* La Fiscalía General de la República tendrá seis meses para concluir la investigación complementaria.
18.02.2025. Veracruz.- En el Reclusorio Norte se resolvió que Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, continúe bajo prisión preventiva justificada tras ser vinculado a proceso por peculado, acusado de desviar cinco millones de pesos de recursos federales.
La audiencia, que se prolongó durante varias horas, derivó en una nueva vinculación a proceso que frena cualquier intento de salida anticipada.
El juez federal Gustavo Aquiles Villaseñor determinó que existen elementos para procesarlo por peculado, al señalarse un presunto desvío de cinco millones de pesos provenientes de recursos federales.
Las indagatorias apuntan a que Duarte instruyó a colaboradores, entre ellos su extesorero Antonio Tarek Abdalá, a mezclar fondos estatales y federales con el fin de desviarlos. Tras la resolución, el exmandatario declaró que la política volvió a imponerse sobre la justicia, mientras su defensa cuestionó la decisión por inconsistencias.
Duarte acumula antecedentes judiciales
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, enfrenta un nuevo proceso por peculado, pero su historial judicial se remonta a varios años atrás. Fue detenido en 2017 en Guatemala y extraditado a México, donde se le acusó de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En 2018 aceptó un procedimiento abreviado y recibió una condena de nueve años de prisión, aunque con beneficios que le permitían buscar su libertad anticipada.
A lo largo de su reclusión, la Fiscalía General de la República ha promovido distintos procesos en su contra, principalmente relacionados con el presunto desvío de recursos públicos durante su administración en Veracruz. Las investigaciones han señalado esquemas de triangulación de fondos federales y estatales, así como el uso de empresas fantasma para ocultar el destino del dinero.
El caso más reciente se centra en el presunto desvío de cinco millones de pesos en 2012, recursos que estaban destinados a programas de salud y apoyo a grupos vulnerables.
La nueva vinculación a proceso y la ratificación de la prisión preventiva complican cualquier intento de salida anticipada del exmandatario, quien ya suma casi una década en prisión .
