*Fue agredido por la policía cuando solo pasaba cerca de la protesta por el agua en Jalisco.
14.10.2026.- Samuel N, el repartidor de 24 años, quien trabaja para ayudar a su madre diagnosticada con cáncer, asegura que no participaba en la manifestación del 11 de octubre en Guadalajara; videos difundidos públicamente muestran a varios policías derribandolo de su motocicleta y llevándolo por la fuerza bruta y artera de un grupo de montoneros con placa. Frente a todos le robaron la motocicleta, su teléfono , entre otras pertenencias.
Denuncia que perdió sus herramientas de trabajo durante la detención y que sufrió agresiones físicas y amenazas. Pese a los cuestionamientos sobre el operativo, un sujeto que se dice juez lo vinculó a proceso por lesiones calificadas.
La actuación de la Policía Estatal de Jalisco durante la protesta contra el agua contaminada dejó de ser únicamente una controversia por el uso excesivo de la fuerza. Los testimonios de personas detenidas, las grabaciones de los operativos y las denuncias de familiares han colocado bajo escrutinio la legalidad de las detenciones y el trato que recibieron civiles que salieron a exigir un servicio público seguro.
Entre los casos que han generado mayor indignación se encuentra el de Samuel Morales Navarro, un joven de 24 años que trabaja como repartidor de Rappi y tiene en su motocicleta su principal herramienta para ganarse la vida. Su madre, Claudia Morales, sostiene que su hijo no participaba en la movilización del domingo 11 de octubre y que únicamente transitaba por las inmediaciones de la protesta cuando fue interceptado por un grupo de policías.
Las imágenes difundidas por distintos medios muestran a varios agentes que se aproximan al joven, lo derriban junto con su motocicleta y lo someten en el suelo antes de secuestrarlo para retirarlo del lugar. En lad secuencias videos publicadas por no se observa que Samuel golpee a los uniformados o les arroje objetos, solo Pasaba por ahi.
La diferencia entre lo que muestran las imágenes disponibles y la acusación penal contra el repartidor es uno de los puntos que deberán examinar las autoridades judiciales. La existencia de un video no determina por sí sola toda la secuencia de los hechos, pero sí constituye un elemento que debe ser analizado junto con los testimonios, los informes policiales y las demás pruebas de la investigación.
Lo que está en juego no es solamente la situación jurídica de un joven. También está el derecho de cualquier persona a transitar por la vía pública sin ser agredida arbitrariamente, a recibir un trato digno durante una detención y a contar con una defensa efectiva cuando enfrenta una acusación penal con imputaciones falsas.
La gravedad del caso aumenta por las denuncias de que Samuel perdió su motocicleta, casco, teléfono celular y otros objetos indispensables para trabajar. Su familia reclama que se esclarezca qué ocurrió con esas pertenencias y quién debe responder por su desaparición.
La madre del joven relató que existen varias grabaciones tomadas desde distintos ángulos y pidió que se revisen para esclarecer lo sucedido. En declaraciones sostuvo que su hijo no portaba armas ni participaba en los actos de protesta y describió las condiciones en que lo encontró después de la detención.
“Mi hijo no estaba en la marcha, mi hijo no trae un martillo, no estaba haciendo una pinta, o sea mi hijo no estaba en la marcha y lo detuvieron”, reclamó Claudia Morales.
La preocupación de la familia no se limita a las lesiones y al procedimiento penal. La motocicleta, el casco, el teléfono y la mochila son herramientas necesarias para que Samuel pueda continuar trabajando y contribuir a los gastos de su hogar. Su madre enfrenta un tratamiento oncológico y, según los testimonios publicados, el joven trabaja para apoyarla económicamente.
El caso expone una consecuencia que suele quedar fuera de las cifras oficiales sobre personas detenidas: cuando un trabajador pierde su libertad, resulta lesionado o se queda sin sus herramientas de trabajo, también se afecta la economía de su familia. En este caso, la denuncia de Claudia es que, además de enfrentar una acusación, su hijo debe reclamar la devolución de bienes cuyo paradero no ha quedado esclarecido públicamente.
La denuncia de Samuel: golpes, insultos y amenazas
Después de recuperar su libertad, Samuel narró que las agresiones no terminaron cuando los policías lo sometieron en la calle. De acuerdo con su testimonio, él y otros detenidos fueron llevados a un espacio dentro de Casa Jalisco, donde, afirmó, continuaron los golpes y las amenazas, es decir estos servidores publicos los torturaron.
“El domingo los policías empezaron a agarrar gente como pudieron, de forma indiscriminada, a todos los metieron al mismo cuarto y mientras nos tenían sometidos, seguían los golpes, los insultos y las amenazas”, relató.
El joven también denunció que los uniformados se burlaban de quienes sangraban, les tomaban fotografías y les exigían sus datos personales. Según su versión, las amenazas buscaban intimidarlos para que no presentaran denuncias por las agresiones sufridas.
Samuel aseguró que los malos tratos continuaron durante el traslado a la Fiscalía estatal. Las acusaciones son graves y requieren una investigación que permita identificar a los agentes involucrados, reconstruir los traslados y determinar si hubo omisiones de las autoridades encargadas de garantizar la integridad de las personas bajo custodia.
Las denuncias no se limitan al repartidor. Otras personas detenidas durante la protesta describieron lesiones, amenazas y presiones que, según sus testimonios, recibieron mientras permanecían bajo custodia.
