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20.09.2024. Irán- Dos años después del levantamiento “Mujeres, Vida, Libertad” la población de Irán sigue sufriendo las devastadoras consecuencias de la brutal represión ejercida por las autoridades iraníes, en un contexto de absoluta impunidad y de deterioro progresivo y alarmante de la situación de los derechos humanos.
Desde la muerte, el pasado 16 de septiembre de 2022, de la joven iraní de 22 años de origen kurdo Mahsa Amini, detenida en Teherán por la “policía de la moral” por no cumplir con las leyes abusivas, degradantes y discriminatorias sobre el uso obligatorio del velo, los derechos de las mujeres y las niñas en Irán ha ido a peor. Según esta draconiana legislación, las mujeres y las niñas —incluidas las de tan sólo siete años—, están obligadas, contra su voluntad, a cubrirse el pelo con un velo, y las que no lo hacen, son consideradas delincuentes por el Estado.
Varias alumnas protestan pacíficamente, incluso quitándose el hiyab obligatorio, mientras llevan el uniforme escolar. © Private
Durante estos dos años, las fuerzas de seguridad e inteligencia de Irán no han dejado de someter de forma generalizada a las personas detenidas a tortura y otros malos tratos, incluida la violación, la violación en grupo, y otras formas de violencia sexual por parte de las autoridades iraníes, para aplastar las protestas y aterrorizar y castigar a quienes se manifestaban, como se pone de manifiesto en el informe “They violently raped me”: Sexual violence weaponized to crush Iran’s “Woman Life Freedom” uprising publicado el pasado día 6 de diciembre por Amnistía Internacional, en el que se documenta de forma pormenorizada la atroz experiencia de 45 sobrevivientes (26 hombres, 12 mujeres y 7 menores) que sufrieron violación, violación en grupo y otras formas de violencia sexual a manos de agentes de inteligencia y de seguridad iraníes, tras su arresto arbitrario por oponerse a décadas de opresión y arraigada discriminación de género.
Como parte de esta estrategia de terror, que se ha convertido en una “guerra contra las mujeres y las niñas”, las autoridades iraníes han intensificado la vigilancia de la “moralidad” y la aplicación violenta del uso del velo obligatorio, adoptando una batería de medidas que vulneran los derechos de las mujeres y las niñas que desafían la obligación del velo, entre ellas, la confiscación de automóviles y la negación del acceso al empleo, la educación, la atención a la salud, los servicios bancarios y el transporte público. Desde abril de 2024, fecha del lanzamiento de una campaña a nivel nacional llamada “Plan Noor” (Plan Luz), se ha observado un evidente aumento de las patrullas de seguridad a pie, en motocicleta, en automóvil y en furgones policiales en los espacios públicos para hacer cumplir la obligatoriedad del uso de velo, mediante la vigilancia del cabello, el cuerpo y el atuendo de las mujeres.
La represión también ha incluido peligrosas persecuciones de automóviles para detener a conductoras, confiscación masiva de sus vehículos, encarcelamiento, flagelación y otras penas que equivalen a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Desde abril de 2023, la Policía de Seguridad Moral de Irán ha ordenado la confiscación arbitraria de cientos de miles de vehículos conducidos por mujeres o con pasajeras femeninas, incluso de nueve años, que no llevaban el hiyab o lo llevaban de forma “inapropiada”. Según los testimonios, tales órdenes se basan en fotografías tomadas por cámaras de vigilancia o en informes de agentes de civil que patrullan las calles y utilizan la aplicación policial Nazer para informar de matrículas de vehículos con infractoras a bordo.
Aficionados iraníes sostienen carteles «Woman Life Freedom» durante el partido del Grupo B de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 entre Inglaterra e Irán, 21 de noviembre de 2022 en Doha, Qatar. © Juan Luis Díaz/Quality Sport Images/Getty Images
Aumento de la aplicación de la pena de muerte y crisis de impunidad
Desde el levantamiento “Mujeres, Vida, Libertad”, las autoridades iraníes han duplicado la aplicación de la pena de muerte, siendo 2023 el año en que se registró el mayor número de ejecuciones de los últimos ocho años. Las autoridades recurrieron a esta pena como herramienta de opresión para aterrorizar a la población, incluida las minorías étnicas del país, que son objeto de persecución y se ha visto afectada de manera desproporcionada por las ejecuciones. Durante el 2023 se tuvo constancia de al menos 853 ejecuciones, y durante el año 2024, según el Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán, hasta el 30 de junio de 2024 se habían llevado a cabo al menos 274 ejecuciones.
