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14.10.2026., Irán.-Las autoridades iraníes ejecutaron a Ali-Sina Mostafavi, un alpinista de 38 años oriundo de Kerman, según informa hoy Mizan News, el medio oficial del poder judicial.
La organización de derechos humanos Dadban había advertido un día antes que la ejecución de Mostafavi podría ser inminente, tras su traslado a régimen de aislamiento.
Dadban señaló que las autoridades penitenciarias habían llamado a su familia para una última visita. Asimismo, la organización Human Rights for Sports lo incluyó en una lista de atletas en riesgo de ejecución.
Las acusaciones del régimen
El reporte de Mizan indica que Mostafavi está acusado de perpetrar ataques armados en Kerman, entre los que se incluyen tiroteos que, según el medio, causaron heridas a civiles.
Se lo acusa de llevar a cabo dichos ataques en apoyo al activista político iraní y ex príncipe heredero Reza Pahlavi y a Israel.
Las autoridades también sostienen que Ali-Sina Mostafavi filmó lugares afectados durante la guerra. El medio oficial Mizan no ofreció detalles sobre su juicio ni sobre las pruebas presentadas ante el tribunal.
Desde hace tiempo, las autoridades iraníes utilizan cargos de redacción ambigua, tales como espionaje, atentado contra la seguridad nacional, rebelión armada, enemistad contra Dios y corrupción en la tierra. De ese modo, intentan sofocar la disidencia y eliminar a opositores políticos.
Sin precisión en los cargos, sin abogado defensor
Las organizaciones de derechos humanos sostienen que estas etiquetas se aplican habitualmente a manifestantes, disidentes y presos políticos para presentarlos como amenazas a la seguridad y proporcionar un pretexto legal para su ejecución.
Amnistía Internacional, Human Rights Watch y expertos de la ONU documentaron numerosos casos en los que los tribunales de la República Islámica dictaron condenas tras procesos manifiestamente injustos o extremadamente sumarios. En esos juicios se niega a los acusados un verdadero acceso efectivo a asistencia y defensa de un abogado. Además, los veredictos se basan en confesiones forzadas obtenidas mediante tortura.
Por ello, las organizaciones de derechos humanos califican de arbitrarias y motivadas políticamente muchas de las ejecuciones llevadas a cabo bajo estos cargos. Al mismo tiempo advierten que las acusaciones de las autoridades no deben considerarse hechos probados de forma independiente.
Fuente: @EnlaceJudio