*Zurda .
/ Ruth Zavaleta Salgado /
Este 17 de octubre se cumplieron 69 años del reconocimiento constitucional del derecho a votar y ser electas de las mujeres. Primero ocurrió en el ámbito local, en Yucatán en 1922, cuando gobernaba el socialista Felipe Carrillo Puerto. Emitió un decreto para que las mujeres pudieran votar y ser electas, sin embargo, el gusto duró poco porque en 1924 fue asesinado y el decreto fue invalidado, pero la semilla se había sembrado y otras entidades le siguieron el ejemplo. De forma coyuntural, en diversos estados se emitieron decretos para reconocer estos derechos políticos de las mujeres a nivel local (1924, San Luis Potosí; 1925, Chiapas; 1936, Puebla; 1938, Sinaloa; 1951, Hidalgo, Tamaulipas, Estado de México y Guerrero), pero dependía de la voluntad política de cada gobernante. Fue hasta 1947 que se reformó el artículo 115 constitucional para que las mujeres votaran y fueran electas, pero sólo en las elecciones municipales y, en 1953, por fin, a nivel federal.
A partir de 1955 (la primera elección federal después de la reforma constitucional) fue que las mujeres pudieron ejercer el voto y elegir a otras mujeres como representantes políticas, se fortaleció la idea de impulsar una nueva cultura de la igualdad de género. El proceso ha sido lento, pero poco a poco, se va generando el círculo virtuoso para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. Por círculo virtuoso me refiero al proceso que implica lograr una verdadera igualdad en lo formal, sustancial y de resultados.
Se entiende por igualdad forma a la igualdad ante la ley y que supone que mujeres y hombres tienen los mismos derechos y trato. Al respecto podemos mencionar el artículo 1° constitucional que mandata la no discriminación, o el 4° que establece la igualdad de hombres y mujeres o el 3° sobre la igualdad en la educación, o el 41 sobre la paridad política. Además, la creación de diversas leyes secundarias y la armonización en el ámbito local.
Queda claro que lo más robusto de la estructura formal para reconocer los derechos de las mujeres se produjo cuando aumentó el número de legisladoras en el Congreso de la Unión. Este crecimiento no fue fortuito, las mujeres lucharon durante largos años para lograr que los partidos políticos respetaran las cuotas de género, no lo hicieron hasta que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Electoral emitió la sentencia del 11 de noviembre de 2011. De esta forma, el Instituto Nacional Electoral (INE) obligó a los partidos a registrar las candidaturas respetando la cuota de ese entonces (40/60). Esta acción catapultó la presencia femenina en el Congreso de la Unión y con ello se pudo transitar a la reforma paritaria. Siendo la cuota de género una acción afirmativa para “poner el piso parejo”, la sinergia quedaba clara: entre más presencia femenina, mayor posibilidad de tener acceso al poder político. Por otra parte, entre mayor presencia femenina, mayor posibilidad de impulsar la agenda de las mujeres, pero, sobre todo, lograr presupuestos etiquetados para implementar las políticas públicas, programas y acciones que generan la igualdad sustantiva, es decir, garantizar la igualdad en los hechos.
Lamentablemente, la discriminación contra las mujeres es un problema estructural y, si bien es cierto, hay avances tangibles en la igualdad política y algunos pocos en la igualdad social y económica, la violencia de género se convirtió en el talón de Aquiles de la igualdad de resultados. Así lo demuestran los propios datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Diversos delitos contra las mujeres han crecido exponencialmente. Los ejemplos más significativos son los que se refieren a los homicidios dolosos y culposos, en general presentan una disminución, pero cuando las víctimas son mujeres, se incrementan. El dato más doloroso es el de los casos de feminicidios que, de agosto a septiembre, pasaron de 71 a 78. Con este dato suman 711 casos de enero a septiembre.
¿Qué es lo que sigue fallando? No cambiar la forma de atender este problema, se sigue haciendo lo mismo que en las pasadas administraciones, pero con menos recursos económicos.
