*Retrovisor.
/Ivonne Melgar/
La presidenta Claudia Sheinbaum envió este jueves a la Cámara de Diputados dos iniciativas que estarían otorgándole al secretario Omar García Harfuch un nuevo marco institucional para enfrentar al crimen organizado. Son dos ordenamientos secundarios a la reforma al artículo 21 de la Constitución que el Congreso avaló por unanimidad en 2024 y que muestran que hay voluntad de la mandataria para diseñar su propia estrategia.
Uno es el proyecto de decreto para expedir la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública: “El eje central de este modelo policial es el producto de la inteligencia, debido a que el objetivo último es minar la capacidad de delinquir de los criminales, dejarlos sin posibilidades ni recursos para perpetuar las conductas delictivas”, se lee en la iniciativa.
“El Sistema será empleado para realizar reportes sobre antecedentes, modos de operación, planes, operaciones, comerciales y financieras, estrategias, alianzas, y delitos, en particular, los de alto impacto, cometidos por personas, grupos y organizaciones”, se indica.
El sistema se conformará con la interconexión de los sistemas de investigación y de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, Defensa Nacional, Marina, FGR, Centro Nacional de Inteligencia, centros penitenciarios e instituciones homólogas a nivel estatal y municipal, así como con los de Segob, Hacienda, SAT, UIF, SRE, CNBV y catastros Es una ley que daría facultades a García Harfuch para suscribir acuerdos y convenios de cooperación en materia de inteligencia trasnacional con gobiernos, instituciones y organismos regionales y de otros países; un marco para la colaboración que EU reclama.
En el segundo caso se trata del proyecto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: “Resulta necesaria una reingeniería institucional para mejorar y potenciar el servicio de las instituciones de seguridad pública, por lo que se propone la profesionalización de las personas integrantes de las instituciones, la estandarización y certificación institucional, así como el fortalecimiento de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública”, se explica.
Se prevé la operación de “un registro nacional de usuarios de telefonía móvil, cuyo diseño sea respetuoso de los derechos humanos y garantice el derecho a la privacidad”.
En la propuesta “se reconoce expresamente a la Guardia Nacional como integrante del sistema en concordancia con el artículo 21 constitucional y se establece su participación en la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública y de los Consejos Locales”.
Son dos propuestas que llegan al Congreso cuando México está llamado a demostrar que el señalamiento de Trump de que el gobierno ha protegido a los narcos es “una calumnia”, como se quejó la Presidenta.
Y, a nivel nacional, son una oportunidad para que gobernadores y congresistas de todos los signos tomen en serio la pretensión presidencial de dar un giro significativo a la estrategia.
Vale retomar citas del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. Porque aun cuando fue un compendio de promesas, éstas dieron paso a las acusaciones de que en ese lapso se solapó a los cárteles. “Ante la imposibilidad de derrotar las diversas expresiones delictivas por medios exclusiva o preponderantemente policiales y militares, frente al absurdo de querer pacificar con métodos violentos y habida cuenta de lo contraproducente y trágico de tales políticas, resulta imperativo hacer un alto para considerar y debatir la necesidad de emprender un proceso de pacificación con las organizaciones delictivas y de adoptar modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas, esto es, de leyes especiales para poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme y la entrega de los infractores, garantizando sus derechos y ofreciéndoles reducciones de penas e incluso amnistías condicionadas al perdón de personas y colectividades que hayan sido afectadas, y proponiéndoles un cambio de vida”, se ofreció hace seis años.
¿Eso sucedió por la vía de los hechos? La duda existe y punza.
García Harfuch dijo hace dos semanas a los diputados de Morena que hacer acuerdos con el crimen organizado “siempre, siempre, siempre sale mal”.
En 2019, el entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, expuso en ese Plan Nacional una premisa que cobra vigencia: “El narcotráfico a gran escala, la fuga de capos de los penales, el robo de gasolinas, el lavado de dinero, el tráfico de armas y varios otros ilícitos no se podrían perpetrar sin el contubernio estructurado de funcionarios públicos. Si se pretende resolver exitosamente los fenómenos de delincuencia —la delincuencia común y la organizada— es indispensable erradicar la corrupción de la administración pública en todos sus ámbitos”.
Ahora, la intención de la presidenta Sheinbaum y de García Harfuch es reconstruir un andamiaje de la seguridad pública con corporaciones certificadas, si bien se nota la cautela con la que evitan usar mucho el término policías. Es comprensible que la nueva administración no quiera herir susceptibilidades morenistas después de un sexenio en que se acusó a la Policía Federal de lo peor. Vale recordar que el actual secretario, autor intelectual de estas dos propuestas, se formó en esa institución y es considerado como un policía de altos vuelos. Será relevante que la oposición cierre filas con este proyecto que nada tiene que ver con el del sexenio anterior, porque la resistencia provendrá de aquellos que respaldaron los abrazos y que quieren seguirlos dando.
