*Solicita información sobre el financiamiento de un caso que ocurrió en el estado de Oaxaca, cuando su publicación en X hace alusión a un evento registrado en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México que no tienen una relación directa.
/ Escrito por Wendy Rayón Garay /
01.07.2025 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- El pasado 27 de junio, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) envió a la periodista Laura Brugés una solicitud de información para conocer «su fuente» respecto a una publicación que hizo en la red social X en la que evidenciaba el uso de acordeones el día de la elección judicial, por lo que denunció que dicha medida es un efecto inhibidor que busca sembrar temor.
Cabe señalar que de acuerdo con la Ley del Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el Ejercicio Periodístico de la Ciudad de México promulgada en 2020, la cual garantiza y protege los derechos humanos de las y los periodistas y colaboradores periodísticos, particularmente en relación con el secreto profesional y la cláusula de conciencia. En su Artículo 4 determina que no deben revelarse las fuentes periodísticas:
«El secreto profesional es el derecho inalienable que tienen las personas periodistas y personas colaboradoras periodísticas de mantener el secreto de la identidad de las fuentes que hayan facilitado información, con independencia de que ésta se haya o no publicado. Este derecho podrá ser ejercido frente a terceros o autoridad. El secreto beneficiará a cualquier otra persona que hubiera podido conocer la identidad de la fuente reservada.»
No perdamos de vista el contexto donde acontecieron estos hechos y es el de una crisis de violencia contra periodistas y defensoras de derechos humanos en México y en la región. Recordemos que el pasado mes de junio, 45 organizaciones, 98 colectivos, 434 defensoras y mujeres periodistas en México llevaron a cabo el foro “Protección pendiente en México”, para visibilizar la situación de riesgo que enfrentan las mujeres periodistas y defensoras en el país, así como una serie de recomendaciones, que se expusieron previamente ante el Comité de la CEDAW.
El caso
El documento señala que se está llevando a cabo un procedimiento para investigar a varios funcionarios públicos por posibles violaciones relacionadas con el uso de recursos (origen, destino y aplicación) en la elección judicial. Asimismo, advierte que el requerimiento de información se hace tras la investigación de serie de publicaciones en redes sociales, una vía usada por la Unidad Técnica de Fiscalización
De esta manera, bajo el argumento de «contar con los elementos suficientes para la integración del expediente», solicitaron a Laura Brugés: la fuente de la cual se obtuvo la información publicada; indicar si la publicación guarda relación con funcionarios del gobierno municipal de Oaxaca de Juárez o del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia; y añadir por escrito consideraciones o aclaraciones adicionales sobre el hecho registrado en un plazo de 48 horas.
La periodista explicó su extrañamiento, ya que el documento de la Unidad Técnica de Fiscalización solicita información sobre el financiamiento de un caso que ocurrió en el estado de Oaxaca, cuando su publicación en X hace alusión a un evento registrado en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México que no tienen una relación directa.
Sin embargo, lo más alarmante fue que se le exigió revelar su fuente, por lo que se negó como una medida de protección, argumentando que el secreto profesional es un principio fundamental del ejercicio periodístico y enfatizó que exponer su identidad podría poner en riesgo su integridad y vulnerar el derecho de libertad de prensa:
«Un periodista no revela sus fuentes, ya que este compromiso es esencial para garantizar la libertad de expresión y el acceso a información sensible que, de otro modo, no saldría a la luz). Varios periodistas, medios y ciudadanos en redes sociales evidenciamos lo que estaba pasando, y con ayuda de vecinos que reportaban desde sus colonias, cada día iba surgiendo un nuevo modus operandi de acordeón (ya fuera físico o digital) (…) O que pretendan que traicione la confianza de los ciudadanos y vecinos que de buena fe buscaban señalar lo que estuvo mal en este proceso electoral judicial.» -Laura Brugés en X.
Hasta ahora, ya son varios periodistas los que han recibido este tipo de requerimientos en el que se les pide revelar su fuente, esto como parte de la investigación abierta en el INE sobre 37 acordeones sobre diferentes candidaturas, en cuyos algunos casos convergieron, según reveló el consejero Uuc-kib Espadas Ancona.
Operación acordeón sin respuesta
A pocos días de realizarse la elección el 1 de junio, en el que la ciudadanía escogió por primera vez a 881 cargos del Poder Judicial 881, se repartieron en los hogares y las calles una serie de «acordeones» bajo el argumento de enseñar a la ciudadanía cómo se debía votar una vez que llegaran a las urnas. Sin embargo, dichas muestras ya se encontraban rellenados con los números y nombres de personas candidatas que sí existían en los registros del INE.
Por ejemplo, en las opciones para elegir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los acordeones proyectaron a Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, María Estela Ríos, Giovani Figueroa, Irving Espinoza, Arístides Guerrero y Sara Herrerías quienes coincidentemente terminaron por ser los ganadores de la elección judicial para este cargo.
Lo mismo sucedió con las candidaturas para el resto de los cargos para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), LAS Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las Magistraturas de Circuito y los Juzgados de Distrito.
Por ello, el Consejo General del INE aprobó medidas cautelares para frenar la distribución de los acordeones, después de recibir varias denuncias. Además de establecer la ilegalidad del acto, ordenó que el 1 de junio la ciudadanía no podría hacer uso de dicho material. No obstante, diferentes medios de comunicación evidenciaron que hubo personas quienes lo usaron para decidir su voto como parte de su cobertura.
Uno de ellos fue la periodista Laura Brugés, quien en su red social X subió dos fotografías en donde evidenció que, en la alcaldía Gustavo A. Madero, una mujer cuyo rostro se encontraba oculto detrás de un sombrero, está repartiendo un acordeón a un ciudadano, así como un folleto del candidato Ezequiel Ramírez Gómez aspirante a juez de distrito y dicha publicación bastó para ganarse un requerimiento del INE.
A un mes después de la elección, se pone en relevancia la influencia e impacto que tuvieron los acordeones en la ciudadanía, siendo que habían más de 3 mil 256 personas candidatas de las que la ciudadanía no pudo conocer en su totalidad al no poder acceder a medios oficiales de la página del INE u otras evaluaciones de organizaciones de la sociedad civil como Defensorxs, la investigadora social Viri Ríos, entre otros.
Sin embargo, pese a que el pasado 2 de junio, la consejera Carla Humphrey Jordan reveló que existen investigaciones contra Morena y Movimiento Ciudadano como presuntos responsables de la repartición de acordeones, las investigaciones continúan sin éxito.
