Inician las campañas de la elección judicial lejos de la paridad.

*Escrito por Wendy Rayón Garay.

02.04.2025 Ciudad de México.- El pasado domingo 30 de marzo, arrancaron las campañas de las candidaturas al Poder Judicial donde mujeres y hombres candidatos comenzaron a realizar actos públicos para pedir el voto de la ciudadanía; sin embargo, es una realidad que en estas elecciones se llega con una subrepresentación femenina en las boletas.

El próximo 1 de junio, la ciudadanía mexicana votara para elegir 464 magistrados y magistradas de tribunales de circuito; 86 juezas y jueces federales; 5 ministras y 4 ministros de la SCJN; 3 magistradas y 2 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y 15 magistraturas en las salas regionales del TEPJG.

Según información del Instituto Nacional Electoral (INE) actualmente hay 626 mujeres y 729 hombres postulados por el poder ejecutivo, 623 mujeres y 708 hombres desde el legislativo, 389 mujeres y 493 desde el judicial y 113 mujeres y 242 hombres que actualmente están en funciones.

Registro por cargo Candidatas Candidatos Puestos
Ministras y ministros de la SCJN 32 30 9
Magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial 20 18 5
Magistradas y magistrados de la Sala Superior del TEPJF 6 9 2
Magistradas y magistrados de la Sala Regional del TEPJF 51 39 15
Magistradas y magistrados de Circuito 664 913 464
Juezas y jueces de Distrito 619 855 86
Elaborado con información del INE

Esto muestra una disparidad en el número de candidatos frente a las candidatas donde para acceder al cargo de magistradas y magistrados de Circuito las mujeres representan el 42.10% y 41.99% en el cargo de Juezas y jueces de Distrito. Esto representa en un retroceso para las mujeres, ya que de acuerdo con datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal del 2024 en 2023 apenas se estaba llegando a la paridad.

Por ejemplo, el Poder Judicial de la Federación contó con 54 mil 780 personas servidoras públicas, de los cuales 27 mil 367 fueron mujeres y 27 mil 413 hombres. Mientras que en el Poder Judicial Estatal hubo 74 mil 507 servidores públicos divididos en 44 078 fueron mujeres y 30 429 hombres.

En el Consejo de la Judicatura Federal se contaron con 852 personas magistradas, de las cuales 199 eran mujeres y 653 hombres; y 757 personas juzgadoras con 271 eran mujeres y 486 hombres. En el estatal fueron 658 personas magistradas divididos en 273 eran mujeres y 385, hombres; y 4 mil 440 personas juzgadoras con mil 976 mujeres y 2 mil 464 hombres.

Cabe mencionar que, la discusión no solo gira en torno a las mujeres que vendrán con la elección judicial, sino a las que también se van siendo que de las 474 mujeres que estaban laborando en el Poder Judicial donde 287 eran juezas y 187 magistradas, se sortearon 224 de sus puestos para las elecciones del 2025 a través de las insaculaciones (o tómbolas) que realizó el Comité de Evaluación a inicios de febrero.

¿Paridad en todo?

En 1953 se reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Su primera participación fue en 1955 con la elección de diputados federales para la XLIII Legislatura. Tres años después, estuvieron presentes en la elección presidencial. De esta forma, México fue uno de los últimos países en integrarlas en el ámbito electoral.

A partir de 1990 se comenzaron a adoptar medidas para integrar a más mujeres debido a la subrepresentación femenina en el ámbito político. En 1993, se introdujo la primera serie de acciones mediante una reforma impulsada por la campaña nacional de acciones afirmativas ‘Ganando Espacios’. En ella se recomendaba a los partidos la inclusión de las mujeres en sus postulaciones y no hubo sanciones si estos llegaran a incumplirlo.

Tres años más tarde, se estableció que los partidos no podían postular a más del 70% de personas del mismo género, exigiendo hasta 2002, el 30% mínimo de las candidaturas a las mujeres. También se dictaminó que por lo menos debería estar una persona del otro género en las candidaturas de representación proporcional que eran conformadas por 3 personas de cada segmento. Garantizando así, la inclusión de 3 mujeres en los primeros 9 lugares de la lista.

Para 2008, se incrementó el umbral de la cuota de género a 40% de representación femenina y 60% masculina. Además, se aumentó el segmento de representación proporcional a 5 candidaturas y se aclaró que no podían figurar más de 3 personas del mismo género. Sin embargo, se incluyó una cláusula que permitió a los partidos excusarse de seguir con este decreto.

No fue hasta 2014 que se abandonaron las cuotas de género para consagrar la paridad, la cual estipula que los partidos deben proporcionar sus candidaturas de forma paritaria para los congresos locales y federales. También se añadió una serie de condiciones que aseguraban su seguimiento como que el suplente del titular debía pertenecer al mismo género; se eliminó la opción de no obedecer dicha medida; se fomentó la participación femenina dentro de los partidos; y se aumentó el financiamiento dirigido a la capacitación, formación y promoción de liderazgo de la mujer.

