* Ernestina Godoy advierte que será detenida si es deportada
03.11.2026. Ciudad de México.- La detención de la conductora de televisión Inés Gómez Mont en Florida, Estados Unidos, reactivó uno de los procesos judiciales más relevantes relacionados con el presunto desvío de recursos públicos, operaciones con empresas factureras y lavado de dinero durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Después de permanecer cinco años prófuga, la exconductora enfrenta ahora la posibilidad de regresar a México, donde tiene tres órdenes de aprehensión vigentes.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este martes 3 de noviembre que su gobierno espera que Gómez Mont sea extraditada y rechazó que su detención responda a una persecución política o ideológica, como habría planteado la propia conductora. Sostuvo que el caso tiene antecedentes judiciales y que las acusaciones están relacionadas con presuntas operaciones financieras ilícitas.
“No, pues es delito lo que cometió. Vean lo que dice la fiscal, en sus propias cuentas personales recibió recursos de procedencia ilícita”, expresó la mandataria durante su conferencia matutina.
Sheinbaum precisó que se trata de una investigación iniciada antes de su administración y que la reciente detención en Estados Unidos ocurrió por motivos migratorios, no como resultado de una ejecución directa de las órdenes mexicanas.
“Es una investigación que no la iniciamos nosotros, viene desde hace bastante tiempo, sólo que ahora por motivos de migración fue detenida, esperando que pueda proceder la extradición”, señaló.
La declaración presidencial se produjo después de que la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, difundiera un mensaje para explicar la situación jurídica de la exconductora y las acciones emprendidas por la Fiscalía General de la República (FGR) para conseguir que comparezca ante la justicia mexicana.
La fiscal Ernestina Godoy confirmó que Gómez Mont tiene tres órdenes de aprehensión vigentes, todas emitidas por jueces federales. Una fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada por su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las otras dos corresponden a acusaciones por defraudación fiscal equiparada.
De acuerdo con la investigación de la FGR, la exconductora habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos provenientes de un esquema de desvío y triangulación de dinero público, mediante empresas que presuntamente simulaban operaciones.
Godoy detalló que la investigación gira alrededor de contratos por aproximadamente dos mil 450 millones de pesos con el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, responsable de los centros penitenciarios federales.
Además, la Fiscalía sostiene que Gómez Mont declaró ingresos inferiores a los realmente obtenidos durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016, lo que habría ocasionado una omisión de más de 13 millones de pesos en el pago de impuestos.
La fiscal también explicó que desde septiembre de 2025 México solicitó a Estados Unidos la detención provisional de la conductora con fines de extradición. Posteriormente, en coordinación con el Departamento de Justicia estadounidense, se integró la petición formal correspondiente.
“En las últimas semanas, en colaboración con autoridades estadounidenses, hemos intercambiado información y fueron entregadas las órdenes de aprehensión vigentes”, informó.
Sin embargo, Godoy hizo una precisión fundamental: la detención de Gómez Mont no fue ejecutada por las órdenes de aprehensión mexicanas, sino por su situación migratoria en Estados Unidos. Por ello, la decisión sobre su permanencia bajo custodia o una eventual deportación corresponde a las autoridades de ese país.
“De determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México”, advirtió.
La titular de la FGR también reconoció que la exconductora conserva el derecho a la presunción de inocencia y que serán los tribunales mexicanos los que determinen su responsabilidad penal, una vez que comparezca ante la justicia.
La defensa busca su liberación en Florida
Mientras México avanza en las gestiones para conseguir su retorno, la defensa de Inés Gómez Mont ya emprendió acciones legales para evitar que permanezca detenida en Estados Unidos.
El abogado John Patrick Pratt presentó el 31 de octubre una demanda de habeas corpus ante una corte federal de Florida, mediante la cual solicita que un juez revise la legalidad de la detención realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El recurso busca cuestionar los motivos por los cuales la conductora permanece bajo custodia migratoria y obtener su liberación.
La defensa también solicitó una medida de emergencia para impedir que fuera trasladada a otro centro de detención mientras se resuelve el procedimiento. Sin embargo, el juez federal Jeffrey T. Kuntz rechazó esa petición, al considerar que no tenía facultades para impedir que las autoridades migratorias decidieran sobre un eventual traslado.
El magistrado sí requirió al ICE y a las autoridades correspondientes que justifiquen los motivos de la detención. El plazo para presentar esa respuesta vence este miércoles 4 de noviembre.
