*Astrolabio Político.
/ Por: Luis Ramírez Baqueiro /
“El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”. – Lord Acton.
La detención del jefe de Prestaciones Médicas del IMSS Veracruz Sur abre una pregunta que el Seguro Social tendrá que responder con expedientes en la mano. ¿Qué controles operaban en una oficina con capacidad para intervenir en trámites médicos que pueden comprometer recursos durante años? En cuatro días fueron detenidos seis trabajadores del Instituto en la región de Córdoba y Orizaba, entre ellos dos directivos. Las capturas ponen bajo escrutinio a una estructura que tiene mucho más que explicar que el nombre de sus nuevos encargados.
El lunes 9 de noviembre, la gobernadora Rocío Nahle García atribuyó el operativo del viernes 6 a trabajos de inteligencia y a señalamientos de presunta extorsión. “Este fin de semana, el viernes, un operativo muy fuerte federal con el estado, se agarró también a ciertas personas, por supuesto, señalamiento de extorsión”, declaró. Entre los detenidos en ese despliegue estuvo José Roberto “N”, entonces director de la Unidad de Medicina Familiar 61 de Córdoba, junto con otros cuatro trabajadores del IMSS.
Al día siguiente, el martes 10, fue detenido Luis Arturo García Vázquez, jefe de Prestaciones Médicas del IMSS Veracruz Sur. La Fiscalía de Veracruz informó que se le investiga por su presunta participación en el secuestro de una persona el 26 de noviembre de 2025, en Río Blanco. Según la indagatoria, durante el cautiverio se habría exigido a la víctima la entrega de propuestas sindicales y la presión habría continuado después de su liberación. Corresponde a las autoridades precisar qué conducta se atribuye a cada detenido y si existe un vínculo entre los expedientes.
¿Qué se pretendía obtener con esas propuestas sindicales? Una hipótesis que merece revisión documental es el posible uso de dictámenes apócrifos para tramitar prestaciones. En una pensión por invalidez, por ejemplo, el dictamen médico acredita una condición que puede incidir en el número de semanas de cotización exigidas. La resolución de pago requiere otras validaciones. Si un dictamen fue falseado, hay que seguir el expediente completo, desde el diagnóstico hasta el primer depósito. Ahí se puede establecer quién firmó, quién validó y quién cobró.
El caso abre una discusión incómoda sobre el papel de algunas dirigencias sindicales en Veracruz. Si el presunto negocio consistía en captar solicitantes, gestionar trámites y cobrar por hacerlos avanzar, ¿quién acercaba a los trabajadores y quién facilitaba el acceso a las oficinas? La investigación debe esclarecer si algún dirigente tuvo tratos directos con el entonces jefe de Prestaciones Médicas y si recibió parte del dinero presuntamente obtenido mediante extorsión. Si el esquema dependía de ese respaldo sindical para sostenerse, las comunicaciones, los expedientes y el rastro de los pagos pueden revelar quién intervenía, qué ofrecía y cuánto recibía.
En su comunicado, el IMSS Veracruz Sur informó que separó de inmediato a Luis Arturo “N” del cargo y que revisará los procedimientos en los que participó al frente de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) Veracruz Sur. También reiteró que colaborará con la Fiscalía General de la República (FGR) y dejó al médico Jorge Manuel Alegría como encargado de la jefatura.
La revisión debe abarcar todo el periodo en que García Vázquez ocupó el cargo y seguir la cadena de supervisión hasta las oficinas centrales. ¿Hubo alertas sobre trámites atípicos? Si las hubo, ¿quién las recibió y qué hizo con ellas? Si aparecen indicios sobre la intervención de intermediarios o dirigentes sindicales, habrá que establecer su papel a partir de las autorizaciones y los pagos. Y si se detectan irregularidades, cada prestación deberá revisarse por separado, con respeto a los derechos de quienes la reciben. Para muchas familias, esa mensualidad es el ingreso del que viven.
También cabe preguntar si instituciones como el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) recibieron en algún momento información sobre presuntas irregularidades o presiones relacionadas con estos trámites. El propio IPE puede fijar su postura y precisar si tuvo conocimiento de algún antecedente y, en su caso, qué trámite le dio.
Para los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Rocío Nahle, la prueba será que la investigación avance hasta donde lleven los documentos, incluso si comprometen a un dirigente sindical o a un mando en oficinas centrales. Si se acredita un desfalco, toca recuperar el dinero y aplicar la ley a quienes resulten responsables. El alcance de Enjambre se medirá también por la capacidad de explicar quién autorizó cada pago irregular y cómo pudo pasar por todos los escritorios que debían impedirlo.
Al tiempo.
“X” antes Twitter: @LuisBaqueiro_mx