*A Juicio de Amparo.
/María Amparo Casar /
México no sólo no avanza, sino que retrocede vertiginosamente en el imperio de la ley.
Veamos los componentes que usa el Programa Mundial de Justicia que mide en el mundo y en México el Estado de derecho con base en los siguientes indicadores: restricciones al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, orden y seguridad, aplicación del marco regulatorio, justicia civil, justicia criminal y derechos fundamentales. Y pongámosle cara o, ejemplos.
En la última década la máxima calificación agregada (la que toma en cuenta los ocho indicadores) fue de 48 puntos sobre 100 en 2015, ocupando el lugar 69 de 102 países. Para el 2025 caímos a 40 puntos y nos colocamos en el lugar 121 de 143. Reprobados.
En el de las restricciones al poder gubernamental bajamos 10 puntos en tan sólo una década (de 5 a 4 de calificación). Y si nos vamos a los sub-índices nos va todavía peor. En la variable “el poder judicial está controlado por el poder ejecutivo”, sólo alcanzamos 39 puntos de 100 posibles. No es de extrañar después de la reforma que instauró la elección “popular” de los jueces, de aprobar una iniciativa que permite el cambio de reglas durante un juicio que ya comenzó, de las restricciones al amparo o de la iniciativa para que la nueva y capturada Corte pueda revisar y revocar sentencias emitidas por sus antecesores.
Nos va aún peor en las auditorías independientes en las que bajamos a 34 puntos. Vayan como ejemplo, la captura de la Auditoría Superior de la Federación o su pasividad e ineficiencia para convertir sus hallazgos en investigaciones y procesos judiciales.
Y si creíamos que no había peor pues reparemos en que el subíndice que mide si se castiga a los funcionarios por conductas indebidas, México alcanza solo 25 puntos cuando el promedio global es de 47 puntos. Ejemplos hay de sobra, pero quedémonos con la última y más severa trama de conductas indebidas: el huachicol fiscal. Pero ahí están también las de los desvíos de Conahcyt ahora Secihti, las tranzas en la compra y distribución de medicamentos o las adjudicaciones directas que involucran a empresas fantasma.
Y vamos al indicador de cumplimiento regulatorio. Aquí perdimos 12 puntos en una década bajando de 54 a 42 puntos. Otra vez los ejemplos sobran. La obligación para las aerolíneas comerciales de usar el AIFA, el decreto que trasladó las operaciones de carga del AICM al AIFA, las prácticas fiscales injustas del SAT, la inconsistencia en las regulaciones de COFEPRIS o los cambiantes criterios que rigen en las aduanas.
Diversas organizaciones de EU se han pronunciado en contra de las violaciones a las reglas establecidas en el país y de diversos capítulos del T-MEC. Exigen lo mínimo que puede pedir un inversor: certidumbre.
Perdimos también 10 puntos en la justicia civil, bajando de 45 a 35 puntos. Esa que afecta al ciudadano de a pie. La justicia pronta y expedita es cada vez más una ficción. En la medición de si la justicia está “sujeta a retrasos razonables” reprobamos con una calificación de 26 puntos. Y en la de si la justicia está libre de corrupción llegamos a sólo 31 puntos. Según el INEGI al cierre de 2024, el 36.3 por ciento de las personas privadas de la libertad en México, las cuales ascendieron a 236 mil 773, no tenían una sentencia de acuerdo con los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal (Inegi).
Lo mismo, y peor, ocurre con la justicia criminal. México ocupa el vergonzoso 135 de 143 países en esta materia. En efectividad de la investigación criminal saca 21 puntos, en su imparcialidad, 16 puntos, en su ausencia de corrupción 28 y en debido proceso y respeto a los derechos de los acusados 29 puntos.
¿Dónde están los culpables del intento de homicidio de Ciro Gómez Leyva, de Ximena Guzmán y José Muñoz (colaboradores de la Jefa de Gobierno de la CDMX), de Muñoz, de la maestra Irma Hernández? ¿Se encontrará a los culpables del líder de los limoneros Bernardo Bravo, de Alejandro Torres (sobrino de Hipólito Mora, también asesinado) y de Carlos Manzo el alcalde independiente de Uruapan?
Igualmente reprobamos en la medición de “gobierno abierto” en la que bajamos siete lugares, aún antes de la desaparición del INAI. Reprobamos en derecho a la información. La cantidad de información clasificada sobre obras públicas y compras gubernamentales aumentó exponencialmente. Hoy, por ejemplo, ya no pueden consultarse los datos sobre lo que fue la megafarmacia y sus costos de inversión, operación y mantenimiento.
Para terminar, están los derechos fundamentales en los que también perdimos ocho lugares y reprobamos rotundamente en el derecho a la vida y la seguridad, en el debido proceso para los acusados, en el derecho a la privacidad y en la libertad de opinión y expresión. En esta última obtenemos 46 puntos.
Así estamos en este nuestro México. Sin contrapesos, sin acceso a la justicia, sin certeza jurídica, sin transparencia, sin rendición de cuentas, y con cada vez menos garantías para los derechos fundamentales que se ganaron, sí, cuando gobernaban los llamados neoliberales.
No se trata de la derecha carroñera como la denomina la presidenta Sheinbaum, se trata de hechos que pintan lo que sucede en nuestro país.
