Insuficiente sanción contra Blanco por violencia política en razón de género. Pendiente la justicia en otros casos.

*Blanco fue sancionado con la prohibición de postularse a cualquier candidatura o cargo público durante los próximos 18 meses.

/ Escrito por Paola Piña /

15.07.2025 /CimacNoticias.com/  Ciudad de México.- Cuauhtémoc Blanco será inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo responsabilizara por ejercer violencia política contra la diputada Juanita Guerra Mena y aunque este fallo podría representar un avance, lo cierto es que aún persiste una deuda de este político porque continúa sin ser procesado por una denuncia de violencia sexual y demuestra que el pacto patriarcal de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), lo protege.

Tras la resolución del TEPJF, Blanco fue sancionado con la prohibición de postularse a cualquier candidatura o cargo público durante los próximos 18 meses. Sin embargo, esta sanción resulta insuficiente si se considera que, desde 2024, enfrenta una denuncia por tentativa de violencia sexual presentada por Nidia N., quien relató que los hechos ocurrieron un año antes, cuando trabajaba bajo su mando en el gobierno de Morelos.

Pese a la gravedad de los señalamientos, el 25 de marzo de 2025 la Cámara de Diputados desechó la solicitud de desafuero con 291 votos, permitiéndole conservar su fuero como legislador. Esta decisión dejó en evidencia el pacto de protección institucional que persiste en los tres niveles de gobierno, particularmente al interior del bloque oficialista de la llamada Cuarta Transformación. Legisladoras y legisladores del PRI, Morena y Partido Verde justificaron su voto señalando una supuesta “mala integración” de la carpeta de investigación.

Hoy nuevamente está en la mira por atentar contra la dignidad de una mujer, pues en 2023, durante el desfile por Aniversario de la Gesta Heroica del “Rompimiento del Sitio de Cuautla, Morelos”, a la entonces senadora Juanita Guerra le fue negado el acceso al palco principal, por órdenes de Blanco y su director de logística y eventos, Arturo Millán. La diputada presentó una denuncia formal por violencia política de género.

En un inicio, la Sala Especializada del TEPJF se negó a analizar el caso, argumentando que había prescrito. No obstante, en abril de 2024, la Sala Superior ordenó reabrir el expediente (SUP-REP-78/2025 y SRE-PSC-22/2025), instruyendo una nueva revisión.

Tras valorar los argumentos de la senadora, recientemente la Sala Especializada emitió una resolución, en la que ordenó que además de su inscripción en el registro de agresores, el TEPJF solicitó que Blanco y Millán tomen un curso sobre derechos de las mujeres, reciban bibliografía especializada y remitió la sentencia al Congreso de Morelos para que evalúe posibles sanciones adicionales en su calidad de exgobernador.

Incumplimiento de la Ley 3 de 3

Desde 2023, la ley 3 de 3 contra la violencia, impulsada por la colectiva feminista Las Constituyentes MX, busca impedir que personas con antecedentes de agresiones lleguen o se mantengan en cargos públicos. Esta reforma constitucional establece que nadie puede ser postulado si cuenta con sentencia firme por: violencia sexual, violencia en razón de género (incluyendo la política, familiar, psicológica, física, etc.), Ser deudor o deudora alimentaria morosa

Cuauhtémoc Blanco ha sido señalado por dos de estos tres criterios. Ya fue sancionado por violencia política y enfrenta una denuncia por tentativa de violencia sexual que ha sido minimizada y encubierta por sus colegas en el Congreso, a pesar de ello, continúa legislando y no enfrenta ninguna condena judicial, lo que refleja una impunidad sostenida. La única sanción en su contra ha sido administrativa: 18 meses sin poder contender por un cargo público.

De los dos delitos por los que ha sido señalado, solo uno ha sido sancionado, y tomó dos años llegar a una resolución. De acuerdo con datos de la organización Impunidad Cero, en México de cada 100 delitos cometidos, apenas 14 se resuelven, y solo 6 se denuncian. Esto significa que la probabilidad de que un delito llegue a una resolución es de apenas 0.9 %: prácticamente nula.

 4T: Agresores en el poder 

Cabe destacar que Cuauhtémoc Blanco no es el único de su entorno familiar vinculado con este tipo de violencia. El Observatorio de Participación Política de las Mujeres denunció que su hermano, Ulises Bravo, igual ejerció violencia política contra la diputada federal Meggie Salgado (Morena). Ante ello, se solicitó al INE abrir una investigación formal.

Además, su caso no es aislado dentro de la llamada 4T. Otros agresores han sido protegidos desde el poder. Uno de los más emblemáticos es el de Félix Salgado Macedonio, sobre quien pesan múltiples denuncias por violencia sexual. En diciembre de 2020 se filtró a los medios una carpeta de investigación por el delito de violación, y luego se reveló la existencia de otra denuncia de 1998, ya prescrita, y una tercera más documentada en medios.

Las integrantes de Las Constituyentes MX han señalado la responsabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su conferencia matutina del 8 de enero respaldó la candidatura de Salgado Macedonio, desestimando las denuncias al calificarlas como “producto de la temporada” y “cuestiones partidistas”.

Actualmente, permanece vigente una denuncia por violación presentada en 2016 y ratificada en 2017, así como una queja por acoso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 2007. La denuncia más antigua, por hechos de 1988, fue desechada por la Fiscalía estatal debido a la prescripción del delito.