- Urge la investigación a fondo pide la senadora
- La reacción de la policía ante la marcha fue actuar con más violencia sexual
Argelia Guevara
SemMéxico, Cd. de México, 24 de agosto, 2020.- No podemos tolerar ni aceptar que la fuerza del Estado se utilice para detener, atacar y agredir sexualmente a las jóvenes y las mujeres que se manifiestan pacíficamente para exigir respeto a sus derechos el pasado sábado, afirmó la senadora Martha Lucía Micher Camarena.
A través de un pronunciamiento, la legisladora del Grupo Parlamentario de Morena y representante de Guanajuato, calificó como indignante y completamente reprochable la actitud y respuesta de las autoridades municipales de la ciudad de León, frente a una manifestación pacífica realizada el sábado 22 de agosto.
Recordó que la marcha, conformada mayoritariamente de jóvenes mujeres, se llevó a cabo para protestar por un caso de violencia sexual cometido por elementos de la policía municipal contra una joven, esto en las inmediaciones de la caseta de policía de la Plaza del Expiatorio en el centro de la ciudad.
La presidenta de la Comisión de Igualdad en el Senado denunció que la reacción de la policía ante la marcha fue actuar con más violencia sexual, con más detenciones arbitrarias e incluso con uso desproporcionado de la fuerza, ya que se realizaron 23 detenciones arbitrarias bajo el argumento de que las manifestantes habían “cometido infracciones al Reglamento de Policía y Vialidades”.
Agregó que, sin denuncia alguna o investigación sobre esas supuestas “infracciones administrativas”, la policía municipal arremetió contra las manifestantes, incluso cuando ya había terminado la concentración, lo que representa una afrenta contra la libre expresión de las ideas, el libre ejercicio del periodismo y la libertad de tránsito de todas las jóvenes y mujeres que se manifestaban pacíficamente.
Además de la falta de responsabilidad y apego a los protocolos de actuación del uso de la fuerza, Micher Camarena se dijo preocupada e indignada porque de nueva cuenta se presentaron testimonios de violencia sexual e incluso de tortura sexual en contra de algunas jóvenes manifestantes.
Ante esta situación, la senadora de Guanajuato exigió a las autoridades del gobierno municipal de León, de la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado la suspensión inmediata de los policías que presuntamente agredieron a Evelyn.
Asimismo, pidió que el proceso que lleven estos elementos ante el Consejo de Honor y Justicia cuente con la participación de la víctima, de sus familiares, de sus asesores jurídicos y de los organismos públicos de defensa de los derechos humanos para evitar que ese procedimiento se desarrolle “en lo obscurito” como sucede siempre, asegurando la incorporación de la perspectiva de género.
También, demandó que se revisen los videos y los testimonios de las detenciones arbitrarias del día 22, para iniciar los procedimientos legales de naturaleza administrativa correspondientes contra los elementos que incurrieron en claros actos de abuso de autoridad y uso desproporcionado de la fuerza.
Recordó que, el pasado 8 de marzo, los gobiernos encabezados por el Partido Acción Nacional se sumaron a las protestas feministas para denunciar la violencia contra las mujeres y las niñas en el país. “Es momento de que sean consecuentes y congruentes con este discurso y salgan a dar la cara ante esta violación flagrante a nuestro derecho a tener derechos”, manifestó.
Sostuvo su pronunciamiento en la ley. La policía municipal actuó en clara contravención a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza que señala:
“Artículo 27. Por ningún motivo se podrá hacer uso de armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito.
En estos casos, la actuación policial deberá asegurar la protección de los manifestantes y los derechos de terceros, así como garantizar la paz y el orden públicos.
La intervención de las fuerzas de seguridad pública deberá hacerse por personas con experiencia y capacitación específicas para dichas situaciones y bajo protocolos de actuación emitidos por el Consejo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
Sin embargo, la reacción de la policía municipal -ante una denuncia por violencia sexual en una manifestación pacífica- fue actuar con más violencia sexual, con más detenciones arbitrarias e, incluso, con uso desproporcionado de la fuerza al realizar 23 detenciones arbitrarias bajo el argumento de que las manifestantes habían “cometido infracciones al Reglamento de Policía y Vialidades” durante la manifestación del sábado 22 de agosto.
Sin mediar denuncia alguna o investigación sobre esas supuestas “infracciones administrativas” la policía municipal de León arremetió contra las manifestantes incluso cuando ya había terminado la concentración, literalmente actuando como represalia contra la libre expresión de las ideas, contra el libre ejercicio del periodismo y contra la libertad de tránsito de todas las jóvenes y mujeres que se manifestaban pacíficamente.
Además, de estos abusos de autoridad y de detenciones arbitrarias, conocemos los casos de varias comunicadoras que ejercían su trabajo de cobertura de la manifestación y que fueron agredidas, detenidas y amenazadas, todas ellas trabajadoras de los medios de comunicación a quien la autoridad les impidió realizar su trabajo violando sus derechos humanos y su integridad física.
Exigió la suspensión temporal inmediata de los policías que presuntamente agredieron a “Evelyn” en las inmediaciones de la Plaza del Expiatorio el pasado 14 de agosto de 2020.
La sustanciación de sendos procedimientos en el Consejo de Honor y Justicia contra estos elementos con la plena participación de la víctima, de sus familiares, de sus asesores jurídicos y de los organismos públicos de defensa de los derechos humanos para evitar que ese procedimiento se desarrolle “en lo obscurito” como sucede siempre, asegurando la incorporación de la perspectiva de género.
La revisión de los videos y de los testimonios de las detenciones arbitrarias del día 22, para iniciar los procedimientos legales de naturaleza administrativa correspondientes a las y los policías aprehensores por violar lo dispuesto en el Artículo 4, fracción IV, artículo 5, Artículo 6 fracción I, II, III, IV y V, 21, 22, 23 y 27 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, así como por haber incurrido en claros actos de abuso de autoridad y uso desproporcionado de la fuerza.
A la Fiscalía General, el inicio de las Carpetas de Investigación correspondientes por las denuncias públicas sobre abusos de autoridad, violencia sexual e incluso por tortura sexual, pues a partir de la noticia criminal que se ha conocido en redes sociales y en medios de comunicación, pueden iniciar dichas indagatorias.
Asegurar en la integración de las Carpetas de Investigación la participación de las víctimas, de sus asesores jurídicos, así como de instancias de protección de los derechos humanos para asegurar el debido proceso y la incorporación de la perspectiva de género.
Igualmente, a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y a la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes les solicita respetuosamente dar seguimiento a estos procesos legales, así como acompañar a las víctimas en sus procesos de denuncias, para evitar cualquier acto de re victimización, de estigmatización o de criminalización por parte de las propias autoridades denunciadas.
En el estado Guanajuato, donde la violencia está desbordada por la falta de actuación efectiva de las autoridades estatales y municipales, no podemos tolerar ni aceptar que la fuerza del estado se utilice para detener, atacar y agredir sexualmente a las jóvenes y las mujeres que se manifiestan pacíficamente exigiendo respeto a sus derechos. Nunca más otra “Evelyn”, Nunca más otro 22 de agosto autoritario en México.
