*Contradicen versión del Gobernador Pablo Lemus.
13.02.2026 Jalisco.- La Vicefiscalía en Investigación Regional de Jalisco confirmó que la muerte de la regidora de La Manzanilla de la Paz, Blanca Estela Alvarez, se indaga bajo protocolos de feminicidio, después de que peritos forenses establecieron el estrangulamiento como causa del deceso.
El hallazgo contradice la declaración inicial del gobernador Pablo Lemus, quien había sugerido públicamente que su muerte se trataba de una posible causa natural, lo que rectificó más ad elante y expresó sus condolencias a la familia.
La autoridad ministerial informó que se aplican los lineamientos nacionales para la investigación de feminicidios, lo que implica un abordaje especializado en la recolección de pruebas, entrevistas y análisis de contexto.
La regidora fue encontrada sin vida en circunstancias que generaron confusión y versiones encontradas, pero los dictámenes técnicos cerraron la posibilidad de una muerte natural y abrieron la ruta judicial hacia un caso de violencia de género.
El contraste entre las declaraciones políticas y los resultados periciales ha generado críticas sobre la responsabilidad institucional y la necesidad de garantizar investigaciones imparciales, con perspectiva de género y apego a la evidencia científica.
La Manzanilla de la Paz es un municipio de la región sur de Jalisco, con una población reducida y dinámicas políticas locales que suelen pasar inadvertidas en el escenario estatal.
La regidora fallecida formaba parte del cabildo y su muerte se suma a un contexto de creciente violencia contra mujeres en la entidad. En los últimos años, Jalisco ha registrado un aumento en las investigaciones por feminicidio, lo que ha llevado a la Fiscalía estatal a reforzar protocolos y crear unidades especializadas.
La controversia por las declaraciones del gobernador refleja la tensión entre discursos políticos y hallazgos técnicos, y pone de relieve la importancia de los dictámenes forenses como base para la conducción de procesos judiciales.
A nivel nacional, organizaciones civiles y familiares de víctimas han insistido en que ninguna muerte violenta de mujer sea minimizada o atribuida sin sustento a causas naturales, lo que convierte este caso en un ejemplo de la necesidad de rigor y transparencia en la comunicación oficial y en la investigación ministerial.
En Jalisco, los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportaron 26 feminicidios de enero a septiembre de 2025. Para octubre de ese mismo año, la cifra ascendió a 32 casos tipificados como feminicidio.
Organizaciones civiles y colectivos feministas han documentado más de 60 asesinatos de mujeres en el estado durante 2025, señalando que solo una fracción fue reconocida oficialmente bajo esa categoría.
Colectivos como CLADEM han advertido que la violencia feminicida en Jalisco se encuentra en un punto crítico y que la impunidad es un factor que agrava la crisis.
Voceras como Guadalupe Ramos han subrayado que los asesinatos de mujeres se han vuelto cada vez más brutales y normalizados en esta entidad, incluso difundidos en redes sociales, lo que refleja la urgencia de respuestas estatales más contundentes
