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Ciudad de México. 20 marzo 2025.- La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, encabezada por el diputado Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM), se reunió con los auditores especiales de Gasto Federalizado y de Cumplimiento Financiero, así como con el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con motivo del informe de resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2023.
En esta reunión se abordó el tema de los estados donde el gobierno del exmandatario Cuitláhuac García enfrenta señalamientos graves por el presunto desfalco de mil 195.7 millones de pesos, resultado de 11 contratos irregulares financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
Entre las anomalías detectadas se encuentra la adjudicación directa de dos contratos por 481.2 millones de pesos para el suministro de pruebas de laboratorio clínico, de las cuales no hay evidencia de entrega.
Además, la ASF encontró que se pagaron 303.6 millones de pesos a una empresa de limpieza sin historial comprobable ni documentación que respaldara los trabajos realizados, lo que apunta a una posible empresa fantasma.
Otras irregularidades incluyen inconsistencias por 172.2 millones en la adquisición de equipo médico para bancos de sangre y centros de transfusión, donde no se acreditó la entrega de los insumos.
Al respecto, el presidente de la Comisión precisó que en el ejercicio 2023 la ASF reportó cerca de dos mil 246 auditorías, de las cuales mil 959 corresponden a la fiscalización del gasto federalizado; es decir, la mayor parte de las auditorías individuales las hace Gasto Federalizado, toda vez que ahí llegan muchos de los recursos, por lo que en esta mesa de trabajo se va a tener el cúmulo en cuanto a monto y número de auditorías más importante que lleva a cabo la Auditoría.
También, dijo, se identificaron más de 40 mil 800 millones de pesos observados, donde el Estado de Veracruz tiene el monto más alto con más de 3 mil millones de pesos, y como resultado de ello la ASF promovió dos mil 500 acciones de responsabilidad administrativa sancionatoria y generó dos mil 298 pliegos de observaciones y mil 385 recomendaciones a nivel país.
Por ello, indicó, se requiere que en esta mesa de trabajo los funcionarios aclaren cómo se han comportado y el porqué de los montos observados, y pues deberán solventarlos para evitar sanciones legales y hasta penales.
Respecto a la auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, indicó que, aunque son menos auditorías, 288 auditorías para el ejercicio 2023, sí hubo un incremento de 279 que se tuvieron en el ejercicio 2022, toda vez que ella vigila el gasto que hacen las secretarías de Estado.
