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02.03.2023 /Cimac Noticias.com/ Ciudad de México.- El lunes 27 de febrero una jueza de control dictó auto de apertura de juicio en contra de María Elena ‘N’, exdirectora de Comunicación Social de la entonces Procuraduría General de Justicia de la CDMX, quien es acusada del delito de ejercicio ilegal del servicio público al publicar información estigmatizante y discriminatoria en perjuicio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, víctima de feminicidio en 2017 en Ciudad Universitaria de la UNAM.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) dio a conocer que, a más de un año de haber vinculado a proceso a la exfuncionaria, finalmente en audiencia realizada en Santa Martha Acatitla, la jueza Gloria Hernández Franco emitió dicho fallo.
Durante el año transcurrido, la defensa particular de Maria Elena ha intentado diversas estrategias que derivaron en la dilación del proceso, detalló el Observatorio en un comunicado.
La primera de estas estrategias fue desconocer la calidad de víctimas de la madre y padre de Lesvy Berlin, al argumentar que el delito de Ejercicio ilegal del servicio público “es de resultado formal y en agravio solo de la sociedad, por lo que, en la audiencias del 14 de enero y 18 de febrero de 2022, solicitadas por la imputada para buscar una suspensión condicional del proceso, ofreció gel, cubrebocas, cloro y sanitizante como medidas de reparación ‘a la sociedad’, en el marco de la contingencia sanitaria, revictimizando con sus pretensiones a las víctimas indirectas”.
A pesar del llamado reiterado de la jueza de control a la imputada y a su defensa para que buscaran el diálogo con las víctimas y así poder atender su solicitud de salida alterna a juicio, esta y su defensa promovieron recurso de apelación y posteriormente juicio de amparo buscando que una autoridad judicial negara la calidad de víctimas a Araceli Osorio Martínez y Lesvy Rivera Calderón, por lo que la madre y padre de Lesvy, nuevamente, tuvieron que exigir el reconocimiento de sus derechos ante dichas instancias.
Después de haberse confirmado el reconocimiento de su calidad de víctimas, tanto por la sala penal como por el juez de distrito que conoció del amparo -y una vez de haberse dado el cierre de investigación- las víctimas y sus representantes jurídicas presentaron acusación coadyuvante a la del Ministerio Público.
Además, el pasado 29 de agosto de 2022 se daría inicio a la audiencia de etapa intermedia, sin embargo, fue suspendida ante la manifestación de la defensa de María Elena “N” de optar por la salida alterna y manifestó tener interés en establecer diálogo con la asesoría jurídica y las víctimas, por lo que solicitó a la jueza diferir la audiencia; no obstante, dicho acercamiento no sucedió, por lo que, nuevamente, en audiencia del 13 de septiembre la defensa solicitó su diferimiento bajo el argumento de querer entablar un diálogo respecto al plan de reparación del daño.
“De manera cuidada y buscando que una salida alterna cumpliera con los objetivos del acceso a la justicia restaurativa, las víctimas en conjunto con sus asesoras jurídicas elaboraron un plan de reparación integral que consideraba medidas de rehabilitación psicológica y de salud, así como medidas de satisfacción y de no repetición, que consistían la elaboración de una propuesta de Guía dirigida a las áreas de comunicación social en el tratamiento de la información relacionada con víctimas de violencias en razón de género y que ésta fuera presentada en un acto de disculpa pública, desde un enfoque restaurativo”.
Dicho plan fue presentado a los defensores particulares de la acusada exponiendo la justificación de cada una de las medidas de reparación integral. La abogada de la exfuncionaria se comprometió a hacerle llegar el plan a su representada y se comprometieron a establecer comunicación para dar respuesta, lo cual tampoco sucedió y bajo el argumento de continuar resolviendo “detalles” sobre el plan de reparación, solicitaron nuevamente el diferimiento de la audiencia intermedia del 11 de octubre de 2022.
Finalmente, en la audiencia del 17 de noviembre de 2022, la defensa particular de la extitular de Comunicación Social manifestó que no era posible llegar a un acuerdo sobre el plan de reparación del daño, argumentando que se trataba de “exigencias” de las víctimas que su representada no podía cumplir, sin embargo, solicitó, nuevamente, la suspensión condicional del proceso.
Ante la exposición de las víctimas y sus asesoras sobre lo acontecido durante los meses previos y sobre las últimas comunicaciones impulsadas desde la asesoría jurídica, la jueza de control consideró que existía oposición fundada de las víctimas para no conceder la suspensión condicional del proceso.
Ante dicha resolución, la defensa promovió otro recurso de apelación, “el cual será resuelto por la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, por lo que mantenemos la exigencia de que este sea resuelto desde un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género, que considere las razones fundadas de las víctimas para oponerse a una salida alterna ante el desinterés y negativa de reparar el daño moral que incluya una disculpa pública”, detalló el OCNF.
“A Lesvy Berlín, como a miles de víctimas en este país, se le debe justicia por la violencia institucional, a casi seis años de que la familia presentara la denuncia contra servidores públicos, entonces como ahora, nos mantenemos en exigencia de la correcta aplicación de la ley, dando así un paso más para el acceso a la justicia con motivo de las violaciones a los derechos humanos a la integridad personal en relación con el derecho a la memoria en perjuicio de Lesvy Berlín Rivera Osorio”.
Fue el pasado 3 de mayo de 2017 Lesvy fue localizada sin vida en una caseta telefónica ubicada frente al Instituto de Ingeniería de la UNAM, con un cable de teléfono enredado en su cuello y lesiones visibles.
En ese momento, en su cuenta de Twitter, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México aseguró a través de varios tuits “que el día de los hechos, la pareja se reunió con varios amigos en CU, donde estuvieron alcoholizándose y drogándose”, “El novio con quien la víctima vivía, informó que él trabajaba en el área de intendencia de la Preparatoria 6”, “su madre y su novio aseguraron que ella ya no estudiaba desde 2014, y dejó sus clases en CCH Sur, donde debía materias”, la UNAM también desconoció a Lesvy como parte de la comunidad universitaria. Esto apuntaba a responsabilizar a Lesvy como la culpable de su propia muerte.
Aunque la madre de Lesvy, Araceli Osorio, reconoce que el delito por el que se le acusa a la exfuncionaria no es grave, asegura que con él se vulneró la memoria y la dignidad de su hija, además de su familia.
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