*Organizaciones de la Red establecen sus principales demandas en su agenda de derechos humanos en 2025.
05.01.2024. Ciudad de México.- Las organizaciones de la Red TDT de la Región Centro han definido las prioridades para la agenda de derechos humanos para este nuevo año.
Entre los puntos destacados están la solicitud al Gobierno de México para garantizar la protección y seguridad de las personas en tránsito migratorio, la erradicación del desplazamiento forzado ocasionado por el crimen organizado y la oposición a la militarización, problemáticas que afectan principalmente a las niñas y mujeres del país.
Crisis migratoria
Uno de los ejes más alarmantes es el contexto migratorio, especialmente ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, se podría desencadenar el riesgo de violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, incluyendo a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Se ha señalado que, con su toma de protesta, declarará estado de emergencia y considerará como invasores a quienes crucen la frontera de manera ilegal.
La Red TDT hace un llamado de solidaridad a la sociedad mexicana para atender las amenazas de deportaciones masivas de migrantes quienes están expuestos a delitos como el secuestro, la extorsión, la trata de personas, las desapariciones e incluso ejecuciones. Según datos del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, actualmente hay más de 38 millones de mexicanos en Estados Unidos, de los cuales 4.8 millones están en calidad de indocumentados.
Cimacnoticias reportó en diciembre del 2024 que las políticas actuales de reintegración en las fronteras sur y norte no contemplan el acceso a vivienda, empleo, identidad jurídica, inclusión financiera ni atención con perspectiva de género, particularmente para mujeres víctimas de violencia. Pese a estas carencias, las caravanas migrantes siguen intentando cruzar hacia Estados Unidos antes de que se consoliden medidas más restrictivas.
Militarización del país
Otro de los temas centrales en la agenda de la Red TDT es la crítica a la militarización de la seguridad pública. En septiembre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que adscribió a la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Esta dependencia ha sido señalada como una de las principales agresoras de migrantes, con denuncias por desapariciones forzadas, homicidios, vínculos con el narcotráfico y violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes.
Las organizaciones rechazaron esta reforma, argumentando que el uso del ejército en las calles no ha logrado disminuir la violencia. Por el contrario, exige un cambio de estrategia nacional para 2025, con políticas orientadas a erradicar la violencia y garantizar los derechos humanos.
Un análisis elaborado por Data Cívica e Intersecta en colaboración con organizaciones feministas, titulado Análisis de la propuesta de reforma constitucional sobre las fuerzas armadas, señala varios riesgos asociados a esta reforma:
- Aumento de la violencia: En municipios con presencia militar, se observa un incremento tanto a corto como a largo plazo en homicidios de hombres y mujeres.
- Violencia contra mujeres migrantes: La Guardia Nacional y el personal militar han sido señalados como agresores de mujeres y niñas migrantes, sometiéndolas a violencia física, psicológica, abuso sexual y separación familiar, muchas veces frente a sus hijos.
- Homicidios en entidades militarizadas: Las entidades donde las secretarías de seguridad son dirigidas por personal militar exhiben tasas más altas de homicidios, especialmente de mujeres en años recientes.
Desplazamiento forzado interno
La problemática del desplazamiento forzado interno (DFI) sigue siendo un desafío mayor para México. Las víctimas, en su mayoría mujeres, niñas y niños de comunidades indígenas, son forzadas a abandonar sus hogares debido a la violencia generada por el crimen organizado, la militarización y la paramilitarización. Estas personas suelen dirigirse hacia las ciudades, donde enfrentan la falta de apoyo institucional y el incumplimiento de sus derechos humanos.
Entre 2006 y 2020, al menos 356,792 personas en México fueron desplazadas internamente por eventos de violencia masiva, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En 2021, se registraron aproximadamente 29,000 nuevos casos de desplazamiento masivo.
A pesar de que el gobierno federal reconoció oficialmente la existencia del DFI en 2019, solo cuatro entidades cuentan con legislación específica para abordar este fenómeno y tipifican como delito su provocación: Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas.
Violencia contra mujeres defensoras y periodistas en México
La violencia en contra de mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas en México continúa en aumento, subrayando la necesidad urgente de colocar en la agenda pública la atención y erradicación de estas agresiones. Tan sólo en 2023, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México registró 1,788 agresiones contra activistas y 184 casos de violencia dirigidos a mujeres periodistas, todos relacionados con su labor profesional.
De acuerdo con Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), el 38% de los agresores son funcionarios públicos, lo que revela una preocupante complicidad desde las esferas del poder. Este dato refuerza la percepción de que las defensoras y periodistas no sólo enfrentan riesgos inherentes a su labor, sino también la opresión sistémica y un pacto patriarcal que opera desde instituciones políticas y militares.
De cara a 2025, las mujeres periodistas han exigido al gobierno de Claudia Sheinbaum medidas urgentes para garantizar su seguridad y el ejercicio de su profesión libres de violencia, así como acciones contundentes para frenar la crisis de desplazamiento forzado interno.
Según datos de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), actualmente se tienen registrados 51 defensoras en desplazamiento forzado, una periodista en exilio, seis periodistas y cuatro defensoras desaparecidas, además de 17 periodistas asesinadas por feminicidio. Es importante destacar que, en México, no existe un mecanismo de protección integral con enfoque de género que atienda las necesidades específicas de las mujeres en situación de vulnerabilidad.
Ante este panorama, las demandas de defensoras y periodistas por acceder a una vida libre de violencia se erigen como una de las principales deudas del gobierno de Claudia Sheinbaum. No es posible hablar del «Tiempo de Mujeres» ni declarar el «Año de las Mujeres Indígenas» mientras persisten casos de impunidad, como el de Adriana y Virginia Ortíz, defensoras triquis asesinadas en Oaxaca el pasado 6 de noviembre.