Entre los elementos presentados por la defensa se encuentran documentos relacionados con el tratamiento médico de una de las hijas de Gómez Mont, argumento utilizado para solicitar que no sea trasladada fuera de Florida.
Hasta este martes 3 de noviembre, la exconductora permanecía en el Broward Transitional Center, ubicado en Pompano Beach, Florida.
El recurso de habeas corpus representa un obstáculo que deberá resolverse antes de conocer si las autoridades migratorias mantienen su detención o determinan otra medida. Su presentación no cancela las órdenes judiciales mexicanas ni resuelve las acusaciones que enfrenta en México.
El antecedente de su esposo: fue detenido y después liberado
El caso de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora, es particularmente importante para entender por qué la detención de Gómez Mont no garantiza su regreso inmediato a México.
El empresario y abogado fue detenido por agentes migratorios estadounidenses el 24 de septiembre de 2025, también en Florida, debido a irregularidades relacionadas con su situación migratoria.
Al igual que ahora ocurre con su esposa, Álvarez Puga recurrió al habeas corpus para cuestionar su detención. Después de permanecer bajo custodia, obtuvo su liberación bajo fianza, por lo que dejó de estar recluido en un centro migratorio.
Su salida del centro de detención no significó que hubiera quedado exonerado de los delitos que se le atribuyen en México. De acuerdo con reportes sobre su situación, quedó sujeto a condiciones migratorias, entre ellas el uso de un dispositivo de geolocalización y la obligación de atender sus procedimientos ante las autoridades estadounidenses.
La liberación del empresario también evidenció las dificultades que enfrenta México para conseguir que las personas reclamadas por la justicia sean entregadas a las autoridades nacionales.
En el caso de Álvarez Puga, la solicitud de extradición fue presentada el 4 de diciembre de 2025, cuando ya no se encontraba bajo custodia migratoria, según los antecedentes publicados por la prensa.
Hasta la información disponible este 3 de noviembre, no se ha confirmado públicamente que haya sido entregado a México ni que su situación judicial haya quedado resuelta. Su libertad en Estados Unidos tampoco significa que se hayan cancelado las investigaciones mexicanas.
El empresario enfrenta señalamientos relacionados con la presunta operación de una red de empresas factureras y el supuesto desvío de recursos públicos por alrededor de dos mil 950 millones de pesos, junto con su esposa.
El retiro de las fichas rojas de Interpol complicó la búsqueda
Otro antecedente que modificó el escenario fue la decisión de Interpol de retirar las fichas rojas de búsqueda internacional de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga.
El tema fue reconocido por Claudia Sheinbaum el 30 de septiembre pasado, cuando manifestó su inconformidad por la determinación del organismo internacional y anunció que México insistiría en las gestiones para recuperar las alertas.
La cancelación de las fichas rojas no eliminó las órdenes de aprehensión emitidas por jueces mexicanos ni significó que las investigaciones hubieran concluido. Se trata de mecanismos de cooperación policial internacional que facilitan la localización de personas buscadas por las autoridades de un país.
La detención de Gómez Mont el 30 de octubre representó un nuevo avance para la Fiscalía, aunque su situación continúa dependiendo de los procedimientos migratorios y judiciales estadounidenses.
¿Qué puede pasar ahora con Inés Gómez Mont?
El futuro inmediato de la conductora depende de dos procedimientos que deben distinguirse: el migratorio que enfrenta en Estados Unidos y la solicitud mexicana para conseguir su extradición.
Si las autoridades estadounidenses determinan deportarla, la FGR anunció que ejecutará las órdenes de aprehensión en cuanto llegue a territorio mexicano.
Si, en cambio, se resuelve su entrega mediante el procedimiento de extradición, deberá atenderse el mecanismo jurídico correspondiente entre ambos países.
También existe la posibilidad de que la defensa consiga modificar las condiciones de su detención migratoria mediante el recurso presentado ante el juez federal, como ocurrió con su esposo.
La diferencia es que, en esta ocasión, la Fiscalía mexicana asegura que desde septiembre de 2025 había solicitado la detención provisional de Gómez Mont con fines de extradición y que posteriormente integró la petición formal.
El
Inés Gómez Mont, quien durante más de dos décadas desarrolló una trayectoria en la televisión mexicana, particularmente en programas de entretenimiento y espectáculos, pasó de ser una figura habitual de la pantalla a permanecer prófuga de la justicia desde 2021.
Ahora, su detención abre una nueva etapa judicial, pero el antecedente de la liberación de su esposo demuestra que el aseguramiento por autoridades migratorias no equivale necesariamente a una extradición inmediata.