Cinco años después, en 2019, se divulgó una reforma constitucional en el que se asentó la paridad de género y tuvo una influencia en los tres poderes del Estado y en los entes constitucionales autónomos. En 2024, el Congreso aprobó reformar la Constitución Mexicana en materia de igualdad sustantiva. Entre sus propuestas incluye la obligación de nombramientos de las personas titulares del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial desde el principio de paridad de género.

Sin embargo, las elecciones judiciales ponen en evidencia que no basta la reforma constitucional «Paridad en Todo», pues las mujeres siguen enfrentando disparidad en las oportunidades para ejercer sus derechos electorales.

Las campañas y lo que está en juego

Debido a las nuevas reglas para las elecciones extraordinarias de 2025, las candidatas y candidatos tienen prohibido el uso de espacios en radio y televisión para realizar sus campañas políticas, teniendo que usar como método la cercanía con la ciudadanía y el empleo de redes sociales. Asimismo, quedó anulado la asociación con partidos políticos, así como el financiamiento público y privado.

Sin embargo, las primeras campañas han sido realizadas desde el desconocimiento. Por ejemplo, Jazmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres hicieron referencias a frases de la cuarta transformación apelando a un discurso morenista. Esta última, se quejó de no poder emplear tiempo de la radio y la televisión.

Por otro lado, en redes sociales ya han circulado las primeras compañas como la de Dora Martínez Valero para ministra; o la de Arístides Rodrigo Guerrero García para ministro, que por el momento han sido criticadas por usuarios. Más allá de ser un proceso que se tome en serio, las campañas han sido tomadas como burla e incluso con sexismo al juzgar a las candidatas y candidatos con otros criterios como la perspectiva de género.

Hay que recordar que, por primera vez se realizaran unas elecciones más grandes de la historia de México, superando las del pasado 2024, pues están en juego 881 cargos a nivel federal y cientos a nivel local en 19 entidades de la república mexicana. Además de los cargos judiciales, en Durango y Veracruz habrá elecciones presidenciales municipales, sindicaturas y regidurías.

Esta situación ha complejizado la organización de la jornada electoral. De acuerdo con el reporte de Integralia las problemáticas que se asoman son: el tiempo para la organización, recursos insuficientes para cubrir los estándares de cobertura y calidad, confusión sobre cómo votar en las nuevas boletas lo que le tomara a la ciudadanía 11 minutos, y finalmente la preocupación del voto informado tras el inicio de las campañas.

También señaló que habrá voto disparejo siendo la Ciudad de México quien determine a las juezas y jueces cuyas decisiones tendrán un impacto nacional, ya que en esta entidad se concentran los juzgados y tribunales que resuelven controversias penales, mercantil o especializada en competencia económica y telecomunicaciones.

Y dado que los ganadores serán quienes sean apoyados por el gobierno y el partido oficial, Integralía augura que los ganadores tendrán disposición natural para actuar con criterios de lealtad política cuando sea requerido o mermar su autonomía judicial: «Con el paso del tiempo el Poder Judicial federal perderá su papel como contrapeso de los ejecutivos y legislativos (los poderes judiciales locales seguirán sujetos a los poderes políticos)», mencionó.

Las reglas de la campaña

Lo que pueden hacer Lo que no pueden hacer
Asistir a eventos y debates públicos siempre y cuando sean invitados todos los participantes de esa contienda Contratar espacios en radio y TV, internet, pautado en redes sociales o cualquier otro medio
de comunicación
Usar redes sociales Difundir propaganda con calumnias o acusaciones falsas
Distribuir propaganda impresa que sea
biodegradable
Ofrecer o dar regalos, dinero o beneficios
Tener reuniones públicas, pero sin organización
(templetes, sillas, bocinas, etc.)
Imprimir propaganda en materiales distintos al papel
Dar entrevistas de carácter noticioso Pagar para hacer o difundir encuestas
Hacer campaña en el extranjero
Usar propaganda que los relacione con un partido político
Contratar espectaculares, bardas o autobuses para promocionarse
Prorratear gastos entre varias candidatura
Información sacada del reporte de Integralia

Asimismo, los servidores públicos que están en funciones y los partidos políticos también tienen restricciones como promover o criticar una candidatura; entregar regalos a beneficio de la persona candidata; comparar publicidad para la persona candidata; pagar para hacer encuestas e influir en la ciudadanía; usar programas sociales para coaccionar el voto; participar activamente en actos de campaña; y organizar foros con programas sociales para influir en el voto.

Sin embargo, esta regla ya fue rota por la propia presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, quien hablo de la elección judicial durante el evento sobre el inicio de obras de la carretera Bavispe, en Sonora, donde promovió el voto ciudadano.