*A juicio de Amparo-
/ Amparo Casar /
El próximo domingo, aunque sea por dos horas y a la fuerza, la estrategia defensiva de Sheinbaum tendrá que ponerse en pausa. Sus cancelaciones a múltiples foros por no poder imponer formato, tiempos y preguntas a modo no funcionarán esta vez. Tendrá que exponerse, arriesgarse y enfrentar cuestionamientos incómodos. A pesar de la rigidez de los debates presidenciales a la mexicana, podremos observar contrastes en diagnóstico, propuestas y, también muy importante, en actitud y carácter.
Los temas del primer debate serán difíciles para la candidata oficial, tanto por los resultados que ha entregado el gobierno federal como por su desempeño como jefa de Gobierno. Enlisto tres: violencia contra las mujeres, combate a la corrupción y transparencia.
¿Abrazará el mismo diagnóstico oficial probadamente alejado de la realidad, pero repetido hasta la saciedad por quien le entregó el bastón de mando? “Éste es el gobierno más feminista de la historia”, “la corrupción ya se terminó” y “somos el gobierno más transparente de la historia”. La carga de la prueba en contrario tocará a sus contrincantes. Hay mucha tela de dónde cortar.
Desde que llegó López Obrador a la Presidencia se han registrado 4 mil 800 casos de feminicidio. La CDMX ocupa el tercer lugar. La presunción de que han ido a la baja no se sostiene. Sheinbaum presume que redujo los feminicidios de 259 en 2019 a 189 en 2022. No parece ser cierto. Un estudio de Jaso y Contreras (Muertes violentas de mujeres en CDMX: registros alterados y alertas deficientes, Nexos, marzo de 2024) muestra que existe una correlación inversa entre número de feminicidios –a la baja– y “homicidios de mujeres por causa no determinada”, al alza. Hablando en plata, si se suman las tres categorías, entre 2019 y 2022 hay un aumento de 22% en muertes violentas de mujeres. Pasaron de 469 a 574. La presunción de que nunca se habían dedicado tantos recursos a las políticas en favor de las mujeres también es falso: 94 de cada 100 pesos corresponden a programas que no tienen ninguna perspectiva de género. A ver qué realidad alterna nos recetan.
Lo mismo ocurre con la corrupción. En primer lugar, la candidata oficial no debería proponer política alguna pues, a decir de López Obrador, la “corrupción ya se terminó”.
Sabemos que no es así. La tasa de prevalencia real de corrupción entre los ciudadanos reportada por el Inegi es 16% mayor que la de hace una década; la CDMX ocupa el nada honroso tercer lugar en percepción de corrupción; la media nacional es de 83.1 y en la CDMX es de 87.8; la tasa de prevalencia de víctimas de corrupción, que a nivel nacional alcanzó a 13 mil 966 personas por cada 100 mil habitantes, en la CDMX es de 15 mil 739. Por si fuera poco, para los capitalinos la corrupción es la más cara del país. En Chihuahua el promedio de costo por víctima de actos de corrupción fue de 827 pesos, en la CDMX el costo es el más alto de todos los estados: 6 mil 471 pesos. Eso es lo que se paga para sobrevivir en un mar de corrupción. Además, la corrupción también se paga con la vida, como lo saben los 27 muertos por la caída de la Línea 12 del Metro y cuyo caso sigue impune.
Vaya, ni las formas parecen importarle. Sheinbaum acaba de incorporar a Leonel Cota, exdirector de Segalmex –la dependencia que cometió un fraude de más de 15 mil millones de pesos– a su equipo de campaña. Todavía no tiene el poder y ya protege a probables responsables.
En transparencia no hay nada que presumir. La desinformación y la opacidad han sido el sello de la administración federal y de la CDMX. En Sin otros datos, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad demostró que, a nivel federal, en siete de cada 10 bases de datos que las dependencias transparentaban en datos.gob.mx dejaron de existir o están desactualizadas desde hace 24 meses. Para la CDMX la situación es, si cabe, peor. Renata Gómez y Leonardo Núñez publicaron en La capital de la opacidad (MCCI, 14-03-23) un hallazgo demoledor. Al menos durante los primeros cuatro años del gobierno de Sheinbaum, no se transparentaron cabalmente los contratos públicos otorgados, aunque a ello se está obligado y su premiada plataforma del Tianguis Digital no tiene datos de un solo contrato realizado. Y no estamos hablando de cacahuates. Tan sólo en 2022, el gobierno de Sheinbaum estimó que gastaría 58 mil millones de pesos en contrataciones públicas.
Pero la pregunta del millón es si desaparecerá el Inai. Suponemos que sí, porque ya dio su respaldo a las 20 reformas constitucionales planteadas por AMLO y ya anunció que la corrupción se combatirá bajo el mando presidencial. Más concentración de poder. ¿Se atreverá a decirlo en el debate?
En fin, de repente no sé para qué insistir en tanto dato que revela lo fallido de la 4T. La realidad alterna del Presidente y de Sheinbaum, la dosis de autoritarismo ejercido por ambos, las carretadas de recursos públicos bajo la mesa y la imparable e ilegal propaganda presidencial parecen estar ganando la contienda.
