*EL TINTERO DE LAS MUSAS.
/POR GILDA MONTAÑO/
En política, las coincidencias suelen convertirse en sospechas y las sospechas, cuando se colocan en el escaparate público, pueden terminar funcionando como condenas anticipadas. El problema comienza cuando se pretende responsabilizar a una persona por los actos que presuntamente cometieron otras, simplemente porque en algún momento compartieron una relación profesional.
El nombre de Juan Carlos Padilla Aguilar apareció recientemente en la discusión pública sobre las presuntas irregularidades en contrataciones vinculadas con empresas de los hermanos Hernández Casillas y organismos electorales. Durante la conferencia presidencial del 5 de noviembre, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, expuso antecedentes laborales de los hermanos y mencionó a Padilla como parte de esa historia. La exposición oficial plantea preguntas que deben investigarse, pero también exige distinguir entre los hechos y las conclusiones que todavía no se han demostrado.
Padilla Aguilar ha explicado públicamente que conoció a José Alfredo Hernández Casillas cuando integró su equipo en el Registro Nacional de Población, durante la década de los ochenta. Según su versión, mantuvieron una relación estrictamente laboral durante poco más de diez años, que concluyó en 1993. También sostuvo que el último contacto ocurrió en 1994 y que desde entonces desconoce las actividades empresariales posteriores de quien fuera su colaborador. Así lo declaró en entrevista con Pascal Beltrán del Río y lo reiteró ante los medios de comunicación.
Aquí está el punto que no debe perderse de vista: haber trabajado con alguien no convierte automáticamente a una persona en responsable de todo lo que ese alguien haga después.
Si las empresas de los hermanos Hernández Casillas obtuvieron contratos mediante procedimientos irregulares, si hubo simulación de competencia o si existieron funcionarios que facilitaron operaciones indebidas, las autoridades tienen la obligación de investigar, documentar y, en su caso, sancionar. Pero esa investigación debe alcanzar a quienes hayan participado en los hechos, no a quienes simplemente aparecen en una antigua relación de trabajo.
La responsabilidad pública no se hereda, no se contagia y tampoco se demuestra mediante una fotografía, una lista de nombres o un organigrama de hace varias décadas. Se acredita con documentos, decisiones, actos concretos, participación y pruebas.
No se trata de pedir excepciones para Juan Carlos Padilla Aguilar. Se trata de exigir el mismo rigor que debería aplicarse a cualquier ciudadano. Si existe evidencia de que intervino en alguna operación irregular, que se presente y se investigue. Si no existe, no es válido convertir una relación profesional del pasado en una imputación del presente.
También conviene recordar que la trayectoria de una persona no puede reducirse a una sola mención dentro de una conferencia de prensa. Padilla ha tenido responsabilidades en la administración pública y una vida profesional que merece ser examinada con información completa, no a partir de asociaciones que pueden resultar engañosas.
En una democracia, las autoridades tienen derecho —y obligación— de investigar el uso de los recursos públicos. La ciudadanía tiene derecho a conocer los resultados. Y toda persona mencionada en una investigación tiene derecho a que su responsabilidad se determine con pruebas, no mediante insinuaciones.
La transparencia no está peleada con la presunción de inocencia. Al contrario: ambas son indispensables para que la rendición de cuentas tenga credibilidad.
Hay una pregunta que vale la pena formular: ¿desde cuándo una relación laboral terminada hace más de treinta años basta para colocar a alguien bajo sospecha por actividades empresariales posteriores de un antiguo colaborador?
Investigar no es condenar. Señalar no es probar. Y mencionar un nombre no equivale a demostrar una responsabilidad.
Que se investigue todo lo que deba investigarse. Que se conozca quién contrató, quién autorizó, quién recibió beneficios y quién participó en las decisiones cuestionadas. Pero que no se confunda la exigencia de justicia con la facilidad de construir culpabilidades por asociación.
La justicia necesita pruebas; la política, cuando las sustituye por insinuaciones, corre el riesgo de convertir la sospecha en instrumento de descalificación.
Y eso, en un país que reclama instituciones confiables, no debería ser aceptable para nadie.