*El giro doctrinal preocupa a juristas y defensores de los derechos humanos.
12.09.2025 Ciudad de México,
El debut del nuevo Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó una impresión inquietante en la ciudadanía.
Durante su primera sesión pública, celebrada el 11 de septiembre, las y los ministros enfrentaron dificultades evidentes en la conducción de los trabajos, confusión sobre las reglas de votación, rupturas en los tiempos establecidos y una productividad mínima.
De los quince asuntos agendados, solo tres fueron resueltos. La promesa de una Corte Suprema más ágil y cercana a la ciudadanía se desdibujó rápidamente, dejando en su lugar una ola de dudas y temor por lo que consideran una simulación institucional.
La sesión estuvo marcada por gestos simbólicos poderosos. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz inauguró los trabajos con un saludo en lengua mixteca (excluyendo todas las demás lenguas que se hablan en Mexico) , y se permitió por primera vez el acceso del público al salón de plenos.
Sin embargo, estos gestos que pretendieron hacer una Corte suprema diferente contrastaron con un desempeño técnico y organizativo deficiente que, desde el primer día, comenzó a erosionar la legitimidad del máximo tribunal constitucional del país.
Más allá del desorden, lo que preocupa a juristas y defensores de derechos humanos, es el giro doctrinal que comenzó a perfilarse.
En una de las resoluciones, la Corte suavizó el criterio que obligaba a invalidar leyes por falta de consulta previa a personas con discapacidad.
Bajo el nuevo enfoque, si una norma es considerada “benéfica”, ya no será indispensable verificar si se consultó a los grupos afectados.
Esta decisión fue impulsada por la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien ha cuestionado que la Corte anterior anuló decenas de normas por incumplir ese requisito, incluso cuando se trataba de avances en derechos indígenas.
Este cambio abre la puerta a una preocupante dinámica: basta que el Congreso modifique mínimamente una ley —incluso una coma— para evitar que sea revisada por la Corte.
En consecuencia, los derechos sociales corren el riesgo de convertirse en promesas sin exigibilidad, debilitando el papel de la Corte como garante de la Constitución.
La reforma judicial que dio origen a esta nueva integración, con ministros electos por voto popular, prometía acercar la justicia constitucional a la ciudadanía.
No obstante, el arranque del Pleno ha mostrado señales de retroceso. Si la Corte deja de ser un contrapeso frente al poder político y se convierte en un espectador de las decisiones legislativas, México podría enfrentar una crisis institucional sin precedentes: una Corte que renuncia a su deber y deja desprotegidos los derechos fundamentales.