Algunas salieron con heridas visibles; una joven necesitó una silla de ruedas y otra persona presentó lesiones que requirieron atención médica, de acuerdo con los reportes periodísticos sobre las liberaciones.
Quedó en libertad, pero la acusación penal continúa
La situación jurídica de Samuel requiere una precisión importante: recuperar la libertad no significa que la acusación haya sido retirada ni que el procedimiento haya concluido.
Un supuesto juez vinculó a proceso a Samuel y a otros tres hombres por presuntas lesiones calificadas. Sin embargo Samuel, Alexis Daniel Guzmán Ríos, Teodoro Jesús Torres Valdez y Juan Darío Muñoz Nava recuperaron la libertad y deberán continuar su audiencia el viernes 16 de octubre, a las 10:00 horas, en Puente Grande, para que se determine su situación procesal.
A los cuatro jóvenes se les formuló imputación por lesiones y delitos contra la autoridad, mientras que en el caso de David Isaac Álvarez Hernández se declaró ilegal la detención y se ordenó su liberación inmediata. Las resoluciones y los cargos específicos deben distinguirse entre cada persona, pues no todos enfrentan la misma situación jurídica.
La defensa de los detenidos cuestiona que se les atribuyan agresiones contra policías mientras existen grabaciones y testimonios que, a su juicio, permiten poner en duda la forma en que fueron capturados. La abogada y activista Alejandra Cartagena ha señalado irregularidades en las imputaciones y advertido sobre el riesgo de criminalizar a quienes ejercen el derecho a manifestarse.
La presunción de inocencia obliga a que las acusaciones sean probadas y examinadas con garantías procesales. De la misma manera, las denuncias de agresiones policiales deben investigarse sin que la condición de imputado de una persona sirva para justificar malos tratos ni para restar importancia a sus derechos.
Lemus reconoce excesos policiales; Sheinbaum exige investigar la tortura
Ante las críticas y las evidencias difundidas, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reconoció el 13 de octubre que el operativo frente a Casa Jalisco tuvo deficiencias graves, que hubo uso excesivo de la fuerza y que se produjeron detenciones injustas.
“Antes que gobernador soy persona, en la vida se debe saber reconocer y corregir”, expresó en un mensaje público, en el que también anunció investigaciones internas y pidió que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco acompañara las indagatorias para establecer responsabilidades y garantizar la reparación del daño.
El reconocimiento resulta relevante porque la responsabilidad de las autoridades no termina con la liberación de las personas detenidas. También comprende esclarecer por qué se utilizó la fuerza, quién ordenó las acciones, qué agentes participaron en las agresiones denunciadas y cuáles serán las consecuencias para quienes hayan cometido abusos.
Lemus afirmó que algunos policías ya habían sido identificados por posibles excesos. No obstante, el anuncio de investigaciones no equivale a una sanción ni garantiza por sí mismo que las víctimas obtengan reparación. Será necesario conocer los avances, las conclusiones y las medidas que efectivamente se adopten.
La presidenta Claudia Sheinbaum también intervino en el caso. Este miércoles 14 de octubre pidió una investigación profunda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y planteó la posibilidad de que la Fiscalía General de la República intervenga si resulta necesario.
“No puede permitirse lo que ocurrió en Jalisco. Además del uso de chorros de agua o de gases lacrimógenos, el tema de la tortura a los jóvenes es algo que tiene que desaparecer en nuestro país”, declaró durante su conferencia matutina.
La mandataria insistió en la necesidad de establecer quién dio las órdenes y de entrevistar a las víctimas para determinar responsabilidades. La relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, también pidió una investigación rápida e independiente sobre las denuncias de uso excesivo de la fuerza y posibles violaciones de derechos humanos.
La protesta nació por el derecho al agua limpia
La movilización del 11 de octubre reunió a habitantes de Guadalajara y municipios metropolitanos que exigían una solución a los problemas de calidad y suministro del agua potable. La protesta comenzó en la glorieta de La Minerva y avanzó hacia Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador.
De acuerdo con reportes periodísticos, la movilización reunió a miles de personas y terminó con enfrentamientos entre manifestantes y policías. Se registraron 39 detenciones y decenas de personas lesionadas, entre civiles y agentes.
Las familias reclamaban agua apta para el consumo después de meses de problemas en el suministro, malos olores y cambios de coloración. La exigencia de un servicio básico derivó en un operativo que ahora es cuestionado por la fuerza utilizada y por la forma en que se detuvo a quienes se encontraban en las inmediaciones.
El Gobierno estatal atribuyó los disturbios a la intervención de un supuesto grupo de choque. Sin embargo, familiares, defensores y testigos han cuestionado que esa explicación justifique detenciones indiscriminadas o permita atribuir delitos sin pruebas individualizadas.
En el caso de Samuel, la pregunta central es concreta: qué elementos sustentan los cargos que enfrenta, cómo se relacionan con lo que muestran los videos y por qué un trabajador que, según su familia y testigos, no participaba en la protesta terminó sometido por varios policías y perdió el acceso a sus herramientas de trabajo.
La investigación tendrá que responder también qué ocurrió con la motocicleta y los demás objetos que llevaba consigo, si quedaron bajo resguardo oficial y por qué la familia ha denunciado dificultades para recuperarlos.