Héctor Yunes
Desde hace varios años, la inseguridad es el principal problema de Veracruz. Hasta ahora, ni quienes se decían expertos para resolverlo en seis meses ni quienes aluden de manera reiterada a su honradez y buenos sentimientos, han podido dar la satisfacción a los veracruzanos de vivir en un estado en paz.
Debatir sobre si es un fenómeno nacional es innecesario. En efecto, el problema de la violencia se presenta en todo el país, pero eso no justifica que Veracruz siga siendo la entidad con el mayor número de feminicidios y secuestros, además de estar entre aquéllas que registran mayor impunidad al momento de investigar y castigar estos delitos.
La reciente privación ilegal de la libertad del periodista veracruzano Marcos Miranda Cogco puso en evidencia la incapacidad del gobierno para resolver los centenares de casos de secuestro, un fenómeno delincuencial que ha alcanzado prácticamente a todas las clases sociales, de todas las regiones del estado, sin importar su edad o género.
En principio, debo decir que celebramos que el periodista se encuentre sano y en compañía de su familia, algo que no se puede decir de las más de 250 víctimas de secuestro que se han registrado apenas en lo que va de esta administración.
No porque lo digan las autoridades ministeriales –las cuáles han sido criminalmente omisas en la investigación de muchos de los eventos referidos-, pero el caso tiene muchas inconsistencia que despiertan dudas razonables. En principio, no se presentó ninguna solicitud de rescate y se tuvo la posibilidad de coordinar a prácticamente todas las fuerzas de seguridad para lograr su liberación.
Que se lo hayan llevado prácticamente frente a su domicilio, que haya sido rescatado en menos de 24 horas, que el mandatario estatal lo haya hecho público prácticamente en el momento mismo del operativo, que se hable de un enfrentamiento con los criminales sin que haya heridos ni proyectiles en las unidades –patrulla de policía y el vehículo de los supuestos delincuentes-, que no haya un solo detenido a pesar de encontrarse en una zona despoblada, así como la inusual cobertura mediática, son sólo algunas de las muchas inconsistencias que hay en la investigación. La narrativa de los hechos, tanto de la víctima como de los policías, así lo confirma.
El segundo aspecto es el hecho de que en este caso se haya movilizado a prácticamente a todas las corporaciones del Estado, como no ha sucedido en
otros muchos y muy lamentables casos. Por ejemplo, mientras todo el interés del gobierno estaba en este asunto en particular, en la ciudad de Minatitlán se consumada el terrible asesinato de Sergio Felipe Martínez Armengol, miembro de una familia muy querida de Minatitlán, y quien habría sido secuestrado días antes. De ello nada se supo, hasta que se dio a conocer el fatal desenlace.
Esta misma semana también se registró el secuestro de don Alfredo Labourdette, un respetable y muy apreciado médico y profesor de la UV, que a sus 81 años tuvo que vivir en carne propia la tragedia humana que vive Veracruz. Y muchos otros casos como los del ex alcalde de Magdalena, de una maestra y su hijo en Ciudad Mendoza o el de un padre y su hijo en Nogales. La lista es interminable.
El gobierno tampoco tuvo respuesta –aunque no se trató de un secuestro- para el asesinato de Margarita Alarcón Méndez, una joven excepcional de 26 años, originaria de Huatusco, y quien se desempeñaba como docente del Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales de la UV. Margarita fue asesinada en el negocio de la familia, hechos en los que podrían estar involucrados policías municipales de la región.
Durante la presente administración, la organización Alto al Secuestro ha registrado al menos 258 eventos en el estado de Veracruz, eso sin contar los del mes de junio. ¿Por qué entonces el gobierno ha decidido establecer una estrategia de seguridad selectiva en función de la notoriedad de la víctima? ¿Quién y con qué derecho determina el valor de cada persona?
La espectacularidad del rescate de Marmiko se dio a escasas horas de que el gobernador Cuitláhuac García asistiera a Palacio Nacional a hablar de las acciones de Veracruz para detener el flujo de migrantes al que se ha comprometido nuestro país, como parte del acuerdo con Estados Unidos. ¿Acaso esa era la urgencia de resolver el caso?
Sería muy lamentable que en Veracruz, la inseguridad se mantenga como un péndulo que transita entre el montaje y la tragedia.
