* La represión se convierte en un mecanismo de control político que perpetúa la falta de democracia y mantiene a la población bajo vigilancia constante.
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16.01.2026 Santiago de Cuba.- Una joven cubana identificada como Selena Lambert Ortega fue interrogada el martes en la Segunda Unidad de la Policía de Santiago de Cuba, conocida como “El Palacete”, luego de publicar en redes una encuesta simbólica, para que los usuarios eligieran entre Miguel Díaz-Canel y Marco Rubio como presidentes de la isla.
Según la denuncia del periodista Yosmany Mayeta, la joven de 24 años fue citada de manera urgente para dicha estación policial, con solo 45 minutos de antelación.
Horas después, Lambert Ortega fue liberada, pero con un Acta de Advertencia.
La encuesta fue publicada el lunes y se volvió viral, con más de 22 mil reacciones, y más de 22 mil votos a favor de Rubio, actual secretario de Estado de EE. UU.
Sin embargo, la represión no se detuvo ahí. Mayeta reportó que este miércoles, la policía llegó a la vivienda de la joven y para que eliminara la encuesta. Sufrió amenazas y supuestamente su esposa también estaría siendo interrogado.
Sin dudas, el régimen cubano se encuentra preocupado por la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en la madrugada del 3 de enero.
En los últimos días hay reportes de activistas y opositores en la isla que han estado bajo vigilancia, con prohibiciones de salida de sus viviendas, detenciones y citaciones.
El régimen se encuentra muy atento a las manifestaciones de descontento en redes sociales.
También esta semana, el joven cubano Ankeilys Guerra, quien envió días atrás un mensaje al presidente Donald Trump para que ponga fin a la dictadura de La Habana, denunció acoso de la Seguridad del Estado.
Restricciones a la libertad de expresión en Cuba bajo el régimen dictatorial
La situación de las libertades ciudadanas en Cuba continúa marcada por un sistema político que limita de manera sistemática los derechos fundamentales, en particular la libertad de expresión. El régimen cubano mantiene un modelo de control estatal que se extiende a los medios de comunicación, las redes sociales y las manifestaciones públicas, generando un entorno en el que la disidencia es reprimida y la crítica al gobierno se convierte en un riesgo permanente para quienes la ejercen.
La libertad de expresión, reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se encuentra restringida en Cuba por un entramado legal y político que criminaliza la oposición. El Código Penal contempla figuras como la propaganda contra el orden constitucional, que se utiliza para sancionar a periodistas, activistas y ciudadanos que difunden opiniones contrarias al gobierno. Estas disposiciones permiten que la policía y los tribunales actúen contra cualquier manifestación considerada enemiga del Estado, reforzando un clima de censura y autocensura.
Los informes recientes del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa documentan decenas de violaciones mensuales a este derecho, incluyendo detenciones arbitrarias, confiscación de equipos, cierre de medios independientes y vigilancia constante sobre comunicadores. En diciembre de 2025 se registraron 96 casos de violaciones a la libertad de prensa y expresión, lo que refleja la persistencia de un patrón estructural de represión.
La represión no se limita al ámbito periodístico. Ciudadanos que utilizan redes sociales para expresar críticas enfrentan amenazas, interrogatorios y bloqueos de acceso. Las plataformas digitales son monitoreadas por las autoridades, que aplican medidas de censura y control tecnológico para limitar la circulación de información. Además, las manifestaciones públicas son restringidas mediante detenciones preventivas y presencia policial, lo que impide que la ciudadanía ejerza su derecho a reunirse y expresar demandas colectivas.
Los antecedentes de esta política se remontan a décadas de centralización del poder en manos del Partido Comunista, que se autodefine como fuerza dirigente única. La ausencia de pluralismo político ha consolidado un sistema en el que los medios de comunicación oficiales son los únicos autorizados, y cualquier intento de crear espacios independientes es perseguido. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han denunciado reiteradamente estas prácticas, señalando que Cuba incumple sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
El impacto de estas restricciones es profundo. La ciudadanía vive en un entorno de miedo y silencio, donde la crítica puede derivar en pérdida de empleo, hostigamiento o prisión. La falta de libertad de expresión limita también el acceso a información veraz y plural, lo que afecta la capacidad de la sociedad para debatir y decidir sobre su futuro. En este contexto, la represión se convierte en un mecanismo de control político que perpetúa la falta de democracia y mantiene a la población bajo vigilancia constante.
La situación en Cuba evidencia cómo un régimen dictatorial puede restringir de manera sistemática las libertades fundamentales, utilizando la legislación, la fuerza policial y el control tecnológico para sofocar la voz de la ciudadanía. La libertad de expresión, esencial para cualquier sociedad democrática, permanece en la isla como un derecho negado, cuya defensa implica riesgos que muchos cubanos enfrentan con valentía pese a las consecuencias.
