Por: Héctor Calderón Hallal
Cae de nuevo el segundo tercio del año, segundo del ejercicio de Andrés Manuel López Obrador e, inevitablemente, el rumor de una mala decisión política se alimenta con los hechos de la presa de Delicias, Chihuahua, el pasado 9 de septiembre.
Es entonces cuando el ciudadano de este país, en su largo peregrinar por la ruta de la esperanza, atraviesa las calles desiertas y las laderas empinadas aquellas, que conoce desde hace mucho tiempo: las de la improvisación que cada 6 años le trae un Tlatoani renovado que pretende reinventar al país, sea del signo electoral que sea.
Cuando se le presenta al Gobierno Federal el primer brote digamos significativo de insurrección política, tomando como pretexto el agua de la presa de La Boquilla en tiempos de sequía, genuinamente organizado por pequeños y medianos propietarios afectados o mezquinamente alebrestados por la oposición de neoliberales o conservadores, como quiera vérsele, las áreas de planeación de la seguridad pública del gobierno, debieron haber entendido para qué sirve el binomio información-inteligencia policial.
Este crudo episodio que terminó en el fallecimiento de una mujer y las lesiones graves de un varón, ambos manifestantes de esos lamentables hechos acontecidos en Delicias, Chihuahua, pudo y debió haberse evitado, con trabajo de inteligencia, anticipándose a los hechos.
Los elementos de la Guardia Nacional que dispararon no se equivocaron, desafortunadamente… porque quien obedece no se equivoca, la máxima se explica sola. El protocolo se aplicó pues. Finalmente, en los hechos, son soldados vestidos de Guardia Nacional. No es un cuerpo civil… y en ningún gobierno del mundo, ni ningún experto en teoría del estado que se respete, hasta donde se sabe, sostiene nada que tenga que ver con “el desarme de un ejército o un cuerpo de seguridad del estado”.
Debió haber antes un sistema de inteligencia policial, alimentado por información política levantada con trabajo de campo, documental y pericial, presentado en tarjetas de prospectiva que, entre otras cosas, propusieran anticiparse a un choque frontal de civiles con el cuerpo de seguridad y “protección ciudadana” en el terreno del conflicto, como ocurrió deplorablemente. Para eso servía pues todo el aparato de información e inteligencia policial que desmantelaron por prejuicio político e ideológico, en estos 22 meses de gestión que llevan.
Las delegaciones de la Segob en los estados (llamadas últimamente y por prejucio de prianistas también, “Oficinas de Representación”); y las también famosas delegaciones del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN desaparecido), tenían esas funciones y le habrían dado en muchos años –quiérase o no- al país, con todo y sus excesos en el uso de la fuerza y en el deleznable espionaje político, cierta estabilidad política, evitando este tipo de eventos como el de La Boquilla.
Ningún gobierno del mundo desprecia el valor de la información ni del ciclo de la inteligencia.
A lo que se suma quizá lo más grave del tema.
Habiendo reconocido propios y extraños hasta el cansancio, con estos lamentables hechos y muchos otros de la historia reciente de este país, que necesitamos formar mejores policías, que no estén a expensas de la tentación de delincuentes organizados y que, en general, se profesionalicen y logren ser funcionales a ese México transformado, donde no habrá nunca más corrupción ni maldad humana en el mundo, el Gobierno de la República propone en su Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021, eliminar de tajo el el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), disminuyendo tanto el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en los Estados (FASP), como el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN).
Para el FASP se estima un presupuesto de 7 mil 695 millones de pesos, 258 millones de pesos menos que lo asignado para el año en curso.
Es curioso, pero aún cuando el gobierno de López Obrador ha insistido en que impulsa la desmilitarización del país, en este proyecto de presupuesto 2021, plantea aumentar en 18 mil millones de pesos el gasto en las fuerzas armadas militares, suprimiendo y disminuyendo sensiblemente a la vez el presupuesto para que las policías estatales y municipales, donde está el verdadero cáncer de desprofesionalización, carencias, simulación y desatención, queden materialmente descobijadas.
Equipamiento e infraestructura, profesionalización, certificación y capacitación del personal policial, programas de prevención social de la violencia y la delincuencia con participáción ciudadana, así como el impulso a un Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, son tan sólo algunos de los aspectos que quedarán por segundo año consecutivo sin atender en el gobierno actual. Aspectos muy sensibles para la seguridad pública y que redunda al final de todo, en la seguridad nacional.
Se considera un buen tiempo para rectificar el rumbo que se le ha dado a la seguridad pública y a su desconexión, con áreas tan imprescindibles como la información para la seguridad y el ciclo de la inteligencia policial.
La máxima reza sin falla: Gobernante que rectifica… acierta. ¿Para qué esperar la lección de una derrota electoral el próximo 2021 o en el 2024, teniendo que volver al mismo punto que le pedía el sector no correligionario de la sociedad?
La idea que se tiene todavía del Presidente López Obrador, a pesar de las críticas de tirios y troyanos, es la de un gobernante sensible y que atiende a su pueblo. Que puede equivocarse en un momento dado, por su naturaleza humana, pero que sabe escuchar y rectificar.
No hacerlo, dejaría en evidencia al líder Andrés Manuel, al hombre que hay detrás de la arrogancia de un Ejecutivo que no sabe dialogar, sino solo exigir sometimiento a su voluntad.
El pueblo mantiene la esperanza de que AMLO escuche… y rectifique.
Autor: Héctor Calderón Hallal
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