*Desde el gobernador y otros funcionarios protegen a potencial feminicida.
/ Soledad Jarquín Edgar /
Inadmisible. Esa es la única palabra que encuentro para definir la actitud del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz; del secretario de Gobierno, Jesús Romero López, y de la secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Karina Barón Ortiz.
Dicen que perro que come huevos ni quemándole el hocico deja de hacerlo. Es justamente lo que ha sucedido con el caso de Donato Vargas Jiménez, coordinador de Delegados de Paz, de la Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca, denunciado por diversos tipos de violencia en contra de su expareja y por ser integrante de un chat de contenido misógino, machista y sexista, en el que para desgracia de Oaxaca, participan funcionarios públicos, integrantes de Morena y de la diputación local.
En el chat misógino se ve claramente la comisión de diversos delitos como el de trata de personas con fines de explotación sexual, la cosificación de las mujeres y la sexualización de ellas para divertimento de hombres que de esta forma se convierten en una parte de la repugnante trata de mujeres.
Esos funcionarios, como Donato Vargas, defendido por el gobernador Jara Cruz en su mañanera como hombre probo, leal a la causa de la 4T y buen servidor público, y otros muchos cuyos nombres no tardan en salir a la luz pública, han violado desde la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocida como “Convención De Belém Do Pará”, de la que México es parte hace casi 25 años; la Ley General y Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Olimpia, solo por citar tres normativas que abarcan contextos internacional, nacional y local.
Donato Vargas es, yo diría, un pájaro de cuenta, solapado por el amiguismo ahora en el poder y que actúa de forma negligente, con grados altísimos de opacidad, encubrimiento y complicidad que dan como resultado una impunidad total, que tiende a repetirse, porque ese tipo de hechos en los que Donato Vargas ha estado involucrado es la segunda vez que se denuncian, el primero ocurrió en 2020, cuando las víctimas fueron mujeres ayuuk.
No se puede pasar por alto la supina ignorancia del coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso local, Luis Alfonso Silva Romo, quien declaró a la prensa que desconoce el tema, entonces oficiosamente defiende a Donato Vargas y minimiza los hechos, uno de los cuales involucra acciones de todo tipo de violencia de género en contra de su expareja, hoy en riesgo de ser víctima de feminicidio, como ella misma ha dicho. Pero para el diputado expanista hoy morenista, resultan ser actos del ámbito privado y, por tanto, son eso privados.
Que pena con el legislador Luis Alfonso Silva Romo pero, para que él y los otros no caigan en barbaridades, les cuento que, la violencia contra las mujeres y niñas, incluyendo la violencia en el ámbito familiar, constituye una violación a sus derechos humanos y es un asunto de orden público y el Estado debe intervenir, así se reconoció en 1980, hace 43 años, a partir de la segunda Conferencia Mundial de la Mujer. Por lo tanto creer que “es vida privada” es atraso total, ceguera de género y hasta machismo.
Así que mientras unos lo defienden, otros son ignorantes, los otros dos, Jesús Romero y Karina Barón, han sido señalados por la víctima de Donato Vargas, como testigos de hechos de violencia en su contra y hoy guardan cómodo silencio, pero lo que hacen es ser cómplices de un potencial feminicida. De la misma manera que lo fueron los exfiscales de Oaxaca, Rubén Vasconelos y Arturo Peimbert Calvo, quienes se hicieron caso omiso de las denuncias de las mujeres ayuuk desde hace poco más de dos años y la denuncia de la expareja de Donato Vargas. Ahora toca al actual fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla, quien aún tiene la posibilidad de cambiar la triste realidad y lo inadmisible de estos hechos.
He conocido de manera directa varios episodios y distintos tipos de violencia ejercidos por Donato Vargas en contra de su expareja. Estoy más asorada por la impunidad de la que goza el funcionario de la 4T, gracias a la intervención de todas las personas antes mencionadas, pero también sigo impactada por los silencios cómplices.
Recientemente las regidoras del Cabildo de Veracruz, Belém Palmeros, solicitó a sus compañeras regidoras romper el quórum en la sesión de este 28 de marzo, en protesta por la acusación en contra del regidor Sebastián, señalado por al menos 16 mujeres de haber cometido violencia física, psicológica y sexual.
Otra que puso el ejemplo fue Cony Rueda en el Congreso local, quien, desde la tribuna, pidió a los funcionarios y legisladores involucrados en el chat misógino y sexual, deben separarse del cargo o renunciar y pedir disculpas públicas a las mujeres agredidas. Yo añadiría, que ahí el fiscal de Oaxaca tiene bastante trabajo y, en su caso, que intervenga -si le da la gana porque ahí es de contentillo- la Fiscalía General de la República, porque la trata es un delito federal y los chat pueden ser el hilo conductor a ese otro tipo de delitos contra las mujeres, las adolescentes y las niñas.
Sería bueno que las funcionarias del gabinete de Salomón Jara pusieran un ultimátum al mandatario ante estas denuncias que ponen en entredicho cualquier discurso donde supuestamente se reconozcan los derechos humanos de las oaxaqueñas. Si no hacen algo, su silencio también las hará cómplices. Lo otro es sensibilizar un poco a funcionarios con tanto poder como Chucho Romero y Karina Barón, porque de lo contrario seguirán mal informando a Salomón Jara quien tarde o temprano pagará los platos rotos.
