*Módulos reabrirán con revisión salarial, entre otros
09.11.2026. Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) y representantes de los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana alcanzaron un acuerdo para levantar el paro nacional que afectó la expedición de credenciales para votar en distintas entidades del país.
Después de varias horas de negociación, las autoridades electorales se comprometieron a revisar la posibilidad de mejorar el incremento salarial previsto para 2027, atender las deficiencias en las instalaciones y avanzar en la solución de las demandas laborales.
La consejera presidenta provisional del organismo, Blanca Yassahara Cruz García, informó este lunes 9 de noviembre que se restableció el diálogo con los empleados y que los módulos reanudarán sus actividades a partir del martes 10, con el propósito de normalizar los trámites de credencialización y atención ciudadana.
El entendimiento se produjo después de una jornada de protestas en la que trabajadores de diferentes estados suspendieron labores y exigieron mejores salarios, prestaciones, estabilidad laboral y condiciones adecuadas para desempeñar sus funciones.
Uno de los principales puntos de inconformidad fue el aumento salarial de seis por ciento que el INE había planteado para el personal operativo a partir de enero de 2027. Los empleados consideraron insuficiente esa propuesta frente a sus percepciones actuales y las responsabilidades que implica atender diariamente a millones de ciudadanos.
Tras la reunión con los representantes del movimiento, Cruz explicó que el seis por ciento será considerado como una base mínima para continuar las negociaciones y explorar un incremento mayor, sujeto a la disponibilidad presupuestal del instituto.
La funcionaria no anunció un porcentaje adicional ni garantizó que el aumento vaya a superar esa cifra. La posibilidad de ampliarlo dependerá de los recursos que finalmente tenga el organismo para el próximo ejercicio fiscal.
El representante de los trabajadores, Édgar Fernández, confirmó que ambas partes habían llegado a un entendimiento y que se encontraban afinando el documento para dejar constancia de los compromisos. También pidió a sus compañeros mantener la calma mientras concluía la formalización de los acuerdos.
La negociación permitió desactivar, al menos por ahora, un conflicto que amenazaba con prolongarse y afectar a miles de personas que necesitan tramitar por primera vez, renovar o recoger su credencial para votar.
Las autoridades electorales también reconocieron que las inconformidades no se limitan al salario, sino que incluyen problemas cotidianos en los centros de trabajo, desde la falta de insumos hasta deficiencias en los espacios destinados a la atención del público.
Un paro que afectó a más de la mitad de los módulos
La suspensión de actividades comenzó durante las primeras horas del lunes y tuvo repercusiones en la operación nacional del INE. De acuerdo con los datos reportados sobre la jornada, 544 de los 841 Módulos de Atención Ciudadana dejaron de prestar servicio, lo que representa 64.7 por ciento de las instalaciones.
Aunque durante las protestas algunos representantes calcularon que las afectaciones alcanzaban entre 80 y 95 por ciento de los módulos, el balance de 544 oficinas sin servicio permite dimensionar el alcance de la movilización.
Las manifestaciones se extendieron a distintas entidades, entre ellas Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Coahuila. En la capital del país, trabajadores también se concentraron frente a las oficinas centrales del instituto, donde realizaron protestas y bloqueos intermitentes en vialidades cercanas.
La paralización tuvo consecuencias directas para la población, particularmente para quienes tenían citas o necesitaban realizar trámites relacionados con su identificación electoral. La credencial del INE, además de ser indispensable para votar, constituye uno de los principales documentos de identificación utilizados en México para realizar trámites bancarios, administrativos y de diversa índole.
Por ello, la suspensión de los servicios convirtió el conflicto laboral en un problema de atención pública que presionó a las autoridades para alcanzar una solución.
Salarios de alrededor de 10 mil pesos y exigencias de mejores condiciones
Entre los argumentos de los trabajadores se encuentra el nivel de sus percepciones económicas, que representantes del movimiento situaron alrededor de los 10 mil pesos netos mensuales.
