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01.04.2023. México.- Con un pronunciamiento el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), una organización de la sociedad civil que promueve los derechos de las mujeres en la migración condenó los hechos que dejaron un saldo fatal de 39 migrantes quemados y un número aun indeterminado de lesionados, donde hay 11 hombres con estado de salud de pronostico reservado.
En su documento IMUMI refieren que las muertes pudieron evitarse. Las organizaciones de la sociedad civil hemos insistido que las estaciones migratorias configuran espacios donde no se garantizan condiciones mínimas en la detención de las personas y documento otros casos de muertes en estaciones migratorias.
“en 2019 una niña de 9 años murió en la estación migratoria de la Ciudad de México, aún no existe reparación integral a la familia; en 2020 un hombre murió en la estación migratoria de Tenosique, Tabasco tras un incendió; ese mismo año otras personas migrantes murieron por falta de atención médica ante la COVID-19. En todos los casos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió recomendaciones al INM y su titular por la falta de protección de la integridad de las personas sin que se hayan tomado medidas para la no repetición o haya un costo político, por el contrario, se ha mostrado la impunidad de la que goza el INM”.
Destacaron que la política migratoria del gobierno mexicano tiene como uno de sus ejes la criminalización de la población migrante.
“En días pasados agentes del INM realizaron operativos de detención de familias migrantes y con necesidades de protección internacional quienes se encontraban en las calles de Ciudad Juárez vendiendo dulces o pidiendo dinero ante los tiempos largos de espera para la resolución de sus solicitudes de asilo, la obtención de documentos migratorios o la imposibilidad de contar con un empleo -muchas de las familias contaban con documentos de estancia regular migratoria en México. Esta acción no tiene que ver con la protección de las personas sino con la criminalización de las personas migrantes y la pobreza.”
Las defensoras de los D,H, de las mujeres urgieron a que el Estado mexicano debe tener un costo ante sus omisiones y el comisionado del INM destituido. “Las familias migrantes tienen derecho a estar y buscar protección en los lugares donde se sientan seguras”.
PRONUNCIAMIENTO
¡LA DETENCIÓN MIGRATORIA MATA!
Nosotras, defensoras de los derechos de las mujeres en la migración y sus familias condenamos los hechos sucedidos la noche del 27 de marzo en Ciudad Juárez donde la detención migratoria condenó a 41 personas migrantes a morir atrapadas en medio de un incendio sin que hasta este momento haya claridad de las causas que lo originaron, la responsabilidad de las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), local y federal, y las medidas de protección que implementan en las estaciones migratorias para proteger la vida de las personas ante situaciones como estas.
Estas muertes pudieron evitarse. Las organizaciones de la sociedad civil hemos insistido que las estaciones migratorias configuran espacios donde no se garantizan condiciones mínimas en la detención de las personas -en 2019 una niña de 9 años murió en la estación migratoria de la Ciudad de México, aún no existe reparación integral a la familia; en 2020 un hombre murió en la estación migratoria de Tenosique, Tabasco tras un incendió; ese mismo año otras personas migrantes murieron por falta de atención médica ante la COVID-19. En todos los casos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió recomendaciones al INM y su titular por la falta de protección de la integridad de las personas sin que se hayan tomado medidas para la no repetición o haya un costo político, por el contrario, se ha mostrado la impunidad de la que goza el INM.
Diversas recomendaciones internacionales y nacionales han señalado como la detención migratoria debe ser la excepción. El pasado 15 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió inconstitucional la detención migratoria por más de 36 horas y reiteró que la detención migratoria debe ser utilizada como una medida excepcional y no como la regla. Dos días después, el INM aceptó la resolución de la SCJN y señaló daría cumplimiento a la misma, no obstante, las detenciones continuaron.
La política migratoria tiene como uno de sus ejes la criminalización de la población migrante. En días pasados agentes del INM realizaron operativos de detención de familias migrantes y con necesidades de protección internacional quienes se encontraban en las calles de Ciudad Juárez vendiendo dulces o pidiendo dinero ante los tiempos largos de espera para la resolución de sus solicitudes de asilo, la obtención de documentos migratorios o la imposibilidad de contar con un empleo -muchas de las familias contaban con documentos de estancia regular migratoria en México. Esta acción no tiene que ver con la protección de las personas sino con la criminalización de las personas migrantes y la pobreza.
La detención migratoria derivada de aceptar, avalar e implementar políticas migratorias de contención en complicidad con Estados Unidos, mata. El pasado 26 de octubre, las y los ministros de la Primera Sala de la SCJN aprobaron un proyecto en el que señalaron que el Estado mexicano incurrió en omisiones en la protección de derechos de las personas devueltas a México bajo el Protocolo “Quédate en México”, al no contar con un proceso claro de protección, no publicarlo en el Diario Oficial de la Federación y no incorporar una perspectiva de género, derivando en actos violentos hacía esta población sin acceso a la justicia. No obstante, sigue aceptando acuerdos con el gobierno estadounidense para recibir a personas migrantes sin que exista un procedimiento claro para la protección de esa población y el fortalecimiento del sistema de asilo mexicano, en un contexto de graves violaciones de derechos y la impunidad del INM.
No podemos seguir contando cuerpos ni permitiendo que familias queden destrozadas por políticas migratorias de contención, el Estado mexicano debe tener un costo ante sus omisiones y el comisionado del INM destituido. Las familias migrantes tienen derecho a estar y buscar protección en los lugares donde se sientan seguras.