Las autoridades han ejecutado arbitrariamente a 10 hombres desde diciembre de 2022 en relación con las protestas de septiembre a diciembre de ese año; el último de ellos, el joven kurdo Reza Rasaei perteneciente a la minoría religiosa yaresaní, que fue ejecutado en la madrugada del 6 de agosto de 2024, sin avisar a sus familiares, a quienes obligaron unas horas después de la ejecución a enterrar su cuerpo en una zona remota, lejos de su lugar de residencia y en presencia de las fuerzas de seguridad. Y más de 12 hombres siguen corriendo el riesgo de ser ejecutados, entre ellos (Mojahed (Abbas) Kourkouri, Manouchehr Mehman Navaz, Mehran Bahramian, Fazel Bahramian y Mamousta Khazrnejad), tras juicios manifiestamente injustos plagados de irregularidades, incluido el uso de “confesiones” obtenidas bajo torturas, y sin acceso a sus propios abogados ni a la presencia de sus familiares.
Esta escalada de pena de muerte por cargos de motivación política incluye también a dos mujeres, la defensora de los derechos humanos Sharifeh Mohammadi y la activista de la sociedad civil kurda Pakhshan Azizi, que fueron declaradas culpables recientemente de “rebelión armada contra el Estado” (baghi) y condenadas a muerte por Tribunales Revolucionarios en causas separadas, únicamente por su activismo pacífico; también se conocen informes alarmantes de que fueron sometidas a tortura y otros malos tratos bajo custodia. Y al menos otras dos mujeres, Wrisha Moradi y Nasim Gholami Simiyari, han sido juzgadas también por “rebelión armada contra el Estado” (baghi) en causas separadas.
La defensora de los derechos humanos Sharifeh Mohammadi corre peligro de ejecución después de que un Tribunal Revolucionario de Rasht, provincia de Gilan, la condenara a muerte en junio de 2024 únicamente por sus actividades pacíficas en favor de los derechos humanos. © Private
No obstante estas alarmantes cifras, los funcionarios iraníes sospechosos de responsabilidad penal por crímenes de derecho internacional y otras violaciones de derechos humanos siguen eludiendo la justicia. Las autoridades iraníes se han negado a llevar a cabo investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante el levantamiento “Mujeres, Vida, Libertad” y el periodo posterior, y no han tomado ninguna medida para hacer rendir cuentas a los presuntos responsables penales.
Por el contrario, en marzo de 2023 las autoridades del país hicieron público un informe del “Comité Especial para Examinar los Disturbios de 2022”, comité no judicial y sesgado establecido por el presidente difunto del país para facilitar la campaña oficial de negación, distorsión y encubrimiento, en el que el Comité concluía que las fuerzas de seguridad habían “actuado de manera responsable” –cuando se calcula que más de 500 personas han muerto y que más de 20.000 han sido detenidas-. También se han desestimado denuncias de víctimas o de sus familias, a quienes se ha amenazado con la muerte u otros daños si seguían adelante con sus denuncias.
En un informe publicado el pasado 21 de agosto, Amnistía Internacional documentó cómo se está sometiendo a los familiares de las víctimas a detención arbitraria y reclusión, imponiendo duras restricciones a las reuniones pacíficas en los emplazamientos de las tumbas, destruyendo las lápidas de las víctimas, o incluso prohibiendo que planten flores en las tumbas de sus seres queridos.
El papel de la comunidad internacional
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU amplió el mandato de la misión de investigación de la ONU sobre Irán en abril de 2024, pero las autoridades iraníes persisten en negarse a cooperar con el organismo independiente y en negar a sus miembros el acceso al país. Por ello, Amnistía Internacional se hace eco de las recomendaciones de la misión a todos los Estados para que, en virtud del principio de jurisdicción universal, inicien investigaciones penales sobre funcionarios iraníes con sospechas razonables de haber cometido crímenes de derecho internacional, independientemente de que el acusado se encuentre o no en su territorio, y para que inicien investigaciones estructurales sobre la situación general vinculada a las protestas de 2022; estas investigaciones deberán incluir a los mandos y otros superiores, y deberán incluir órdenes de detención internacionales cuando haya suficientes pruebas admisibles.