Los empleados reclamaron un aumento considerable, con la intención de alcanzar ingresos equivalentes a dos salarios mínimos, además de mejores prestaciones y condiciones contractuales.
Su pliego de demandas incluyó la renovación de equipos tecnológicos utilizados para la captura de información y la expedición de credenciales, así como la sustitución de escáneres, cámaras, teclados y otros dispositivos que, según sus denuncias, presentan desgaste o fallas.
También solicitaron jornadas laborales más uniformes, con horarios de lunes a viernes, mejores condiciones para tomar alimentos, instalaciones adecuadas y servicios sanitarios limpios, además de suficientes materiales para desarrollar sus actividades.
La protesta puso de manifiesto las condiciones en las que trabaja el personal operativo encargado de atender directamente a la ciudadanía, una estructura fundamental para el funcionamiento del sistema electoral mexicano.
Los empleados consideran que existe una diferencia entre las responsabilidades que desempeñan y las condiciones económicas y materiales que reciben, por lo que reclamaron que sus demandas sean atendidas de manera integral y no únicamente mediante un ajuste salarial.
La negociación, condicionada por el presupuesto de 2027
Uno de los principales obstáculos para alcanzar un incremento superior al seis por ciento es la situación presupuestal que enfrenta el INE.
El organismo deberá ajustar sus gastos para el próximo ejercicio fiscal en medio de las restricciones presupuestarias previstas para 2027. La discusión sobre los recursos disponibles será determinante para establecer si puede ampliar el aumento ofrecido al personal operativo.
Blanca Cruz sostuvo que la revisión salarial deberá realizarse considerando el presupuesto definitivo, por lo que el compromiso alcanzado no significa que los trabajadores tengan garantizado un incremento adicional.
La negociación, por tanto, dejó abierta la discusión sobre el monto final de las percepciones y trasladó a las siguientes etapas del diálogo la definición de los recursos que podrán destinarse a mejorar las condiciones laborales.
El acuerdo también ocurre en un momento de cuestionamientos sobre la distribución de los recursos dentro de las instituciones públicas y la necesidad de garantizar que los ajustes presupuestales no recaigan exclusivamente sobre el personal que presta servicios directamente a la población.
Durante su conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Consejo General del INE atender las demandas de los trabajadores, en medio de las protestas que se desarrollaban en el país
El diálogo continuará después de la reapertura
La consejera presidenta provisional explicó que el acuerdo permitirá recuperar la comunicación institucional entre las autoridades y los empleados, además de establecer mecanismos para dar seguimiento a los planteamientos presentados.
La intención es que la reapertura de los módulos no represente únicamente el fin de la suspensión de actividades, sino el comienzo de una revisión de las condiciones en las que opera el personal.
Los representantes de los trabajadores confirmaron que ambas partes habían coincidido en los puntos centrales y que únicamente faltaba concluir el documento que formalizaría los compromisos.
A partir del martes 10 de noviembre, los 841 módulos tienen previsto retomar la atención ciudadana, con lo que el instituto busca normalizar los servicios que quedaron interrumpidos durante la jornada de protesta.
El acuerdo representa un primer resultado para los empleados, aunque todavía quedan pendientes asuntos centrales como la definición del aumento salarial definitivo, la atención de las deficiencias tecnológicas, las prestaciones y la homologación de las jornadas.
La movilización también evidenció la importancia del personal operativo para garantizar el funcionamiento cotidiano del sistema electoral. Detrás de cada trámite de credencialización existe una estructura de trabajadores que realiza labores de captura, verificación, actualización de datos y atención al público.
Por ahora, el levantamiento del paro permite restablecer un servicio indispensable para millones de mexicanos, pero el cumplimiento de los compromisos será determinante para evitar que las inconformidades vuelvan a convertirse en una suspensión nacional de actividades.