo, “madrina” del demandante Humberto Moreira- aparecen muchos otros signos que cada vez dejan menos dudas sobre la intención del lopezobradorismo de acallar a los críticos de una u otra forma. Incluso, si sus críticas son vertidas en espacios privados y/o personales.
Valga el ejemplo de los sucesivos despidos que se están llevando a cabo en los medios públicos, que se han convertido en un botín para que los propagandistas del régimen los vuelvan unos miserables pasquines difusores de adoctrinamiento basura, disfrazado de información o entretenimiento.
Fue, por ejemplo, el caso del reconocido periodista Javier Solórzano, quien de buenas a primeras fue informado de que Canal Once prescindiría de sus servicios luego de seis años como conductor del noticiero nocturno de la emisora operada por el Instituto Politécnico Nacional. La razón aducida por la dirección –a cargo de un conocido mercenario de la política, el ex gobernador priista de Tlaxcala y hoy senador con licencia de Morena, José Antonio Álvarez Lima- fue que las noticias ahora serían presentadas por los propios reporteros, sin un presentador gancho. Lo que más bien apesta a censura.
Los medios públicos en los estados no están exentos de estas prácticas. En Radiotelevisión de Veracruz –dirigida por el ex reportero Víctor Hugo Cisneros, sobrino del secretario de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos- se registran despidos desde el mes de diciembre que han afectado a personal que llevaba incluso más de 10 años de laborar en la emisora, bajo el sobado pretexto de la austeridad.
Sin embargo, es un hecho que se preparan nuevas contrataciones de personal afín, personal y políticamente, a la directiva, mientras que a muchos de los despedidos -en condiciones leoninas- se les puso en esa “lista negra” por no coincidir con los prejuicios y candados ideológicos de la “4T”.
Asimismo, periodistas críticos que no aceptan “cochupos” del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez reciben presiones, vía la amenaza con despojar de sus fuentes de trabajos a familiares que laboran en la administración estatal, para que se “alineen” o se atengan a las consecuencias.
Huelga decir que esto sucede también estados como Puebla y otros donde los gobiernos de Morena han implantado un terrorismo laboral sistemático, que llega hasta la delación de las conversaciones informales y las opiniones expresadas en el fuero personal. Cualquier crítica a la “cuarta transformación” es suficiente para causar un cese fulminante.
Mientras eso sucede y desde sus redes sociales algunos “notables” lopezobradoristas difaman impunemente a los ciudadanos que expresan legítimamente su desacuerdo con el gobierno y sus decisiones; mientras un alcalde de Morena en Sinaloa manda a asesinar a un reportero; desde el gobierno de la República se jura que “son tiempos nuevos; no hay corrupción ni autoritarismo; se respeta la libertad, la crítica y la diversidad de pensamiento”.
Igual decían los fascistas.
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